Segundo Tribunal

Sobreseimiento a Jaime Salas se mantiene

El magistrado Luis Mario Carrasco salvó su voto alegando que empresas ligadas a Jaime Salas lograron contratos con el Municipio cuando este trabajaba allí.
El fallo contó con el salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco (Izq.) y el aval de Wilfredo Sáenz (Cto.) y Adolfo Mejía (Der.). LA PRENSA/Archivo. El fallo contó con el salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco (Izq.) y el aval de Wilfredo Sáenz (Cto.) y Adolfo Mejía (Der.). LA PRENSA/Archivo.
El fallo contó con el salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco (Izq.) y el aval de Wilfredo Sáenz (Cto.) y Adolfo Mejía (Der.). LA PRENSA/Archivo.

El Segundo Tribunal de Justicia confirmó un fallo del Juzgado Segundo Penal que concedió un sobreseimiento definitivo al ex ingeniero municipal Jaime Salas y otras cuatro personas acusados de los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública.

El fallo, con la firma de los magistrados Wilfredo Sáenz, Adolfo Mejía y Luis Mario Carrasco, quien salvó su voto, plantea que en cuanto al delito de blanqueo de capitales, a pesar de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ordenó la investigación sobre los bienes de Salas, se pudo establecer que los fondos adquiridos por las empresas Edificaciones Portobelo y Joed, S.A., ligadas a Salas, son producto de la concertación de contratos y servicios prestados por trabajos realizados en las actividades de construcción.

En este sentido, se plantea que las acciones realizadas por Salas, Hugo Sánchez, Rubén Darío Pérez, Edgardo Araúz y Esilda Rodríguez no se acreditan como una actividad delictiva.

Con relación al delito contra la administración pública, plantea que en este caso no se pudo establecer que Salas hubiese incrementado su patrimonio de manera dolosa, ya que el informe de auditoría para verificar dicha conducta no consta dentro del proceso.

Por su parte, el magistrado Luis Mario Carrasco en su salvamento de voto señala que la investigación reveló –sin duda– una irregularidad, consistente en que dos empresas bajo el control de Salas, celebraron por adquisición directa, por lo menos, dos contratos de obras con el Municipio de Panamá para la época en que este se desempeñaba en el cargo de ingeniero municipal.

Y dicha conducta, según el magistrado, viola el artículo 19 de la Ley No. 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas. Situación que, según explica, debía ser ventilada en la jurisdicción especial de contrataciones públicas y no en la esfera penal. El proceso contra Salas se inició en noviembre de 2009 tras un reporte de la UAF.

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