Salomón Shamah querella a periodista

La Fiscalía Octava de Circuito admitió la acción y ya notificóa la comunicadora social del proceso.

Aunque la Constitución, el Código Penal y un fallo del Segundo Tribunal son claros al señalar que no se deben iniciar procesos por delitos contra el honor cuando los supuestos ofendidos sean funcionarios con mando y jurisdicción nacional, el Ministerio Público (MP) admitió una querella por calumnia e injuria contra la periodista de este diario Mónica Palm, presentada por el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.

La acción legal, fechada el 12 de enero pasado, se sustenta en una glosa publicada un día antes en la sección “Tal Cual”, que firma Palm y dice: “FACTURA. Hace unos meses, el presidente Martinelli y Salo Shamah le dijeron a Bosco que si prescindía de Blandón, echaban para atrás el fallo que anula la resolución de la Asamblea que le devuelve sus derechos ciudadanos. Bosco prefirió quedarse con Blandón. Parece que el dúo cumplió su amenaza, porque el pleno de la Corte tratará el caso de Bosco el próximo 24 de enero. Y con efectos retroactivos”.

Luego de ser admitida, la querella fue remitida a la Fiscalía Octava de Circuito, a cargo de Adela Cedeño, quien procedió esta semana a notificar a Palm del proceso, según confirmó el abogado Jair Urriola, defensor de la periodista.

La querella, suscrita por el abogado Rosendo Rivera, defensor del funcionario, señala que a pesar de que Shamah está consciente de las normas que le impiden querellar por delitos contra el honor por ser un servidor público con jurisdicción nacional, considera que la glosa ha lesionado su honor y el de su familia, y no está impedido de exigir una investigación, toda vez que asegura que se le está acusando, junto con el presidente Martinelli, del delito de tráfico de influencias.

Rivera es el mismo abogado que en el año 2005 denunció por calumnia e injuria a la entonces directora de Noticias de TVN Canal 2, Sabrina Bacal, y al periodista Justino González, caso por el cual ambos fueron condenados en 2010.

Rivera es, además, el abogado del exsecretario de Comunicación del Estado Alfredo Prieto, en un caso contra Juan Carlos Tapia.

En junio de 2011, un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia concluyó que el MP no puede abrir procesos por delitos contra el honor cuando el ofendido sea un funcionario con mando nacional.

“En este tipo de casos, lo procedente es la terminación de los procesos, tomando en cuenta que el Código Penal vigente despenalizó la calumnia e injuria a partir de 2008”, dice el fallo.

El artículo 193 del Código Penal, que trata sobre delitos contra el honor, dice que cuando “los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución (gobernadores, magistrados, procuradores, jueces, ministros o directores de entidades autónomas) o funcionarios de elección popular, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho”.

Luis Navarro, presidente de La Prensa, dijo que “Panamá se beneficiaría más si los funcionarios de alto cargo dejaran de atacar al ´mensajero´ y dedicaran esa energía a ejecutar con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas”.

Aseguró que La Prensa mantiene su compromiso incondicional de investigar e informar, siempre apoyando a los periodistas en su misión.

Para el presidente del Fórum de Periodistas, Guido Rodríguez, los funcionarios con mando y jurisdicción nacional incluidos en el artículo 304 de la Carta Magna, y el procurador, José Ayú Prado, deben actualizarse en las normas legales vigentes que han despenalizado la calumnia y la injuria, para evitar incurrir en violaciones constitucionales y legales.

Mientras, el presidente del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, opinó que “el MP sigue siendo un instrumento de persecución contra los comunicadores y hace caso omiso a las normas que le impiden abrir este tipo de procesos cuando los denunciantes son funcionarios con jurisdicción nacional.

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