Santos: ‘Civiles que colaboraron son víctimas’

El presidente colombiano explicó que las personas que colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenaza no serán objeto de la jurisdicción especial de paz.

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Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos.
Juan Manuel Santos. Guillermo Legaria

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no habrá una “persecución” contra los civiles que fueron obligados o amenazados para que participaran en el conflicto armado de país.

En una nueva declaración en cadena nacional, para explicar aspectos del acuerdo relativo a la jurisdicción especial de paz y la reparación de las víctimas, Santos señaló el martes en la noche que “no se trata de ninguna manera de una persecución o, como algunos han dicho, de una cacería de brujas”.

En la alocución, realizada desde la sede del Ejecutivo, Santos aseguró que esa jurisdicción especial se aplicará a los civiles que “quedan en medio del conflicto y algunas veces pueden cometer, con ocasión del conflicto, conductas que sean consideradas delitos”.

“Quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz”, agregó.

Como parte del acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de los diálogos de paz se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial que se aplicará a los responsables del conflicto y que suponía uno de los puntos más espinosos de la negociación.

El sistema integral de justicia estará formado por cinco herramientas, entre ellas la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.

En su declaración, Santos alegó que quienes voluntariamente colaboraron con grupos armados ilegales “podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz”, pero “se concentrará en aquellos casos en los que haya existido una participación determinante”. “La palabra determinante es crucial”, apostilló.

Asimismo, el mandatario sostuvo que las sanciones para quienes sean hallados culpables “no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables”. Esas sanciones incluirán “acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas como el esclarecimiento de la verdad o la reparación”, añadió.

En este sentido, indicó que aquellos civiles que “no hayan tenido una participación determinante en estos delitos, esta jurisdicción podrá aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal”.

Por último, Santos precisó que en la Fiscalía tiene al menos 13 mil expedientes en los que se menciona a muchas personas que si no se benefician de esa jurisdicción especial “el día de mañana podrán ser llamados por la justicia ordinaria y sometidos a un juicio”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó el martes que “el acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”, apuntó.

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