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BRASIL

Temer ‘intentó obstruir’ caso Lava Jato

El máximo fiscal de Brasil acusó al presidente Temer de corrupción y obstrucción a la justicia, en momentos en que el mandatario lucha por sostenerse en el cargo.

Temas:

El propietario de la compañía cárnica JBS, Joesley Batista, dijo que le pagó a Temer sobornos desde 2010 hasta este año, entre otras acusaciones. El propietario de la compañía cárnica JBS, Joesley Batista, dijo que le pagó a Temer sobornos desde 2010 hasta este año, entre otras acusaciones.
El propietario de la compañía cárnica JBS, Joesley Batista, dijo que le pagó a Temer sobornos desde 2010 hasta este año, entre otras acusaciones. Evaristo Sa

El presidente Michel Temer fue acusado por la Fiscalía de Brasil de tentativa de obstrucción a la justicia, en un nuevo golpe para el mandatario conservador que ayer trataba de impedir una desbandada de aliados para permanecer en el cargo.

Según la Fiscalía General, Temer habría actuado en coordinación con el senador Aécio Neves, suspendido el pasado jueves, para poner palos en las ruedas de la operación Lava Jato, que investiga una vasta red de sobornos en la estatal Petrobras. “Se verifica que Aécio Neves, en articulación, entre otros, con el presidente Michel Temer, buscaron impedir que avancen las investigaciones de Lava Jato, sea a través de medidas legislativas o por medio del control de nombramientos de los comisarios de la Policía que conducirían las investigaciones”, afirmó el fiscal general, Rodrigo Janot, en su pedido para que la Corte Suprema autorice la investigación, al que accedió la AFP. “De esta manera, se vislumbra igualmente la posible práctica de delito de obstrucción a la justicia”, concluye.

En la solicitud a la Corte, los fiscales señalan que “uno de los crímenes cometidos teóricamente es la corrupción pasiva, que como se sabe, implica precisamente el uso del cargo, empleo o función pública”.

Las acusaciones se basan en delaciones premiadas de ejecutivos del gigante mundial de la alimentación JBS, entre ellos sus dueños Joesley y Wesley Batista.

Brasil vive en estado de conmoción política desde que el miércoles el diario O Globo reveló una conversación entre Temer y Joesley Batista, en la que el jefe de Estado da su “anuencia” al pago de un soborno para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, encarcelado por corrupción.

“Se desprende de los elementos recolectados el interés de Temer en mantener a Cunha controlado”, señala el texto del fiscal.

En esa reunión, Temer también indicó a Batista que podía contactar al diputado Rodrigo Rocha Loures, un estrecho aliado, para discutir temas de interés de su grupo empresarial.

Las autoridades registraron luego a Batista y Loures discutiendo delitos, como garantizar la coincidencia de versiones de acusados en el caso Petrobras o la compra de su silencio.

El jefe de Estado, de 76 años, rechazó tajantemente esas acusaciones, así como los llamados a que presente su renuncia.

El mandatario se reunió ayer por la mañana con sus asesores legales y desplazó para la tarde una audiencia con el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y con los mandos militares. “El gobierno está trabajando en tres frentes para volver a la normalidad después de la crisis: político, judicial y económico. El propio presidente forma parte de las negociaciones con la base aliada”, dijeron fuentes del Palacio Presidencial de Planalto.

La crisis se produce un año después de la caída de la presidenta Dilma Rousseff, acusada por el Congreso de manipular las cuentas públicas. Ese impeachment posibilitó la llegada al poder de Temer, quien era su vicepresidente, para completar el mandato hasta finales de 2018.

Temer enfrenta desde el pasado jueves ocho pedidos de impeachment, aparte de un proceso en la justicia electoral que podría anular los comicios de 2014, por presuntos aportes de campaña de la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en el escándalo Petrobras.

La presión social también crece. Miles de personas gritaron el jueves “¡Fora Temer”! en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, y hay más manifestaciones previstas para el fin de semana.

La exministra y senadora ecologista Marina Silva, que en las presidenciales de 2014 obtuvo casi 20% de los votos, declaró que Temer “no está en condiciones de gobernar”. Y el expresidente del Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa comentó en su cuenta de Twitter: “No hay otra salida: los brasileños tienen que movilizarse, ir a las calles y reivindicar con fuerza la renuncia inmediata de Michel Temer”.

El diario O Globo se unió al coro con un duro editorial: “La renuncia es una decisión unilateral del presidente. No es lo mejor para sí mismo, pero sí para el país”.

Un eventual juicio político solo prosperará si la coalición que apoya a Temer, o al menos una parte de ella, le da la espalda. “Por eso, la primera cuestión es saber si los partidos que forman la base del gobierno dejarán el gobierno”, expresó Thomaz Pereira, profesor de derecho constitucional en la Fundación Getulio Vargas en Río.

Por ahora, su gabinete solo sufrió una baja: el ministro de Cultura, Roberto Freire, que renunció al cargo el mismo jueves.

Lava Jato ya ha llevado a la condena de 90 políticos y empresarios y a la investigación de legisladores y ministros del gabinete de Temer.

El juez del STF Edson Fachin, que supervisa el caso, escribió que una investigación inmediata sobre Temer es necesaria porque hechos criminales “están ocurriendo o están por ocurrir”.

Temer dijo el jueves, en una alocución al país, que no renunciaría a la Presidencia, pese a que se conoció una grabación en la que conversa con el presidente del directorio de JBS, Joesley Batista, y aparentemente consiente en que haya pagos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien está preso por corrupción. “El presidente no cree en la veracidad de las declaraciones” en la grabación, dijo la Presidencia en un comunicado.

Cunha dirigió en 2016 el juicio político contra la entonces presidenta Rousseff. Muchos políticos temen que Cunha testifique a favor de la acusación y que implique a decenas de legisladores y funcionarios.

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