SIP pide mayor protección a periodistas

La entidad reclama mayor transparencia al Gobierno de Guatemala, y la creación definitiva del Programa de Protección al Periodista.

El recrudecimiento de la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en Guatemala encendió la alarma en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y motivó que la entidad enviara una delegación a dicho país para indagar sobre casos que atentan contra la libertad de expresión.

Entre las conclusiones que surgen de una serie de entrevistas durante dos días con autoridades de Guatemala, representantes de los distintos poderes del Estado, de asociaciones civiles, de bien público y periodísticas, la delegación encabezada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, pidió a las autoridades la creación definitiva del Programa de Protección al Periodista.

La SIP entiende que en los 15 años que lleva enviando misiones a Guatemala la violencia a periodistas en el interior del país se ha agravado. En 2013, cuatro periodistas fueron asesinados. Sus casos aún no han sido resueltos. Sobre este punto, la entidad en sus conclusiones reclama mayores recursos y un papel más decisivo para la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, creada en 2001 por petición directa de la SIP.

Otro conflicto que atendió el colectivo es el que mantienen desde 2013 el binomio presidencial formado por el mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y el director del diario elPeriódico, José Rubén Zamora.

En noviembre de 2013, Pérez Molina y Baldetti presentaron una querella penal contra Zamora a raíz de publicaciones de elPeriódico, que denunciaban supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el Presidente y la vicepresidenta.

Pero en enero de este año, Pérez Molina y Baldetti desistieron de las denuncias que habían presentado, hecho que la SIP catalogó como “positivo”. Sin embargo, no respaldó la decisión de los mandatarios de que recurrirán a la vía que establece la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.

Así mismo, exhortó al Gobierno a profundizar mecanismos de transparencia y de acceso a la información pública, y a realizar campañas de educación para que los ciudadanos tengan derecho a exigir rendición de cuentas a los funcionarios.

También genera preocupación en la delegación que el poder Ejecutivo proceda a una auditoría tributaria contra elPeriódico en medio del conflicto. La SIP entiende que podría enmarcarse como una presión adicional para acallar una voz crítica.

El tercer punto que generó “especial preocupación” es el acaparamiento de la televisión abierta en manos de una sola empresa, y recordó que los Gobiernos “no pueden tener excusas en el manejo inapropiado de la distribución de licencias de operación de medios electrónicos”.

Recientemente, se aprobó en el país un régimen de prórroga de licencias por 25 años, lo que “sorprendió ingratamente” a la delegación.

En la conferencia de prensa al final de la indagatoria de dos días, Paolillo explicó que las conclusiones de la misión serán presentadas ante la próxima asamblea que la organización mantendrá en Barbados a principios de abril.

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