MINISTERIO DE SEGURIDAD INVESTIGA CONTRATOS DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN

Sobrecostos por $50 millones

Las irregularidades encontradas hasta ahora se relacionan con la adquisición de bombas lacrimógenas y equipos tecnológicos.
El contrato para la reparación de los helicópteros incluía la instalación de equipos de nuevas turbinas. CORTESÍA. El contrato para la reparación de los helicópteros incluía la instalación de equipos de nuevas turbinas. CORTESÍA.
El contrato para la reparación de los helicópteros incluía la instalación de equipos de nuevas turbinas. CORTESÍA.

Los escándalos sobre la firma de contratos con sobreprecios para la compra de equipos en el pasado gobierno salpican ahora al Ministerio de Seguridad Pública, cuyas autoridades investigan supuestos sobrecostos por 50 millones de dólares.

El titular del despacho, Rodolfo Aguilera, destacó que se trata de contratos para la adquisición de pólizas de seguro, repotenciación de helicópteros, compra de bombas lacrimógenas y de equipos de informática y telecomunicaciones para los diferentes estamentos de seguridad del Estado.

De acuerdo con Aguilera, entre los contratos bajo escrutinio figura el de la repotenciación de cuatro helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que asciende a 20 millones de dólares, cuando el precio de mercado de cuatro aeronaves idénticas, de segunda mano, es de 13 millones de dólares.

En este caso, dijo, seordenó a un auditor aeronáutico realizar una investigación para establecer por qué se firmó un contrato tan oneroso para el Estado, y mientras tanto se ordenó suspender los pagos.

La reparación de los cuatro helicópteros se inició en el año 2012, pero aún no se encuentran operativos, por lo que se contrató a una firma de auditores canadienses para verificar el costo de los trabajos realizados.

En el año 2010, el entonces viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, anunció la contratación directa de la empresa HSS Helitech para la reparación de cinco helicópteros tipo Bell 212 por un monto de 19.2 millones de dólares.

Este contrato excedía en 14.2 millones al contrato original suscrito en 2008 por el exdirector del Senan Rigoberto Gordón.

ASEGURADORAS

En cuanto a las pólizas de seguro adquiridas para los funcionarios de los estamentos de seguridad, Aguilera confirmó que se descubrió que la prima de seguro pagada por el Estado está por arriba del 50% de lo que se está cobrando en el mercado local.

En este caso, se ordenó un análisis de contraste entre el precio del mercado y el monto de las primas desembolsadas por las instituciones de seguridad, detalló el ministro.

A juicio de Aguilera, se trata de “precios abusivos que ocasionaron un gasto excesivo en rubros que existían con precios más competitivos en el mercado. Sin embargo, se optó por la opción más cara”.

ANTIMOTINES

El exministro de Seguridad José Raúl Mulino compró poco antes de la culminación del pasado gobierno bombas lacrimógenas y equipos tecnológicos por un monto de 9 millones de dólares. Sin embargo, Aguilera aseguró que el valor de las bombas lacrimógenas tiene un costo real de un tercio del precio que se pagó por ellas.

Por esa situación, informó que se hace un análisis jurídico para proceder ante el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas, a fin de poder recuperar el monto de la lesión patrimonial ocasionada al Estado.

Se conoció que ya se tiene lista la denuncia penal por el supuesto sobrecosto en la compra de las bombas lacrimógenas, y que al mismo tiempo se trabaja en otros recursos legales.

Para Aguilera resulta inexplicable que los funcionarios encargados de realizar estas compras eligieran o aceptaran precios muy por encima de lo que había en el mercado, lo que, a su criterio, lleva a sospechar que pudo haber algún tipo de arreglo en la negociación.

El gobierno del expresidente Ricardo Martinelli invirtió unos 24 millones de dólares en la compra de equipos antidisturbios. Esta compra también está bajo observación, ya que según Aguilera se trata de una suma elevada de equipos y pertrechos para los que no se tiene demanda.

De acuerdo con el ministro, en los cinco meses que lleva este gobierno los agentes antidisturbios no han usado más de una veintena de bombas lacrimógenas, ya que se está trabajando en una estrategia de diálogo en lugar de la confrontación.

En este aspecto, detalló que existe un grupo de análisis encargado de verificar estos acontecimientos para evitar el uso de la fuerza.

En cuanto a las reclamaciones hechas a la empresa Selex, del grupo Finmeccanica, sobre el contrato de 250 millones de dólares para la adquisición de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital, dijo que se está a la espera de una serie de opiniones legales de las firmas de abogados Hogan Lovells y Tapia, Linares y Alfaro, sobre los pasos a seguir en los próximos días.

“No renunciaremos a la decisión de recuperar los dineros que pagamos por sobrecostos en este contrato y haremos todo lo que esté al alcance en materia legal para que se cumpla o se devuelvan los dineros”, recalcó.

En el tema de los radares, alegó que se trabaja en dos escenarios. El primero de ellos, es determinar si los radares instalados tendrán en algún momento la capacidad de detectar lanchas rápidas que se dedican al trasiego de drogas utilizando las costas nacionales.

El segundo, en cambio, sería el de la devolución de los equipos a la empresa italiana y la restitución del dinero pagado por Panamá.

Hasta ahora, el Estado panameño ha desembolsado el 70% del contrato para la compra de los radares y 100% del monto de los helicópteros.

El pasado 16 de noviembre, Aguilera y funcionarios de la Cancillería se reunieron con representantes de las empresas Selex y Finmeccanica, para buscar un arreglo en cuanto a los contratos, pero no hubo un acuerdo definitivo sobre el tema.

En el gobierno de Martinelli se firmó el acuerdo con Finmeccanica para la compra de radares y helicópteros con la intención de facilitar la detección de narcolanchas, pero pruebas del Senan demuestran que a una distancia 92.6 kilómetros los radares no tienen la capacidad para ubicar esas embarcaciones.

“La mayor parte de los 50 millones de dólares en supuestos sobreprecios corresponde a contratos realizados en 2013 y parte de 2014, pero aún se analizan documentos de compromisos adquiridos entre 2010 y 2012”, acotó.

Sobre la compra de las lacrimógenas, Mulino ha dicho que era necesaria y no exagerada, como se ha criticado.

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