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SPIA critica consultoría del Miviot sobre humedal

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ordenó una consultoría que sugirió reducir los límites del humedal bahía de Panamá.

Para la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) es un “error” que el Gobierno ordene una auditoría para reducir un área natural de importancia internacional como es el sitio Ramsar bahía de Panamá.

El planteamiento de esta organización se da luego de que la semana pasada el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) presentara tanto a entidades como a diversas agrupaciones los adelantos de dicha consultoría. La principal razón de ese estudio era disminuir el humedal bahía de Panamá, sitio Ramsar desde 2003.

Gerónimo Espitía, coordinador de la comisión de urbanismo de la SPIA, estuvo en la presentación y cuenta que nunca antes había visto algo así. “El Gobierno comete un error, ya que con esto se está disparando a la pierna”, lamenta el experto en temas urbanísticos.

De acuerdo con Espitía, lo que se hizo fue contratar a una consultora para justificar los derechos que tienen los propietarios de proyectos y construcción dentro del humedal bahía de Panamá.

Este sitio perdió su categoría de área protegida el año pasado, cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le suspendió temporalmente ese privilegio y ahora solo cuenta con la protección de ser un sitio Ramsar.

No obstante, tanto para la SPIA como para los ambientalistas lo que se busca es disminuir o eliminar por completo esa protección. Ambas partes manejan estadísticas de que en el área cercana al humedal y dentro de él hay 19 proyectos, algunos en avanzado estado de construcción y otros en busca de permisos que proporcionan entidades como Miviot, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Municipio de Panamá.

Según el coordinador de la comisión de urbanismo de la SPIA, para esa consultoría solo se tomó en cuenta al sector público, cuando hay organizaciones ambientales y otros grupos de la sociedad que tienen importantes aportes que hacer.

“No hubo objetividad en lo que se presentó y está muy marginada la investigación”, indicó Espitía.

Contratación directa

La polémica consultoría que cuestionan tanto la SPIA como las organizaciones ambientales fue otorgada mediante un contrato directo a un costo de $15 mil.

Al respecto, el Miviot decidió contratar a la doctora en ciencias biológicas, Marilyn Diéguez, para que en seis semanas estuviera el documento listo. De acuerdo con el contrato, se optó por Diéguez porque contaba con los estudios y la experiencia que el caso ameritaba.

A pesar de ello los activistas advierten de que la consultoría no está completa y tiene muchos errores.

No obstante, en el Miviot insisten en que a través de este estudio se ha pretendido obtener datos objetivos e independientes sobre la situación real del sitio Ramsar y su demarcación.

“Se pretenden identificar y evaluar los criterios técnicos y científicos que hubieran sido empleados para definir los límites precisos de estas áreas. Son tales hechos el objetivo a identificar a través de la contratación realizada por esta entidad gubernamental. Así se contaría con este insumo (consultoría) para aportar información objetiva que permita una evaluación completa y veraz ante la necesidad de tomar decisiones gubernamentales”, plantea el Miviot en una respuesta que envió a este medio sobre el tema.

Además, resaltaron que el trámite de la consultoría se está haciendo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia.

GRUPOS CIERRAN FILAS

A raíz del estudio, grupos ambientales como la Sociedad Audubon de Panamá, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) y la Fundación MarViva emitieron ayer un comunicado en el que hacen un llamado a las autoridades para que cesen sus intentos de desmejorar la protección del sitio Ramsar.

“Con las acciones recientes del Gobierno en ese sentido, se busca el beneficio de unos pocos a costa del perjuicio de una colectividad”, señalan los ambientalistas, que advierten de que la deforestación de manglares en esa zona será una “bomba de tiempo” y causará inundaciones en los corregimientos Juan Díaz y Tocumen.

Para Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon, nunca ha ocurrido que un país miembro de la Convención Ramsar, cuyo objetivo es la protección de los humedales, haya intentado eliminar o restringir los límites de un área protegida.

Por su parte, Alida Spadafora, directora de Ancon, y Zuleika Pinzón, directora de MarViva, insistieron en la necesidad de aprobar una política nacional de humedales, elaborada con la amplia participación de diversos sectores y que hace mucho tiempo está en manos del Gobierno para su aprobación y oficialización.

María Rivera, consejera principal para las Américas de la Secretaría de la Convención Ramsar, estuvo en la presentación de la consultoría como observadora y señaló que esta situación es una oportunidad para fortalecer el tema de la gestión ambiental y del sitio Ramsar.“Nosotros asesoraremos en la medida que sea necesario”, acotó la representante de Ramsar.

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