PROYECTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

Sociedad civil seleccionaría a magistrados de la Corte

Aunque la comisión de notables mantuvo en el proyecto de reformas constitucionales la potestad del Presidente de designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con sujeción a la ratificación de la Asamblea, también fijó como requisito previo al nombramiento que los aspirantes sean seleccionados por un nuevo ente integrado por la sociedad civil organizada.

En efecto, en el proyecto de reformas constitucionales presentado el 30 de enero pasado al Ejecutivo, los notables incluyeron la figura de la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, que tendría la misión de confeccionar la lista de los aspirantes, la que, a su vez, sería entregada al Gabinete para que luego se proceda con los nombramientos.

Esta comisión estaría integrada por un representante del también nuevo Consejo Superior de la Judicatura, un designado del Colegio Nacional de Abogados, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el decano de una de las otras facultades de derecho del país con más de 20 años de establecida; un miembro de las organizaciones más representativas de la sociedad civil, otro del sector empresarial y uno más designado por los sindicatos.

Ninguno de los anteriores, salvo el de la Judicatura, podría ser funcionario del Órgano Judicial, Ministerio Público o Procuraduría de la Administración.

Además de preseleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, la comisión escogerá también a los aspirantes a magistrados del Tribunal Constitucional, al Fiscal General de la Nación (hoy Procurador de la Nación), y al Procurador de la Administración.

El Consejo Superior de la Judicatura, a su vez, sería un nuevo ente encargado de la administración del Órgano Judicial y de ser la entidad rectora de las carreras en esa entidad.

Esta organización asumiría las funciones de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema y estaría integrada por el presidente de esta; un representante de las asociaciones de jueces y magistrados, un miembro del Colegio Nacional de Abogados, el decano de una de las facultades de derecho del país con más de 20 años de establecida, un representante de los sindicatos, otro del sector empresarial y uno de las organizaciones de la sociedad civil.

Otras reformas

Al desaparecer la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema, los notables proponen la creación de una nueva Sala Cuarta o de lo social y laboral, que estaría formada por tres nuevos magistrados y entraría a regir en los primeros seis meses después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, prevista para el 2 de enero de 2014.

Por ello, según la propuesta de los notables, el número de magistrados de la Corte Suprema se elevaría de nueve a doce, su ratificación tendría que sustentarse con los votos de al menos dos tercios de los diputados de la Asamblea, y sus períodos serían por 20 años.

Para ser magistrado de la Corte se eleva la edad mínima de 35 a 45 años, y se les exige experiencia o título de postgrado en materia de competencia de la sala de la cual desean formar parte. Al mismo tiempo, se incrementa de 10 a 15 el número de años de experiencia requerida para aspirar al cargo.

No podrán ser elegidos los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros del Gabinete.

El presidente de la Corte ejercerá por cinco años en vez de dos (como hoy) y en ese período no tendrá funciones jurisdiccionales. Por él actuará su suplente.

En la jurisdicción contencioso administrativa, que “tiene por objeto ejercer el control judicial de la legalidad de los actos, omisiones, resoluciones, órdenes, normas o disposiciones de carácter administrativo que ejecuten, adopten, expidan o en las que incurran en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas los servidores públicos”, los notables incluyeron dos figuras.

La acción de lesividad, para que “el Estado pueda revertir, a través de un proceso, decisiones que producen daño y que, inmediata o eventualmente, pueden repercutir en contra de las arcas del Tesoro Nacional”; y la acción de cumplimiento, para que los particulares “cuenten con instrumentos ágiles para dar eficacia a las decisiones de las autoridades que les han favorecido, impidiendo que dichos pronunciamientos se conviertan en letra muerta”.

Sobre el presupuesto del Órgano Judicial, los notables proponen que no sea inferior al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno.

Dentro del capítulo destinado al Órgano Judicial, los notables no incluyeron la figura de la Corte Constitucional, pues esta tendría independencia de los demás órganos del Estado y asumiría funciones actuales del pleno de la Corte Suprema en materia de protección de la Carta Política y de la Sala Quinta en lo que respecta a las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Con las viejas y nuevas reglas constitucionales

La designación de los magistrados de la Sala Quinta, el reemplazo del magistrado Aníbal Salas, y el nombramiento de los suplentes de Hernán De León y Luis Ramón Fábrega no se harán de acuerdo con las reformas propuestas por los notables, que entrarían en vigencia el 2 de enero de 2014.

En lo que respecta a los magistrados de la Sala Quinta, el fallo de la Corte del 25 de enero de 2011 (que revivió la instancia luego de declarar inconstitucional la Ley 49 de 1999) autoriza al Ejecutivo para ese nombramiento, y ello está previsto en corto plazo.

Salas y su suplente Gabriel Fernández terminan sus períodos en la Corte el 31 de diciembre de 2012 y por tanto serán reemplazados según la ley vigente.

Lo mismo ocurrirá con los suplentes de los nuevos magistrados De León y Fábrega, que tomaron posesión el pasado 3 de enero.

Quienes sí serían escogidos con la nueva Constitución serían los reemplazos de Óscar Ceville y José Ayú Prado en la Procuraduría de la Administración y Procuraduría de la Nación, respectivamente, que terminan funciones el 31 de diciembre de 2014.

Ceville asumió en enero de 2005 y Ayú Prado en enero de 2011.

José Otero

Ahora sería Fiscal de la Nación

En el proyecto de reformas, los notables proponen cambiar el nombre del cargo de Procurador de la Nación por el de Fiscal de la Nación.

Además, plantean tres en vez de seis atribuciones del Ministerio Público (MP): “perseguir los delitos y las contravenciones de disposiciones constitucionales o legales; ejercer la acción penal en aquellos casos que determine la ley; y ejercer las demás funciones que determine la ley”. Dentro de las funciones del fiscal, incluyeron dos nuevas: “disponer la distribución de los asuntos entre las dependencias del MP; y velar porque los agentes del MP y demás entes que lo integran, desempeñen fielmente su cargo y que se les exija responsabilidad por faltas o delitos que cometan”.

También se eleva de 35 a 45 años la edad mínima para ser fiscal general, y de 10 a 15 años la experiencia para optar por el cargo. La Procuraduría de la Administración pasará a ser una institución independiente del MP; y a los institutos de medicina legal y defensoría de oficio se les daría autonomía presupuestaria.

Rafael Luna Noguera

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