diligencia de indagatoria

Tamburrelli: ‘Martinelli me ordenó hacer el contrato’

La Fiscalía Segunda Anticorrupción dictó casa por cárcel para Giacomo Tamburrelli, el primer director del PAN en el gobierno de Martinelli.

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Giacomo Tamburrelli salió de la Fiscalía Segunda fuertemente custodiado –y en una caravana de vehículos– por agentes de la Dirección de Investigación Judicial. Giacomo Tamburrelli salió de la Fiscalía Segunda fuertemente custodiado –y en una caravana de vehículos– por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

Giacomo Tamburrelli salió de la Fiscalía Segunda fuertemente custodiado –y en una caravana de vehículos– por agentes de la Dirección de Investigación Judicial. Foto por: LA PRENSA/Roberto Cisneros

Giacomo Tamburrelli llegó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción en compañía de su abogado, Gonzalo Moncada Luna, y permaneció en ese despacho por espacio de casi 12 horas. Giacomo Tamburrelli llegó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción en compañía de su abogado, Gonzalo Moncada Luna, y permaneció en ese despacho por espacio de casi 12 horas.

Giacomo Tamburrelli llegó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción en compañía de su abogado, Gonzalo Moncada Luna, y permaneció en ese despacho por espacio de casi 12 horas. Foto por: LA PRENSA/Roberto Cisneros

El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli declaró ayer ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción que el expresidente Ricardo Martinelli “le ordenó” confeccionar el contrato por $45 millones para adquirir la comida deshidratada para las escuelas públicas del país, confirmaron fuentes judiciales.

Tamburrelli fue indagado por unas doce horas por la fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, quien le dictó la medida cautelar de casa por cárcel en el proceso que se le sigue por el supuesto delito de peculado con relación a los presuntos sobrecostos en el contrato adjudicado, en 2010, a la empresa Lerkshore International Limited S.A., cuyo presidente es Rubén De Ycaza.

“Martinelli fue el que me ordenó”, habría declarado Tamburrelli, quien en el interrogatorio “cooperó y reveló el modus operandi de cómo se hicieron muchas cosas [en el PAN], y mencionó el nombre de gente grande [funcionarios del pasado gobierno]”, comentó la fuente.

La medida de casa por cárcel habría sido una posible negociación entre Tamburrelli y la fiscalía, a cambio de su seguridad personal para que revele más detalles de la corrupción en el PAN.

El otrora secretario general de Cambio Democrático –el partido de Martinelli– salió anoche de la fiscalía fuertemente custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial, que lo escoltaron a su residencia.

El sucesor de Tamburrelli en la entidad, Rafael Guardia Jaén, en tanto, está detenido en una celda de La Gran Joya, por el supuesto delito de peculado.

No se descarta que Tamburrelli siga declarando en los próximos días para dar más detalles de los escándalos en el PAN.

La investigación contra Tamburrelli se inició el 21 de julio pasado, tras una denuncia anónima que dio detalles de cómo se hizo este contrato para obtener “dinero rápido, fácil y sin problemas”.

El empresario De Ycaza –a quien se le formularon cargos por supuesta estafa– también fue indagado ayer por la fiscalía, y su interrogatorio continuará hoy.

De Ycaza, a quien le han cautelado $4 millones en cuentas bancarias, habría recibido más de $17 millones entre mayo y junio de 2010 como adelanto por el contrato. En agosto de 2011, él y su esposa compraron una residencia en Miami, Estados Unidos.

Este medio llamó ayer al expresidente Martinelli para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no había dado respuesta.

(Con información de Santiago Cumbrera).

Casa por cárcel para Tamburrelli

Casa por cárcel e impedimento de salida del país. Estas fueron las medidas que le aplicó anoche la Fiscalía Segunda Anticorrupción al empresario Giacomo Tamburrelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), investigado en el proceso por la supuesta comisión de delitos de peculado en cualquiera de sus modalidades.

La investigación obedece a las irregularidades encontradas en un contrato de comida deshidratada por un monto de 45 millones de dólares, que tenía como intención la distribución de alimentos para 643 mil 833 estudiantes de primaria y premedia en 2 mil 675 escuelas públicas en todo el país.

