´fiscalía pidió juicio para imputados

Simulan accidentes para estafar a aseguradora

La organización contactaba a personas para poner autos objeto de accidentes a sus nombres, y así cobrar cheques de la póliza de seguro.
En este caso las autoridades descubrieron que los accidentes nunca se produjeron y se perseguía cobrar el dinero del seguro de forma ilegal. LA PRENSA/Archivo. En este caso las autoridades descubrieron que los accidentes nunca se produjeron y se perseguía cobrar el dinero del seguro de forma ilegal. LA PRENSA/Archivo.
En este caso las autoridades descubrieron que los accidentes nunca se produjeron y se perseguía cobrar el dinero del seguro de forma ilegal. LA PRENSA/Archivo.

Un perjuicio económico de 757 mil 840 dólares causó una organización criminal a la aseguradora ASSA, a través de reclamos irregulares de pólizas de seguro. Simulaban accidentes de tránsito en los que supuestamente estaban vinculados automóviles de entidades del Estado.

La red, que comenzó operaciones en 2008, fue descubierta el 19 de enero de 2012 por el reclamo de Kelssiee Díaz, quien aparecía como beneficiario en un número considerable de colisiones contra autos que supuestamente eran propiedad del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Esta situación generó la sospecha de la vicepresidencia ejecutiva de reclamos de ASSA, por lo que se ordenó una auditoría forense en el departamento de reclamos de autos. La investigación determinó que la red planificó y llevó a cabo de forma sistemática y recurrente los reclamos mediante fraude y engaño.

La falsedad

La vista fiscal remitida al Órgano Judicial por el fiscal tercero de circuito, Franklin Amaya, destaca que para el perfeccionamiento de la estafa, la organización criminal –integrada por 35 personas– se apoyó en documentos que tenían apariencia de ser legítimos, entre estos, documentos públicos tales como registro de propiedad vehicular, boletas, resolución de juzgados de tránsito de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ubicados en la provincia de Panamá, Colón y Panamá Oeste, y carta de responsabilidad del asegurado. Tras un análisis se llegó a la conclusión de que todos estos papeles eran falsos.

La investigación determinó que el hecho fue cometido con el patrocinio de empleados de la aseguradora afectada, quienes contaban con el conocimiento del proceso de reclamos, sus controles y flexibilidades.

Los ahora excolaboradores de la empresa fueron acusados por la fiscalía, entre ellos, Juan Antonio Quintero Sánchez, quien desempeñó el cargo de analista de reclamos, posición operativa. Quintero, según la vista fiscal, estuvo por años encargado de la flota de vehículos del cliente Idaan.

También se identificó a Edwin Castillo Pérez, quien se desempeñó como analista de reclamos de autos y, según el documento, antes de ingresar a la aseguradora en el mes de julio de 2009, ya había participado en reclamos dudosos. “Una vez descubiertos estos antecedentes, quedó claro que Castillo Pérez era parte de la estructura fraudulenta desde antes de ingresar a ASSA, ya que el mismo había ingresado a la compañía recomendado por Antonio Quintero Sánchez, indicativo este de que los querellados invertían esfuerzos dirigidos a fortalecer y acrecentar las estructura fraudulenta dentro de la compañía aseguradora”, destaca la vista fiscal.

Los investigadores inspeccionaron una computadora asignada a los imputados, en la que mantenían información de hechos de tránsito de asegurados, datos estos que bajo sus perfiles no podían generar o acceder.

La organización

Y es que los imputados por delitos contra el patrimonio económico y contra la fe pública mantenían información de siniestros o accidentes automovilísticos en los que supuestamente estaban vinculados autos de entidades gubernamentales como la Policía Nacional, el Idaan, el Ministerio Público y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Coincidencialmente, todas las personas que hacían los reclamos eran oriundas de la provincia de Coclé, y tenían parentesco familiar; además, las colisiones eran entre ellas mismas.

Los imputados lograron efectuar un total de 90 reclamos de pólizas de seguro de manera fraudulenta, desde 2008 hasta 2012, en los que se vieron afectadas entidades gubernamentales y particulares, con la participación de 40 personas que figuraron como reclamantes, como terceros afectados y como asegurados.

Estas personas presentaban reclamaciones para buscar un reembolso de pagos por pérdidas parciales con la participación de los excolaboradores de ASSA.

Las resoluciones

En el expediente que llevó el fiscal Amaya se incorporó un total de 15 resoluciones concernientes a las colisiones (multas, sanciones) supuestamente emitidas en el Municipio de Arraiján. De estas, 14 estaban alteradas, pues la información suministrada no coincide en fechas, firma de titulares, membretes, número de formato de la Policía, redacción, partes interesadas y supuestos daños ocasionados. Las firmas de los funcionarios que autenticaban tampoco eran las mismas.

“Con respecto a los sellos, hasta inicios de 2011 no se utilizó la frase provincia de Panamá ni república de Panamá, situación que sí se presenta en el sello redondo nuevo; en cuanto al sello de fiel copia del original, el anterior solo decía Funcionario y el que se utiliza en la actualidad dice Nombre, firma y fecha”, destaca la vista.

El fiscal Amaya solicitó en septiembre de 2013 al Órgano Judicial llamar a juicio a 35 personas por los delitos de estafa y falsedad de documentos y sellos públicos. Todos tienen medidas cautelares diferentes a la detención preventiva.

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