VENEZUELA

SIP fustiga demanda a medios

‘Esta indemnización irrisoria busca el ahogo económico de los medios y de sus propietarios’, dijo Gustavo Mohme.

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Los directivos de los tres medios venezolanos demandados por Diosdado Cabello (Izq.) aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro (Der.) intenta ‘silenciarlos’. Los directivos de los tres medios venezolanos demandados por Diosdado Cabello (Izq.) aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro (Der.) intenta ‘silenciarlos’.
Los directivos de los tres medios venezolanos demandados por Diosdado Cabello (Izq.) aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro (Der.) intenta ‘silenciarlos’.

Ante la crítica situación que enfrentan los medios de comunicación y periodistas venezolanos adversos al gobierno de Nicolás Maduro, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció en contra de los atropellos contra la prensa en el país sudamericano.

El organismo condenó en un comunicado, una nueva demanda del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra tres medios a los que exige una indemnización millonaria, lo cual considera un “hostigamiento judicial y económico” que atenta contra principios elementales de libertad de prensa que deben regir en democracia.

La SIP hace referencia al anuncio que el pasado 12 de agosto hizo Cabello en su programa televisivo, en el que dijo que el tribunal admitió una demanda civil que presentó contra el diario El Nacional, el semanario Tal Cual, el portal digital La Patilla y sus propietarios.

La demanda, por “daños morales”, exige una indemnización de mil millones de bolívares (78 millones de dólares).

Esta nueva querella guarda relación con la reproducción el pasado enero, de una noticia difundida por el diario español ABC, sobre supuestos nexos del número dos del chavismo con el narcotráfico.

Cabello presentó una primera demanda penal contra 22 directivos y representantes de los tres medios por el delito de “difamación agravada continuada” por la reproducción de dicha publicación, tras la cual se les prohibió a los periodistas imputados salir del país y tener un régimen de visita ante los tribunales.

Gustavo Mohme, presidente de la SIP, expresó que “esta indemnización irrisoria busca el ahogo económico de los medios y de sus propietarios” así como “poner fin al periodismo independiente”.

Para Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización con sede en Miami, “este caso refleja la falta de independencia de los poderes y sobre cómo estos están orquestados para limitar la libertad de prensa”.

Los periodistas afectados coinciden en que la nueva demanda es “desproporcionada” y que lo que el Gobierno intenta es “acabar” con los medios de comunicación críticos de la gestión de Maduro.

El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo vía telefónica que “la demanda es lo más desproporcionado en la historia de la humanidad”.

El directivo del diario venezolano indicó que Cabello está demandando por “una información que apareció en 100 periódicos del mundo y que además nunca se le acusó de narcotráfico, simplemente dijo que él estaba siendo investigado por un fiscal federal del estado de Nueva York, por narcotráfico, porque su exseguridad [Leamsy Salazar] lo estaba denunciando como testigo protegido”.

Otero afirmó que en Venezuela “el sistema judicial está secuestrado por el Ejecutivo”, al tiempo que señaló que “es muy preocupante esta situación, porque según la ley venezolana para introducir una demanda civil hay que ganar una demanda penal y el juicio penal ni siquiera ha comenzado”.

Otero considera “una arbitrariedad total” la nueva demanda interpuesta por Cabello. “No hay respeto al estado de derecho. Bueno, en Venezuela la justicia es el reino de la arbitrariedad. Es una demanda confiscatoria, no hay manera de pagar esto, es una cuestión absolutamente desproporcionada”.

Por su parte, Xabier Coscojuela, jefe de redacción del semanario Tal Cual, indicó que “la demanda civil es una continuación de la primera demanda penal que introdujo Diosdado Cabello”.

Coscojuela reconoció que la demanda millonaria es impagable para el semanario.  

“El monto de lo demandado por supuesto que dejaría a Tal Cual acabado, es imposible que Tal Cual enfrente con sus haberes y con los ingresos que tiene una demanda de ese monto, y además creo que está hecho con esa intención realmente. Más que un resarcimiento moral, lo que quiere el capitán Cabello es acabar con algunos de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela y entre ellos estamos los tres que demandó”, subrayó el periodista.

“La defensa de nosotros se basa fundamentalmente en que es algo común en la prensa venezolana, supongo que lo es también en la prensa panameña, que uno puede reproducir información que aparezca en otros medios siempre que se cite al medio. Nosotros simplemente lo que hicimos en aquella oportunidad fue citar la declaración que publicó el ABC de España, atribuida a Leamsy Salazar, donde supuestamente había declarado en Estados Unidos que Diosdado Cabello tenía que ver con el narcotráfico”, destacó Coscojuela.

Agregó que “en Venezuela comenzaron las vacaciones judiciales, por tanto, el abogado de Tal Cual no ha podido obtener la copia de la demanda”.

Entre tanto, Alberto Federico Ravell, director de La Patilla, ha dejado en claro que se trata de “una situación personal, de venganza” de Cabello.

Ravell —a quien este diario intentó contactar— considera que las acciones del Gobierno venezolano tienen como telón de fondo las elecciones parlamentarias, según lo ha expresado en declaraciones que dio el pasado mayo a CNN y a NTN24.

“Se acerca un proceso electoral y el Gobierno no las lleva bien. Resulta imposible que en una elección limpia, en estas condiciones, con el dólar disparado, puedan de alguna manera ganar una elección”.  

“Están acomodando cuentas, organizándose, para ver cómo pueden salir mejorcito en un proceso electoral en que llevan todas las de perder”.

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