A su llegada a la fiscalía, Tamburrelli, quien estuvo al frente del PAN entre el 1 de julio de 2009 y el 10 de agosto de 2012, manifestó a los medios que es inocente, que actuó con apego a la ley durante su gestión y que colaboraría con las investigaciones. Insistió en que compareció“voluntariamente”.

La indagatoria a Tamburrelli empezó a las 8:30 de la mañana y culminó pasadas las 8:00 de la noche, momento en que salió del edificio Avesa fuertemente custodiado por miembros de la Policía Nacional y agentes de la Dirección de Investigación Judicial hasta su residencia, ubicada en el área de Albrook.

Gonzalo Moncada Luna, abogado de Tamburrelli, dijo que la indagatoria de su cliente fue extensa y agotadora. Y se proseguirá con una ampliación de declaración de indagatoria en los próximos días. Mientras esto pasa, Tamburrelli estará en su residencia.

“Cuando se termine la ampliación de indagatoria, la fiscalía podrá tomar un nuevo criterio a la medida otorgada” agregó Moncada Luna.

Añadió que aún faltan pruebas que Tamburrelli debe presentar, como su declaración de bienes.

Tamburrelli negó que la comida deshidratada se encontraba vencida en el momento en que el PAN la adquirió, tal como fue denunciado.

“Yo sí creo que la seguridad de Tamburrelli se encuentra en peligro y la de su familia. Se siente que está un poco en riesgo y tal vez, de alguna forma, el hecho de que la diligencia se siga otro día es un beneficio para que tenga tranquilidad, porque ayer no se sentía muy bien, pero ese no fue el motivo por el cual se suspendió la indagatoria”, expuso Moncada Luna.

Moncada Luna se quejó de que supuestamente el despacho a cargo de la fiscal Lizzett Chevalier no cuenta con el personal ni el equipo logístico para hacer este tipo de diligencias.

La defensa de Tamburrelli indicó que han presentado diversas pruebas documentales para demostrar su inocencia.

Algunos de estos documentos, según la defensa, incluyen notas de familiares del actual gobierno, en las que expresan su agradecimiento por el programa de comida deshidratada.

Por otra parte, al empresario Rubén De Ycaza, presidente de Lerkshore International Limited, compañía a la que se le asignó el contrato de la comida deshidratada, también fue indagado ayer y se le formularon los cargos de estafa en perjuicio del Estado por parte de la fiscalía Segunda Anticorrupción.

La diligencia de De Ycaza fue practicada simultáneamente a la indagatoria de Tamburrelli.

La empresa Lerkshore International fue creada en Islas Vírgenes Británicas y se inscribió en el Registro Público de Panamá el 25 de marzo de 2010.

La inscripción de la empresa se realizó dos meses después de que el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, anunciara el reemplazo de la leche y galleta nutricional por la comida deshidratada.

Este era un programa que se desarrollaría en las escuelas primarias de todo el país y que se coordinaría con el Ministerio de Educación.

Por este caso, la fiscalía Chevalier cauteló una cuenta de 700 mil dólares que se encontraba a nombre de Amarilis Meléndez, esposa de De Ycaza.

Se informó que De Ycaza deberá comparecer hoy a la fiscalía para culminar su declaración indagatoria junto a su abogado, Rolando Rodríguez Chong.

Al empresario también le cautelaron 4 millones de dólares depositados en cuentas en los bancos Tower Bank y Balboa Bank and Trust.

Fuentes judiciales informaron que a De Ycaza se le aplicó una medida cautelar de impedimento de salida del país para garantizar que se presentará al proceso.

Rolando Rodríguez Chong, defensa del empresario De Ycaza, indicó que para hoy su cliente tendrá que ir nuevamente a la fiscalía para seguir con el proceso de indagatoria que ayer culminó a eso de las 6:00 de la tarde.

La fiscalía también tiene previsto llamar a otros funcionarios y exfuncionarios del PAN que conocían el sistema de contrataciones aplicado durante la pasada administración.

En este caso se intenta establecer si los refrendos de los contratos eran dictados por funcionarios de la Presidencia de la República.

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