Procurador rechaza defensa de Corcione

El procurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que a Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, no le aplica el sistema penal acusatorio.

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La defensa de Corcione afirma que este debe ser procesado conforme al sistema penal acusatorio por ser directivo de la ACP. La defensa de Corcione afirma que este debe ser procesado conforme al sistema penal acusatorio por ser directivo de la ACP.
La defensa de Corcione afirma que este debe ser procesado conforme al sistema penal acusatorio por ser directivo de la ACP.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que a Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, no le aplica el sistema penal acusatorio.

González precisó que los miembros de la junta directiva del Canal no son funcionarios con mando y jurisdicción nacional y por tanto deben ser procesados conforme al sistema inquisitivo.

Sistema acusatorio no aplica a Corcione

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, concluyó que el sistema penal acusatorio no le es aplicable al empresario Nicolás Corcione Pérez-Balladares en su condición de miembro de la junta directiva del Canal de Panamá (ACP), ya que no es funcionario con mando y jurisdicción nacional.

Al ser entrevistado por este diario, González Montenegro admitió que no ha revisado la norma en detalle, pero afirmó que existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia, en los que se establece que los miembros de la junta directiva de la ACP no tienen mando y jurisdicción nacional y por ello no aplica el sistema penal acusatorio en su eventual procesamiento.

Recordó que otros miembros de la junta directiva de la ACP han enfrentado procesos judiciales que fueron ventilados en juzgados de circuito.

Corcione es acusado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna. Fue señalado por los empresarios María Gabriela Reyna y Jorge Espino, ambos imputados y detenidos preventivamente por este caso (ver nota 4A).

Reyna aseguró que Corcione le refirió a Espino, socio de la empresa Conceptos y Espacios, S.A. junto con Julián París –también detenido–, y este le llevó una copia de un cheque de su empresa a favor de la sociedad Corporación Cubemu, S.A., ligada con Moncada Luna.

Resulta que Conceptos y Espacios, S.A. había obtenido un contrato con el Órgano Judicial para la construcción del nuevo Tribunal Marítimo en el período en que Moncada Luna presidió la Corte (2012-2013). El contrato fue adjudicado por $8.9 millones.

Días después de haber recibido un adelanto del dinero, Espino declaró que giró un cheque por $400 mil a Corporación Cubemu, S.A., una de las compañías vinculadas a Moncada Luna y al comerciante Ricardo Calvo.

También declaró que giró un cheque por $200 mil a una sociedad vinculada a Corcione Pérez-Balladares.

En tanto, el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, afirmó ayer que en los próximos días se convocará a la junta directiva de la ACP, para considerar una petición de la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, de suspender a Corcione.

Roy confirmó que recibió la petición de Maytín la tarde del lunes, y afirmó que la estudiarán y contestarán prontamente. “Esto no es algo de largo plazo, así que tengo que hacer las consultas y llamar a la junta directiva para efecto de darle respuesta, y se la daremos a la mayor brevedad posible y de la manera más exacta para todas las preguntas que puedan haber al respecto”, precisó.

“Nosotros no somos una entidad de deliberación de temas judiciales, pero como ha habido una solicitud formal, vamos a hacerle una contestación con nuestros abogados y estoy seguro que haremos las explicaciones que el caso requiera”, enfatizó.

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