AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

‘Sobreprecios nacieron en el MOP’

Los gremios que apoyaron la realización de las revisiones esperan que el Ministerio Público tome en cuenta los resultados revelados.

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La cinta costera 3 fue ejecutada por la constructora brasileña Odebrecht y, según la auditoría de la Contraloría, tuvo un sobreprecio de $107 millones. La cinta costera 3 fue ejecutada por la constructora brasileña Odebrecht y, según la auditoría de la Contraloría, tuvo un sobreprecio de $107 millones.
La cinta costera 3 fue ejecutada por la constructora brasileña Odebrecht y, según la auditoría de la Contraloría, tuvo un sobreprecio de $107 millones. Archivo

Miembros de la sociedad civil calificaron de “escandalosos” los posibles sobrecostos por $318 millones, que revelaron las primeras cinco auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a obras de infraestructura pública, efectuadas en el país durante la administración pasada por la empresa Odebrecht y otras constructoras.

Los activistas aseguraron, además, que estas inspecciones representan un avance en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público (MP).

Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), expresó que los montos de los posibles sobreprecios son sumamente “groseros”, y que será responsabilidad del MP hacer sus investigaciones con base en estas cifras.

“Es importante destacar que no atañe únicamente a una sola empresa. El mal endémico no viene solamente de Brasil”, agregó.

La Apede colaboró con las inspecciones, en conjunto con expertos profesionales y técnicos de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

El presidente saliente del último gremio en mención, Jorge García Icaza, opinó que estas auditorías son un aporte de la Contraloría General de la República y que espera que esta investigación pueda ser utilizada por la Procuraduría para “llegar al final de los casos y que se pueda saber finalmente todo lo que pasó”.

“Es importante que se devuelva el dinero robado”, añadió.

Por su parte, la Capac, pese a que no fijó una posición clara sobre estos hallazgos, confirmó que, como gremio que apoyó las auditorías, periódicamente recibió informes sobre los avances de dicha gestión.

“Esperamos que las entidades competentes tomen en consideración el resultado final para así determinar las responsabilidades que correspondan”, señaló la Capac, a través de un comunicado emitido ayer.

LAS AUDITORÍAS

Entre las obras inspeccionadas se encuentran el mejoramiento y ensanche de la avenida Domingo Díaz, construida por ICA-Meco; el corredor vía Brasil-tramo I y el corredor vía Brasil- tramo II, a cargo de la constructora FCC; la preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá y la cinta costera fase 3 por Odebrecht (ver tabla).

La Contraloría General determinó que estos cinco proyectos de inversión pública auditados “tuvieron sobreprecios desde su origen en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)”.

El quinteto auditado de obras tenía en común que estuvo a cargo del MOP.

De acuerdo con una nota de prensa de la Contraloría, todas las licitaciones se celebraron durante la administración de Federico Suárez en el Ministerio de Obras Públicas.

Los contratos fueron todos adjudicados por el método de licitación de mejor valor con evaluación separada, establecido en la Ley de contrataciones públicas.

La Prensa intentó comunicarse con Federico Suárez, para que diera su versión sobre la información aportada por la Contraloría, pero no respondió a las llamadas.

Quien sí se pronunció fue su abogado, Rosendo Miranda, y dijo que no emitirían ningún comentario hasta que el Ministerio Público se pronuncie formalmente en relación con estas auditorías.

Los informes de auditoría señalan que los cinco proyectos de inversión pública se debieron ejecutar, como máximo, a un precio razonable total de mil 413 millones de dólares, pero se realizaron por un precio total de mil 731 millones de dólares (ver tabla).

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‘Sobreprecios nacieron en el MOP’

Ayer, al mediodía, cuatro funcionarios de la Contraloría se presentaron en la sede de la Procuraduría General de la Nación para entregar dichos informes.

El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, dijo que le corresponde remitirlos inmediatamente a la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Al hacer entrega de estos informes al Ministerio Público, corresponde a este continuar con las investigaciones y adoptar las medidas encaminadas a determinar las posibles responsabilidades penales que se deriven, destaca un comunicado emitido por la Contraloría.

FISCALÍA DE CUENTAS

En tanto, el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, dijo a este diario que es deber del contralor Federico Humbert entregarle estas auditorías para también iniciar una investigación. “En casi todos los casos de alto perfil, se envía un informe al MP y al Tribunal de Cuentas […] debo suponer que, en este caso, debe pasar exactamente lo mismo”, dijo.

Rodríguez agregó que, por Constitución, es lo que procede y se apoyó en el artículo 280, numeral 13.

Este establece que son funciones de la Contraloría General de la República “presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades”.

Una de las voces que se sumó al argumento de Rodríguez fue la de la dirigente del Movimiento Independiente de Panamá, Annette Planells. “Estas auditorías deben ser entregadas a la Fiscalía de Cuentas para que inicie el proceso de recuperar el patrimonio del Estado”, acotó.

La Contraloría continúa haciendo auditorías de otras obras a solicitud del MP.

Fue durante el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción –que investiga el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios y particulares panameños– pidió inspeccionar 11 obras de esa empresa en los gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y en el actual.

En diciembre de 2016, Odebrecht confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos para ganar obras en varios países, entre ellos Panamá, por $59 millones.

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