CASO QUE PROVOCÓ LA RENUNCIA DEL PROCURADOR BONISSI

Tecnicismo tiene estancado sumario de ´narcoescándalo´

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha decidido si el caso debe ser ventilado por un tribunal superior o un juzgado de circuito.

Una decisión respecto a un tecnicismo mantiene paralizado desde hace ocho meses, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente sobre el escándalo de corrupción que estalló a finales de 2010 en el Ministerio Público (MP) y que provocó la renuncia del entonces procurador suplente Giuseppe Bonissi, así como la destitución y arresto de la fiscal de drogas de Herrera y Los Santos Milagros Valdés, y de la jefa de Recursos Humanos, Eva Lorentz.

En efecto, fuentes del Palacio de Justicia confirmaron que el expediente está en el despacho del magistrado Jerónimo Mejía desde el 8 de septiembre de 2011, luego de que fuera remitido por el Juzgado Cuarto Penal para dilucidar un conflicto de competencia.

Dos días antes, el 6 de septiembre de 2011, el fiscal auxiliar y designado como procurador especial en este caso, Dimas Guevara, envió las conclusiones del proceso al Juzgado Cuarto Penal con una solicitud de llamamiento a juicio para seis de los imputados y el sobreseimiento definitivo de los otros dos.

Sin embargo, como en la investigación se incluyó a la fiscal segunda superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, el juzgado se declaró impedido de conocer las sumarias, pues se trata de una funcionaria con mando y jurisdicción nacional y, por ende, debe ser procesada por un tribunal superior y no por uno de circuito.

Transcurridos ocho meses, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha tomado una decisión en cuanto a qué esfera corresponderá determinar si acoge la recomendación del fiscal Guevara de sobreseer definitivamente a Nedelka Díaz por los delitos de corrupción de funcionario y blanqueo de capitales.

La semana pasada, Díaz anunció que se acogería a su jubilación, después de más de 25 años de servicio en el Ministerio Público, la que haría efectiva a partir de su retorno de dos meses de vacaciones, que tomó desde el pasado viernes.

Lo anterior significa, de acuerdo con las fuentes consultadas, que la Corte Suprema de Justicia podría declinar la competencia en un juzgado de circuito, ya que Díaz dejará de ser una funcionaria con mando y jurisdicción nacional.

El ´narcoescándalo´

La investigación de este caso se inició el 22 de septiembre de 2010, luego de que el procurador Bonissi recibiera una alerta, por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sobre la existencia de un plan para liberar a cinco personas investigadas después del decomiso, el 21 de agosto de ese mismo año, de una avioneta con rastros de drogas en la finca La Hondita de Santa Ana, en la provincia de Los Santos.

De acuerdo con el informe entregado por la representación de la DEA en el país al procurador Bonissi, la estrategia consistía en aprovechar que el entonces fiscal de Drogas de Herrera y Los Santos Markel Mora había sido enviado de vacaciones, para liberar a los sospechosos en el caso de la narcoavioneta.

Mora fue removido temporalmente de su cargo, como consecuencia de una serie de publicaciones de prensa y de un informe de la entonces jefa de Recursos Humanos del MP Eva Lorentz, que daban cuenta de supuestas irregularidades en el manejo de casos en la oficina antinarcóticos de Azuero.

Tras la salida de Mora, las autoridades de la Procuraduría de la Nación nombraron en su reemplazo a Milagros Valdés, que previamente había laborado en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Su designación se hizo efectiva el 22 de noviembre de 2010, apenas dos meses después de que Valdés fuese contratada como secretaria judicial en esa fiscalía.

Al rendir declaración indagatoria, Valdés dijo que fue contactada el 15 de septiembre de 2010 por el abogado José Alcibiades Ballesteros, quien le ofreció un trabajo en el MP a cambio de liberar a unas personas detenidas en Los Santos. Dos días después, recibió una llamada de Eva Lorentz y le dieron la vacante.

El mismo día de ser designada como fiscal, Valdés ordenó ampliar la declaración indagatoria rendida por tres de los cuatro imputados en el caso de la narcoavioneta: Miguel Ángel Castillo Peralta, Avelino Ríos Valdés y Miguel Ángel Castillo Domínguez. El cuarto acusado, George Guillén, estaba prófugo.

La diligencia de ampliación terminó el 24 de noviembre y, al día siguiente, el 25, los dejó en libertad.

Más tarde, el 3 de diciembre, remitió el expediente al Órgano Judicial con una solicitud de sobreseimiento de todos los imputados y, según consta en la vista fiscal (a la que este diario tuvo acceso), en todo ese proceso Valdés mantuvo comunicación directa con Eva Lorentz.

El 24 de diciembre de ese mismo año, Bonissi presentó la renuncia tras admitir que el crimen organizado había penetrado el MP.

>>> La vinculación de la fiscal

La vinculación en el caso de la fiscal segunda superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, y de su hijo, Ángel Castillo Díaz, surgió después de las declaraciones dadas al Ministerio Público (MP) por María Esilda Guadalupe Guillén, hermana de George Guillén, uno de los cuatro sospechosos en el caso de la narcoavioneta. En sus declaraciones, Guadalupe Guillén aseguró haber recibido una llamada telefónica de un hombre llamado Ángel, hijo de la fiscal Díaz, quien le ofreció resolver “el problema” si le pagaba 450 mil dólares. Al rendir testimonio, la joven afirmó que sabía que para ese momento Díaz era la secretaria general del MP.

Sin embargo, la vinculación de la fiscal y de su hijo nunca fue acreditada por el MP y, de hecho, en su vista fiscal del 6 de septiembre de 2011, el fiscal auxiliar Dimas Guevara pidió el sobreseimiento definitivo de ambos.

Además, Guevara solicitó el llamamiento a juicio de la exfiscal Milagros Valdés; de la exjefa de Recursos Humanos del MP, Eva Lorentz, del abogado Alcibiades Ballesteros, y de los sospechosos en el caso de la avioneta George Guillén, Miguel Ángel Castillo Domínguez y Avelino Ríos, todos acusados por el delito de corrupción de servidores públicos.

Un cuarto sospechoso en el caso de la narcoavioneta, Miguel Ángel Castillo Peralta, murió de un infarto estando prófugo, el 14 de marzo de 2011.

Juan Manuel Díaz C.

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