EMPRESA CONTRATISTA DEL CANAL

Salini Impregilo varía argumentos

El 4 de septiembre de 2014, Salini certificó en una carta que Martinelli no exigió donaciones o amenazó a la empresa; sin embargo, ahora reclama ‘afectaciones’.

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El proyecto de ampliación del Canal tiene un 91.3% de avance. La ACP informó de que en los próximos días se abrirá el dique que comunicará con el océano Pacífico. El proyecto de ampliación del Canal tiene un 91.3% de avance. La ACP informó de que en los próximos días se abrirá el dique que comunicará con el océano Pacífico.
El proyecto de ampliación del Canal tiene un 91.3% de avance. La ACP informó de que en los próximos días se abrirá el dique que comunicará con el océano Pacífico.

Las versiones de Pietro Salini, director ejecutivo de Salini Impregilo, se contradicen.

El 4 de septiembre de 2014, a través de una nota enviada al expresidente Ricardo Martinelli, Salini certificó que este no exigió“donaciones” o hizo “amenazas” a su empresa. Sin embargo, tres meses más tarde, en diciembre de 2014, la justicia italiana condenó a tres años de prisión a Valter Lavítola –intermediario entre Finmeccanica y el pasado gobierno en los contratos por $250 millones– por extorsionar a la constructora Impregilo, hoy Salini Impregilo, para que realizara obras en Panamá

Según informó este diario en su momento, de acuerdo con los jueces italianos, la iniciativa de amenazar a Impregilo surgió de Martinelli y fue transmitida en primera instancia a Lavítola, quien jugó el rol de mensajero de las amenazas del exgoberrnante.

Meses después, el 16 de julio de 2015, Salini dio un giro a su versión de septiembre de 2014 y envió una nota al presidente Juan Carlos Varela, en la que advirtió reclamos al Estado panameño por $2 mil 200 millones por supuestas afectaciones y violaciones a su compañía.

Estos reclamos no forman parte de aquellos que ya ha presentado Grupo Unidos por el Canal a la Autoridad del Canal por $2 mil 682 millones y de los cuales ha recibió $290.1 millones.

Carta de Salini es ‘medida de presión’: Alemán Z.

El exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Alberto Alemán Zubieta consideró como “medida de presión” el reclamo del empresario italiano Prieto Salini al Estado panameño, por una supuesta afectación como “inversor” en el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas.

El pasado 16 de julio, Salini envió una carta al presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la que plantea supuestas afectaciones como “inversor”, refiriendo al “convenio de promoción y protección de las inversiones firmado entre Panamá e Italia el 30 de abril de 2009”.

“No debe tener ninguna cabida un reclamo al Estado”, advirtió Alemán Zubieta, ya que, según él, las diferencias que el contratista tenga debe presentarlas por los mecanismos establecidos.

Explicó que el contrato, firmado en 2009, protege a las partes y tiene procesos de resolución de conflictos.

Alemán Zubieta se refiere al procedimiento para que el contratista primero lleve los reclamos a la ACP, que debe aceptarlos o rechazarlos.

En caso de no estar de acuerdo con la decisión, el consorcio puede acudir ante la junta de resolución de conflictos, “que son tres expertos internacionales altamente calificados”.

Si se mantiene la disconformidad, la parte en desacuerdo puede ir al tribunal de arbitraje de Miami, Estados Unidos, como última instancia.

Añadió que esos son los procedimientos que se han seguido y “no veo por qué ahora una empresa del consorcio quiere tratar de resolver los reclamos por fuera”.

Coincidió con empresarios consultados en el sentido de que Grupos Unidos por el Canal (GUPC) firmó como contratista de la ACP y no como inversor.

Al ser cuestionado sobre la carta de Salini, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, respondió que el contrato estipula los mecanismos para atender cualquier diferencia.

Aunque representantes del Gobierno aseguran que se envió una carta de respuesta a Salini, el documento no se ha divulgado.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, declaró ayer que “la empresa está en su derecho de hacer las reclamaciones que considere, pero la posición del Estado es que las debe dirigir a las instancias acordadas con la ACP.

Esta exigencia de Salini contra el Estado no es parte de los reclamos que ya ha presentado GUPC a la ACP, algunos de los cuales se han resuelto en las instancias correspondientes.

En la misiva que Salini remitió al presidente Varela se indica que, desde el inicio del proyecto, el Estado ha cometido “numerosas acciones y omisiones” que han afectado seriamente al inversor, impactando de manera negativa y destruido el valor de sus inversiones en Panamá.

Destaca que el Estado ha continuado violando el tratado y la obligación contractual en perjuicio del inversionista. “Entre otras cosas, el Estado, o directamente a través de ACP”, dice.

Sin embargo, esto contradice el contenido de una carta que envió Salini al expresidente Ricardo Martinelli el 4 de septiembre de 2014, para certificar que el exgobernante no había pedido “coima” o amenazado a la empresa.

Este argumento de Salini se derrumbó en diciembre de 2014, tras la condena a tres años de prisión que hizo la justicia italiana al empresario Valter Lavítola por extorsionar a la constructora Impregilo para que ejecutara obras en Panamá.

El fallo se conoció después de cinco horas de deliberaciones a cargo de Giovanna Ceppaluni, jueza de la Sexta Sección Penal del Tribunal de Nápoles, que instruyó el juicio en primera instancia.

Uno de los puntos alegados por Salini en su carta a Varela se refiere a la supuesta falla del Estado para revelar información geotécnica acertada sobre las condiciones existentes del terreno para el proyecto del tercer juego de esclusas.

Cita como algunos de los elementos la historia previa de dragado, fallas geológicas y la calidad de los materiales de construcción, en las cuales el inversor confió.

Sin embargo, cuando la ACP convocó la licitación en 2007, la institución entregó toda la información preliminar que se tenía y le dio 14 meses de tiempo a las empresas interesadas para los estudios necesarios.

Las compañías que participaron en el acto público podían ir al campo donde se construyen las esclusas para tomar muestras del terreno o la piedra para comprobar su consistencia.

Por otro lado, la ACP aprobó un estipendio de 15 millones de dólares para resarcir los costos con motivo de estudios y valoraciones en que incurrieron los otros dos consorcios que participaron en la licitación, para presentar sus respectivas propuestas y que no se adjudicaron el contrato.

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Cortesía/Sinaproc

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"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

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