Sociedad civil pide vetar reformas a la ley de contrataciones

Las oenegés reconocen que lo aprobado es un ligero avance, pero no cumple con las promesas de transparencia del Gobierno.

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Carlos Gasnell Carlos Gasnell

Carlos Gasnell Foto por: Jazmín Saldaña

Las agrupaciones de la sociedad civil no descartan llevar a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas. Las agrupaciones de la sociedad civil no descartan llevar a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas.

Las agrupaciones de la sociedad civil no descartan llevar a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas. Foto por: Jazmín Saldaña

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al mandatario Juan Carlos Varela que vete parcialmente el proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.

Las organizaciones solicitan al presidente que vete el proyecto para que se incluya en este, entre otros puntos, la prohibición de licitar con el Estado a empresas condenadas por corrupción en el extranjero.

Solicitan a Varela apegarse a promesa

Organizaciones de la sociedad civil reconocieron que el proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas y que ya fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, representa “un ligero” avance, pero pidieron al presidente Juan Carlos Varela que lo vete porque no va acorde con su promesa de transparencia en su plan de gobierno.

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Fundación para la Libertad Ciudadana y la Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP), recordaron a Varela que en su plan de gobierno se comprometió a adoptar “un sistema público de compra y contratación abierto, competitivo y transparente, con monitoreo público, así como exigencias de altos estándares de probidad a los proveedores y las sanciones ejemplares correspondientes”.

En un comunicado, las agrupaciones indicaron que esta promesa de campaña de Varela exigía la búsqueda de mecanismos para que empresas y los particulares detrás de ellas se vieran inhabilitados para participar en licitaciones o ser objeto de contratos directos de forma permanente, o por un término razonable, mientras la empresa enfrentaba las respectivas sanciones por haber participado en actos de corrupción, no solo en nuestro país, sino en otras jurisdicciones.

“Señor presidente, revise su promesa de campaña en el eje 2 sobre Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho y sus palabras de compromiso electoral, antes de sancionar el proyecto de ley 305”, señala el comunicado.

En el tercer debate del proyecto, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta para inhabilitar en las contrataciones con el Estado a las empresas condenadas en el extranjero por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la fe pública.

El proyecto aprobado solo incluyó la prohibición para contratar con el Estado a las empresas que sean condenas por corrupción en tribunales panameños.

Además de este artículo, los grupos de la sociedad civil solicitan que se vete las normas del proyecto relativas a los convenios marco para obras; la regulación de las contrataciones directas; el tope a las adendas; y que se unifique el sistema de compras para medicamentos.

Sandra Escorcia, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, pidió un veto parcial para que se revisen los puntos mencionados. “No queremos que esta ley de contrataciones se convierta en más de lo mismo, más corrupción, más procesos en los tribunales de justicia... para que pase nuevamente lo que ocurrió, que fue el peor robo al erario”, indicó.

Carlos Gasnell, presidente Ejecutivo de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, indicó que en el tema del convenio marco para adquisiciones de bienes de uso masivo se puede correr el riego de que se convierta en otro Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Expuso que las contrataciones directas no fueron analizadas a profundidad en la reforma y aseguró que poner un tope de 40% del valor total del contrato a las adendas “es un monto excesivo, que puede prestarse para arbitrariedades”.

Melva Reyes, de la CGTP, exigió al presidente que cumpla con su promesa de un proceso de contratación pública transparente, ya que el proyecto 305 mantiene los niveles de corrupción.

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