asamblea nacional, en sesión permanente

Sala Quinta juzgará a diputados

En medio de quejas de los diputados opositores por lo que calificaron como una “celeridad” de la junta directiva de la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de ley 402 de la Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia, se inició ayer el segundo debate a esta iniciativa.

El debate empezó con la lectura de dos informes de minoría. Uno presentado por la bancada del opositor Partido Panameñista y el otro por la bancada del también opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Popular (PP).

La bancada del oficialista Cambio Democrático (CD) elaboró un informe de mayoría en el que pide aprobar el proyecto que reglamenta la Sala Quinta en la Corte.

Polémico Debate

El diputado panameñista José Luis Varela denunció que por la “celeridad” de la directiva de la Asamblea en aprobar el proyecto 402, se repartió el informe de minoría sin la firma de los diputados de la Comisión de Gobierno, que aprobó en primer debate la iniciativa.

El informe, firmado por los diputados José Luis Varela, Jorge Arrocha y José Blandón, advierte de que las facultades que se le otorgarán a la Sala Quinta ponen en peligro la democracia y la libertad de expresión.

Varela dijo que hay instrucciones para que el proyecto sea ley de la República este sábado, por lo que la directiva ha dado órdenes a la relatora de que lea los informes lo más rápido posible.

En medio de la lectura del informe de la bancada panameñista, el pleno aprobó a las 7:32 p.m. (por 37 votos a favor y 22 en contra) declararse en sesión permanente “hasta aprobar el proyecto 402”.

Informe PRD-PP

El informe de la bancada PRD- PP advierte de que el proyecto de Sala Quinta viola claras normas constitucionales y que incluso afecta garantías de la Asamblea Nacional .

“Este es un proyecto que contribuye al sobresalto y a la incertidumbre que gravita sobre la estabilidad institucional del país, razón por la cual nos oponemos a la aprobación de este proyecto de ley”, señala el informe.

La bancada PRD-PP argumentó que el proyecto 402 es violatorio del artículo 165 de la Constitución que señala que: “las leyes orgánicas serán propuestas por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador General de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de Códigos Nacionales”.

Plantearon que al ser un proyecto de ley que modifica artículos del Código Judicial, le corresponde a la Corte y no a un diputado ni a una comisión presentarlo. “Consideramos que no es necesaria una nueva ley para que se pueda nombrar a nuevos magistrados, por eso insistimos que el proyecto de ley 402 lo único que hace es incorporar elementos que crean confusión e inquietudes dentro de la sociedad panameña” , sostiene la bancada PRD-PP.

Denuncia

Diputados opositores cuestionaron nuevamente el proyecto de ley 402 que reglamenta la Sala Quinta, y denunciaron que de aprobarse esta propuesta, esta Sala será “controlada por el Ejecutivo”, y ordenaría aplicar medidas cautelares restrictivas de la libertad de los diputados.

Los opositores criticaron específicamente la inclusión y aprobación del primer debate del artículo 34 de este proyecto que modifica el artículo 490 de la Ley 63 de 2008 que instauró el Código Procesal Penal.

Con la modificación propuesta, sería un magistrado de la Sala Quinta el que aplicaría las medidas cautelares restrictivas de la libertad del diputado y no el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

De aprobarse la modificación del artículo 490 del Código Procesal Penal quedaría así: “Medidas Cautelares. En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá al Magistrado de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, que ejerza las funciones de Juez de Garantías, autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del diputado y la que ordene aprehensión o secuestro contra bienes de estos”.

El artículo 490 del Código Procesal Penal vigente le da exclusivamente al pleno de la Corte Suprema de Justicia la facultad de autorizar las medidas cautelares en contra de los diputados procesados.

Para el diputado panameñista José Luis Varela, esta norma es “un absurdo” porque una Sala Quinta, controlada por el Ejecutivo, se puede utilizar como un mecanismo de persecución política en contra de los diputados que le están haciendo oposición al gobierno.

Varela consideró que esta norma incluso podría ser catalogada como inconstitucional. Consideró que de ser aprobado este proyecto, de aquí a que la Corte Suprema de Justicia diga que es inconstitucional, el diputado se pasaría esos años en la cárcel. “No hay duda de que este artículo es una herramienta que se puede utilizar para perseguir a los diputados que estamos haciéndole oposición al gobierno en estos momentos”.

En tanto, el diputado Jorge Alberto Rosas, del Molirena, coincidió con Varela en el sentido de que esta propuesta es inconstitucional, pues a su parecer no necesariamente el agente de instrucción que debe comisionar el pleno de la Corte Suprema de Justicia, para investigar y procesar a un diputado, debe ser un magistrado de la Sala Quinta.

´Fue un error´: Delgado

Al ser consultado, el diputado oficialista Hernán Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno y proponente del proyecto, señaló que el artículo 34 cuestionado por los opositores realmente fue “un error” que se dio durante su discusión en el primer debate y aseguró que ya tiene una propuesta de modificación para este artículo.

