La Sala condenada

Pese a los intentos por revivirla, la Sala Quinta de Instituciones de Garantías de la Corte Suprema nunca pudo remontar realmente el vuelo. En cada ocasión se sospechó que servía a fines políticos y no judiciales. LA PRENSA/Archivo. Pese a los intentos por revivirla, la Sala Quinta de Instituciones de Garantías de la Corte Suprema nunca pudo remontar realmente el vuelo. En cada ocasión se sospechó que servía a fines políticos y no judiciales. LA PRENSA/Archivo.
Pese a los intentos por revivirla, la Sala Quinta de Instituciones de Garantías de la Corte Suprema nunca pudo remontar realmente el vuelo. En cada ocasión se sospechó que servía a fines políticos y no judiciales. LA PRENSA/Archivo.

En enero de 1999, el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, propuso la creación de una sala constitucional.

Argumentaba que solo en 1998 hubo más de 700 trámites de hábeas corpus y amparos de garantías constitucionales, lo que parecía entorpecer el resto del trabajo de la máxima corporación de justicia.

En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una ley en tal sentido, que fue sancionada por el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares.

Así, la Corte Suprema de Justicia quedó compuesta por 12 magistrados y cinco salas: la primera de lo Civil, la segunda de lo Penal, la tercera de lo Contencioso Administrativo, la cuarta de Negocios Generales y la quinta de Instituciones de Garantías y de Casación Laboral.

El 1 de julio de 1999, Pérez Balladares nombró a los magistrados de la nueva sala. Sin embargo, su creación provocó polémicas y descontento entre diversos sectores. Se sospechaba que pese a sus bondades anunciadas, la nueva instancia judicial servía a fines políticos, como blindaje judicial para el presidente saliente o sus colaboradores.

La existencia efímera de esta sala tuvo lugar en las postrimerías del gobierno de Ernesto Pérez Balladares y al inicio del lustro de Mireya Moscoso.

El nuevo gobierno no respaldó la Sala Quinta y promovió su derogación. Esto finalmente ocurrió en octubre del mismo año.

En 2006, durante el gobierno de Martín Torrijos, el tema volvió al tapete, no sin reticencias. La mayoría de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia vio la idea como saludable, siempre y cuando se implementara bien.

En 2008, los magistrados de la Corte dieron nuevo impulso a la idea. Pero la Alianza Pro Justicia señaló a mediados del mismo año que el país tenía prioridades más urgentes que la nueva sala y que no era conveniente elegir nuevos magistrados para tal instancia en un período preelectoral.

Entre los precandidatos presidenciales que se opusieron a la nueva Sala Quinta estaba Ricardo Martinelli, quien dijo que el problema de la justicia panameña no se resolvía aumentando el número de los magistrados de la Corte.

En 2009, antes y después de las elecciones en las que Martinelli se alzó con el poder, seguía gravitando el tema.

El 25 de enero de 2011, la Corte Suprema “revivió” la Sala Quinta, en un fallo del pleno que declaró inconstitucional la Ley 49 que la había tumbado hacía más de 10 años. Pronto se aclaró que dicha “reviviscencia” no significaba su restablecimiento automático ni resolvía la cuestión de los salarios no devengados por los magistrados que la habían conformado.

A inicios de 2012, un nuevo proyecto de ley se abrió paso en la Asamblea Nacional de Diputados para rescatar del limbo a la Sala Quinta: el 402. La iniciativa contaba con la opinión, esta vez favorable, del ahora presidente Martinelli, quien la veía como “necesaria para agilizar los procesos judiciales”.

Desde las filas de la oposición panameñista, entre otras, se señalaba en cambio que su apoyo a esta instancia era parte de su proyecto de concentración de poder y blindaje judicial.

En junio se nombraron los nuevos magistrados para la “nueva” sala. Las críticas arreciaron y el presidente Martinelli quiso dar marcha atrás.

La Concertación Nacional para el Desarrollo planteó entonces que no era el Ejecutivo el que tendría que proponer la derogación, sino la propia Corte Suprema.

Así, el presidente de esa corporación, Alejandro Moncada Luna, presentó un proyecto de ley en tal sentido “en aras de la paz del país”, que fue aprobado en tercer debate en la Asamblea el 27 de agosto de 2012.

Por un país con mejor justicia

Sectores de la sociedad civil han acogido con esperanza y optimismo el anuncio reciente de la reactivación del Pacto de Estado por la Justicia. Este pacto fue firmado en 2005 por las cabezas de los tres poderes del Estado más los jefes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y representantes de la propia sociedad civil. Al igual que otras instancias, como la Concertación Nacional para el Desarrollo, el pacto, que buscaba promover la modernización y agilización del sistema judicial en el país, resultó menospreciado por la anterior administración del presidente Ricardo Martinelli, por lo que sus recomendaciones no tuvieron mayores avances. La reactivación de esta instancia cuenta con el aval del actual mandatario, Juan Carlos Varela. Más de 30 puntos quedaron pendientes de su desarrollo. Se espera el logro de avances en temas como el Sistema Penal Acusatorio, la ley de carrera judicial y la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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