Amenazas a la libertad de prensa

SIP hace un llamado a Panamá

En su asamblea de medio año, la organización denunció la práctica discriminatoria de varios gobiernos en el manejo de la publicidad estatal.

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RESULTADOS. El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, presentó el informe de cierre de la asamblea en Puebla.EFE/Francisco Guasco RESULTADOS. El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, presentó el informe de cierre de la asamblea en Puebla.EFE/Francisco Guasco
RESULTADOS. El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, presentó el informe de cierre de la asamblea en Puebla.EFE/Francisco Guasco

“La libertad de prensa en las Américas sigue en jaque por gobiernos autoritarios que multiplican y reinventan su acoso al periodismo, así como por una violencia que no parece encontrar límites”, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al culminar su asamblea de medio año.

Los delegados de 21 países consideraron “imprescindible hacer un llamado a los gobiernos que no solo declaman, sino que practican las más elementales normas de una democracia republicana ­libertad de expresión, división de poderes, independencia de justicia, garantías individuales de los ciudadanos y alternancia de los partidos en el poder­ sobre los peligros que entraña un mismo modus operandi de prácticas antidemocráticas que no respeta fronteras ideológicas en el hemisferio occidental, pero que se desarrolla especialmente en Argentina, Ecuador Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá”.

En ese panorama, “los discursos oficiales se reproducen de forma idéntica: se acusa a los medios de prensa de desestabilizar y hacer oposición por el solo hecho de hacer su trabajo, que consiste en informar y opinar”.

Defensa de la CDIH

De igual modo, la asamblea manifestó “su más fuerte preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier intento de debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA que pueda producirse en la reunión de cancilleres que se realizará el próximo 22 de marzo en Washington”.

En su condena al incremento de la violencia contra el ejercicio del periodismo en la región, el organismo registró que en los últimos seis meses fueron asesinados cuatro comunicadores, dos en Brasil y dos en México; en este último se reportó la desaparición de una reportera.

Al concluir el encuentro, la SIP demandó de los gobiernos de dichos países, al igual que el de Honduras, asegurar que se identifique y se someta a la justicia a los responsables de crímenes contra quienes se desempeñan en el campo de la comunicación social.

Lucha contra la impunidad

El organismo solicitó a Brasil la “federalización de los delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de su profesión, con el fin de eliminar la impunidad; dar cumplimiento al acuerdo firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reiniciar la investigación del asesinato del periodista Manoel de Oliveira y adoptar medidas que permitan la captura de acusados de asesinatos de periodistas, prófugos en el interior del país y en Paraguay”.

Además de instar al presidente Porfirio Lobo a cumplir compromisos asumidos para combatir la impunidad en esta clase de delitos en Honduras, la SIP pidió de las autoridades mexicanas emitir la ley que reglamente la federalización de los crímenes contra periodistas, incluyendo en dicha normativa los estándares internacionales en la materia. En México hay 32 códigos penales invocados hasta ahora y sin efectividad por los estados de la unión, para judicializar los delitos contra profesionales del periodismo.

También solicitó a Perú investigar y esclarecer con celeridad los asesinatos de los periodistas Pedro Flores Silva y Pedro Yauyi.

Acceso a la información

La asamblea de la SIP llamó a Argentina, Bolivia, países del Caribe inglés y Paraguay, a adoptar leyes que garanticen el acceso a la información pública y exigió a los Estados que cuentan con normas en esa materia, cumplir con su reglamento y ejecutar campañas educativas para que los ciudadanos se informen y conozcan sus alcances y beneficios, al tiempo que instó a los gobiernos del hemisferio a respetar el derecho del público a la información, mediante la sanción y el cumplimiento de legislaciones sobre tal acceso.

En materia de publicidad estatal, la SIP censuró la práctica discriminatoria de los gobiernos de Argentina, Caribe inglés, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá en el otorgamiento de pautas “para castigar o premiar a los medios de comunicación y para influir en sus decisiones editoriales y políticas informativas”.

De igual modo exigió “a los gobiernos de todo el continente que erradiquen este tipo de prácticas ilegítimas, y que a su vez elaboren proyectos de ley para que la publicidad oficial sea entregada con plena transparencia y bajo criterios técnicos de equidad y manejo eficiente de los recursos públicos”.

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