Ejecutivo eleva consulta

Solicitan celeridad en resolver indultos otorgados por Ricardo Martinelli

En sus últimos días como presidente, Ricardo Martinelli concedió perdones que han sido criticados por varios sectores de la sociedad.

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Varela (centro) y sus ministros afirman que se evalúan todas las posibilidades legales para anular los indultos otorgados por Martinelli. LA PRENSA/Archivo. Varela (centro) y sus ministros afirman que se evalúan todas las posibilidades legales para anular los indultos otorgados por Martinelli. LA PRENSA/Archivo.
Varela (centro) y sus ministros afirman que se evalúan todas las posibilidades legales para anular los indultos otorgados por Martinelli. LA PRENSA/Archivo.

La Procuraduría de la Administración deberá recomendar a la Presidencia de la República, en el menor tiempo posible, sobre el futuro de los indultos otorgados por el exmandatario Ricardo Martinelli.

A esta conclusión llegaron varios expertos consultados, luego de que el gobernante Juan Carlos Varela elevara una consulta legal a Óscar Ceville, procurador de la Administración, sobre las posibilidades legales para la derogación de estos perdones presidenciales.

“Todas las consultas tienen un plazo de 10 días hábiles dentro del cual se tiene que responder la materia consultada. Tratándose de un tema tan sensitivo como este, en el que pareciera que se violan algunas disposiciones, creo que amerita una consideración con el apremio que el momento merece”, afirmó Alma Montenegro de Fletcher, procuradora de la Administración entre 1994 y 2004.

La Ley 38 de 2000, que reglamenta la Procuraduría de la Administración, establece que a esta institución le corresponde servir de consejera jurídica en temas de administración pública, para así determinar cómo aplicar una ley o el procedimiento legal a realizar en determinado caso.

“La instancia de la Procuraduría de la Administración como ente consultivo sobre materia administrativa no tiene el peso para que sean de obligatorio cumplimiento, pero ahí cuenta mucho la sustentación”, destacó Montenegro de Fletcher, quien añadió que el mismo instrumento legal que se utilizó para elaborar el decreto de los indultos, podría usarse para derogarlos.

Por su parte, Rigoberto González, exsecretario general de la Procuraduría de la Nación, afirmó que si bien no es vinculante la recomendación del equipo de Ceville, sí es importante ya que es el que está facultado para estas consultas.

“Quieren ser lo más cuidadosos posibles para que no haya cuestionamientos de extralimitaciones de funciones. La consulta es sensata”, indicó.

A falta de unos días para terminar su gestión, Martinelli utilizó las facultades que le otorga la Constitución para otorgar 350 indultos. La mayoría fue cuestionada por la sociedad civil, ya que se incluyó a condenados por delitos comunes y no políticos, y a personas a las que todavía se les investiga.

DEBER DE LA CORTE

De acuerdo con el presidente Varela, uno de los motivos para elevar la consulta a la Procuraduría de la Administración fue para determinar si los indultos se podían derogar mediante un acto administrativo o si debían ser evaluados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema, es una de las que considera que es el Judicial es el que debe determinar el futuro de estos perdones.

“Le corresponde a la Corte Suprema ahora la facultad para proteger la Constitución. Ya se ha pronunciado y ha mantenido criterio jurisprudencial respecto a la facultad de indultar del Presidente, y ha dicho que si no tiene condena y que si no es delito político no se puede ejercer esta potestad”, dijo.

Varios ciudadanos panameños han presentado ante la Corte demandas de inconstitucionalidad por los indultos de Martinelli. Precisamente, la semana pasada la Corte declaró inconstitucional este beneficio que otorgó Martinelli, en 2010.

“Es positivo hacer análisis jurídico al respecto ante las autoridades competentes, pero el decreto de indulto de los presidentes no es un acto administrativo regular, sino que tiene un rango constitucional”, afirmó la exmagistrada ante la consulta de la Presidencia al procurador Ceville.

Arosemena de Troitiño pidó a la Corte que actúe de forma expedita en el tema. “Hay que demandarle a la Corte Suprema que resuelva de manera rápida, y no en cuatro ni cinco años”, dijo.

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