Sobrino de expresidente Martinelli, a indagatoria

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El Ministerio Público investiga la posible dualidad de pagos que se hicieron para un estudio de factibilidad dirigido a la construcción de complejos de edificios de la Senacyt en 2012. El Ministerio Público investiga la posible dualidad de pagos que se hicieron para un estudio de factibilidad dirigido a la construcción de complejos de edificios de la Senacyt en 2012.

El Ministerio Público investiga la posible dualidad de pagos que se hicieron para un estudio de factibilidad dirigido a la construcción de complejos de edificios de la Senacyt en 2012. Foto por: Archivo

Diego Villanueva Martinelli Diego Villanueva Martinelli

Diego Villanueva Martinelli Foto por: Archivo

Rubén Berrocal Rubén Berrocal

Rubén Berrocal Foto por: Archivo

Nicolás Corcione Nicolás Corcione

Nicolás Corcione Foto por: Archivo

Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli

Ricardo Martinelli Foto por: Archivo

El exjefe de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Diego Villanueva Martinelli –sobrino del expresidente Ricardo Martinelli– debe rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que investiga una posible duplicidad de pagos en un contrato encargado por la entidad en 2012 para un estudio de factibilidad.

Juzgado sospecha que Villanueva Martinelli sabía del doble pago

Otro miembro de la familia Martinelli enfrenta la justicia. Diego Manuel Villanueva Martinelli, sobrino del expresidente Ricardo Martinelli, será indagado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que lo investiga por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Villanueva Martinelli, exdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), es investigado en el proceso que adelanta la citada fiscalía con relación a supuestas anomalías en el contrato No. 22-12 del 28 de marzo de 2012, el cual consistía en el estudio de factibilidad para la construcción de un complejo de edificios para la entidad en la Ciudad del Saber, que al parecer el Estado pagó dos veces y presuntamente desembolsó de manera injustificada la suma de $250 mil.

Las empresas beneficiarias del presunto pago irregular son Grupo Corcione, del directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Nicolás Corcione, e Inversiones Carmanace.

Por este caso, la fiscalía también investiga al exjefe de la Senacyt Rubén Berrocal –primo del expresidente– y a otras dos personas, entre ellas a la representante legal de Inversiones Carmanace, Carmen Rodríguez Acosta, y al exfuncionario de la Senacyt Alexander Hernández Valenzuela. Todos ellos han sido llamados a indagatoria.

RECHAZAn RECURSO

Villanueva Martinelli tendrá que comparecer ante la fiscalía, luego de que el Juzgado Decimoséptimo Penal le rechazara el 13 de este mes un recurso a través del cual pretendía anular la resolución de indagatoria expedida por la fiscalía el 31 de julio de 2015.

Al resolver el recurso, el juez José Sánchez Gallego concluyó: “se observa que el fiscal hizo un recuento de los elementos de prueba que acreditan la existencia del hecho punible y la probable vinculación del señor Diego Villanueva, lo cual indirectamente basta para efectos que se disponga la indagatoria...”.

Y agregó“...se advierte que, al parecer, Villanueva tenía en razón de su cargo noción de la dualidad de pagos y pese a ella gestionó en alguna forma los desembolsos”.

El juez destacó la auditoría interna de la Senacyt, “en la que se demuestra que el estudio –de factibilidad– solicitado (...) no era necesario, pues los datos se tomaron de un estudio previo y cuyo objetivo era para el mismo propósito”.

El estudio guardaba relación con la construcción del Instituto Panameño de Investigación de Ciencia y Medicina y las sedes del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología y el Centro Nacional de Metrología de Panamá.

Finalmente, Grupo Corcione se adjudicó el estudio y la construcción del complejo por un monto de $20 millones 895 mil 739. La obra fue entregada en abril de 2014.

DEFENSA SUSTENTA

La defensa de Villanueva Martinelli sustentó que la orden de indagatoria no procedía, porque el acusado no tenía como función adscrita por vía de ley determinar la finalidad de los proyectos y si eran o no necesarios para la institución.

Silvio Guerra, abogado del exfuncionario, alegó en el recurso que interpuso ante el juzgado, que la labor de Villanueva Martinelli era gestionar fondos para que una vez aprobados los proyectos y contratos fueran debidamente pagados. Por tal motivo, indicó que no se justifica la indagatoria pedida por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Este medio llamó a Guerra y le dejó mensajes en su celular para conocer mayores argumentos con relación a la decisión del juez, pero al cierre de esta edición no respondió.

OTRO CASO

En 2010, a comienzos del gobierno de Ricardo Martinelli, estalló el primer escándalo de corrupción de su administración. Se trató de una contratación directa dada a la empresa Borda Imagen, S.A., para bordar camisas con logotipos de las distintas instituciones gubernamentales por un valor superior de $22 mil.

Borda Imagen, S.A., era propiedad de familiares de Ricardo Martinelli. Según información del Registro Público, para esa fecha la presidenta de Borda Imagen, S.A., era Ana María Villanueva Martinelli, mientras que Diego Villanueva Martinelli fungía como tesorero. Ambos son sobrinos del expresidente Martinelli e hijos de Analida Martinelli Berrocal, hermana del entonces mandatario, quien aparece como secretaria de la referida empresa.

RECURSOS DILATAN CASO

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que la cantidad de recursos interpuestos por los imputados en este proceso ha impedido las indagatorias.

Solo el exjefe de la Senacyt ha presentado cuatro recursos para evitar ser indagado y todos han sido negados por el Juzgado Decimoséptimo.

Hasta ahora, la fiscalía no ha dispuesto indagatoria ni interrogatorio a Nicolás Corcione por este proceso.

Corcione también es investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna.

Con relación a este caso, el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, dictó un fallo el 4 de septiembre de 2015, según le compete a la Sala Penal de la CSJ –y no al MP– investigar a Corcione, dada su condición de directivo de la ACP.

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