Aunque Delgado habla de la existencia de un error, de acuerdo con el documento, en total fueron presentados ocho artículos nuevos (del 30 al 37) relativos a los procesos penales de competencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que incluye los procesos contra diputados.

Delgado señaló que de acuerdo con el artículo 490 del Código Procesal Penal vigente, la investigación y procesamiento de los diputados es función de la Corte Suprema de Justicia, y no de la Sala Quinta. “Esto es por mandato constitucional. En el proyecto hay un error porque se le está atribuyendo esta función a la Sala Quinta”, dijo Delgado.

Varela dijo no confiar en la promesa de Delgado de modificar este proyecto ni en nada más, hasta que se presente la modificación de este artículo en el pleno. “Bien el Presidente de la República los puede llamar (a los diputados de CD) y quizá tire otra línea”.

Defiende la Sala Quinta

Delgado sustentó el informe de mayoría de la bancada de Cambio Democrático (CD) y defendió la necesidad de reactivar la Sala Quinta, que a su juicio, busca garantizar el fiel cumplimiento de las garantías fundamentales en términos cortos y eficaces.

Dijo no compartir el argumento de sectores de la oposición de que la Sala Quinta restringirá la libertad de prensa por el hecho de que estos tres magistrados sean nombrados al unísono por el Ejecutivo y recordó que el expresidente de la República Guillermo Endara nombró en un solo momento a nueve magistrados y nunca hubo abuso por parte de su gobierno. “Esto va a depender en gran parte de la calidad y del perfil del profesional que se nombre para esos cargos”, argumentó.

Fue enfático en señalar que la Sala Quinta fue revivida tras el fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia del 25 de enero de 2011, que declaró inconstitucional la Ley 49 del 24 de octubre de 1999 que derogó esta instancia judicial creada con la Ley 32 de 1999.

No obstante, precisó que tras la revisión detenida de la Ley 32 de 1999, que servirá de marco orgánico y funcional de la Sala Quinta, se detectaron algunas incompatibilidades de orden constitucional e inconsistencias de orden legal, por lo que se hace necesario incluir otras normas que han surgido en los últimos 12 años desde que se derogó dicha ley, las cuales fueron tomadas en cuenta para la aprobación en primer debate.

Preocupación por retroceso en libertad de expresión

Gremios periodísticos manifestaron su preocupación ante la caída de 58 puntos que perdió Panamá en la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de expresión en 2012, y también por las disposiciones que establece el proyecto de Sala Quinta sobre la libertad de expresión.

Filemón Medina, presidente del Sindicato de Periodistas de Panamá, dijo que el informe de RSF debe llamarnos a la preocupación.

Indicó que la forma “autoritaria, déspota y de confrontación” que tiene el mandatario, Ricardo Martinelli, es lo que ha llevado al país a está situación.

Indicó que el gremio se declara en alerta respecto a la Sala Quinta que le atribuye facultades para restringir el acceso a la información.

RSF reporta en su informe el asesinato del periodista Darío Fernández y la expulsión de los comunicadores españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato. “Reina un clima execrable entre Martinelli y una amplia franja del gremio”, dijo RSF en el informe.

Nadal y Chato advirtieron que el informe corrobora el grave deterioro de las libertades en Panamá con el gobierno de Martinelli.

“La situación de las libertades públicas y del pluralismo están en grave riesgo en Panamá”, aseguraron.

Grisel Bethancourt, presidenta del Colegio de Periodistas, dijo que lo que señala RSF es grave, y advirtió que la situación entre el gobierno de Martinelli y los gremios empeorará.

Agregó que la nueva ley de la Sala Quinta podría originar un abuso de poder y de violación de las garantías al restringirse el acceso a las páginas web.

Norma Núñez Montoto, del Consejo Nacional de Periodismo, dijo que: “no necesito referencias de ningún RSF y de ninguna otra orden fuera de Panamá para que me digan a mí, como estoy yo y como está mi salud mediática”.

El vocero presidencial, Luis Eduardo Camacho, dijo que en Panamá se ejercen los derechos ciudadanos sin restricciones y señaló que muchas organizaciones son “engañadas” por informantes panameños.

Mientras, se reportó un nuevo incidente con una reportera extranjera. El pasado viernes 20 de enero, la canadiense Rosie Simms aterrizó en Panamá para realizar un reportaje sobre la minería, para la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Nunca pudo ingresar al país.

Fue retenida cuatro horas en el aeropuerto de Tocumen, sin que se le diera una explicación coherente o se le permitiera telefonear a su embajada, amigos o familiares. Posteriormente se le dijo que tenía un “impedimento” de entrada. Simms tuvo que abandonar el país en el siguiente vuelo a Norteamérica. La información fue confirmada por Lynn Burgess, productora de CBC. El año pasado, la periodista estuvo en Panamá, como parte de un programa de la Universidad de McGill. Escribió una historia acerca de los Ngäbe Buglé y su movimiento antiminería. En la CBC creen que por esta razón las autoridades panameñas no le permitieron el reingreso.

Eduardo Mendoza

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