AMADOR

Terrenos privados, en la mira

Con la ampliación de Amador se pueden dar interferencias en la propiedad privada del área, incluso se habla de posibles expropiaciones.

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La ampliación de cuatro kilómetros, que supondrá la culminación de una vialidad de alta capacidad –que incluye la tercera fase de la cinta costera–, conectará de manera expedita la calzada de Amador con la ciudad de Panamá. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga. La ampliación de cuatro kilómetros, que supondrá la culminación de una vialidad de alta capacidad –que incluye la tercera fase de la cinta costera–, conectará de manera expedita la calzada de Amador con la ciudad de Panamá. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.
La ampliación de cuatro kilómetros, que supondrá la culminación de una vialidad de alta capacidad –que incluye la tercera fase de la cinta costera–, conectará de manera expedita la calzada de Amador con la ciudad de Panamá. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.

El proyecto de mejoramiento y ampliación de cuatro kilómetros de la calzada de Amador, corregimiento de Ancón, podría implicar la expropiación de terrenos para el desarrollo de la obra.

Así consta en una nota enviada por la empresa Ininco S.A., encargada del proyecto, a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), el pasado mes de febrero.

La misiva de 12 páginas respondía a la solicitud del director de Evaluación y Ordenamiento Territorial de la Anam, Orlando Bernal, que solicitaba a Ininco S.A. complementar la información del estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, sobre esta obra que asciende a $66.5 millones y cuyo promotor es el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Bernal señaló que el EIA indicaba algunas interferencias a la propiedad privada, refiriéndose al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) y Marina de Isla Naos en La Playita.

Ante la situación, el funcionario de la Anam exigió presentar una autorización por parte de los afectados para desarrollar el proyecto dentro de su concesión.

Incluso solicitaban indicar las medidas de mitigación para minimizar los impactos durante el proceso de relleno al medio acuático y en cuanto a la turbiedad producto del material rocoso que se generará.

La respuesta de la empresa constructora fue tajante. Alegó que se trata de un proyecto de Estado, cuyo promotor es el MOP y que la finalidad es crear una obra de utilidad pública.

Además, hicieron referencia al artículo No. 1 de la Ley No. 57 del 30 de septiembre de 1946, que declara “obras de utilidad pública la apertura y construcción de calles y de vías de toda clase en el territorio de la República; los terrenos necesarios para tales obras,... y los ensanches y mejoras de cualesquiera clases en las vías de comunicaciones que se dejan mencionadas...”.

También mencionaron el artículo No. 3 de esta normativa que establece que “cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del Gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma”.

Ininco S.A. sostuvo que el MOP cuenta con la Resolución No. 009-11 del 20 de enero de 2001, por la cual se establece el procedimiento de pago de afectaciones de propiedades por la ejecución de proyectos de la institución en todo el país, sin especificar la cantidad de dinero que dispone para dicha finalidad.

Por otro lado, en caso de no lograrse una negociación como se ha planteado, se promoverá el juicio de expropiación correspondiente. “En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución, el Gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente”, detallan en la carta.

Ininco S.A. también dijo a su favor que durante la etapa de consultas ciudadanas tuvo un acercamiento con representantes del STRI y la Marina de Isla Naos en La Playita.

Consideraciones

Sobre este tema, el director encargado del STRI, Harilaos Lessios, reaccionó a la ejecución de este proyecto en diciembre pasado.

En una nota enviada al titular del MOP, Jaime Ford Castro, el director encargado del STRI indica que “... creemos que lo anterior traerá una pérdida de las singulares características del área, aunando a una sobrecarga de comercialización”.

Lessios sostuvo en la nota que estos trabajos conllevarán afectaciones a los estudios y experimentos científicos que la entidad lleva a cabo en Amador, algunos de ellos con datos recopilados durante muchos años.

Por ello, el investigador solicitó más reuniones para llegar a acuerdos y asegurar que el MOP tenga la información requerida sobre las propuestas y necesidades que la entidad demanda para minimizar el impacto en su misión científica y educativa.

De acuerdo con el EIA del proyecto, la obra central no solo se limita a la construcción de cuatro kilómetros de carretera, sino que incluye la edificación de un parque, jardines, colocación de juegos infantiles, rampa para patinetas, 70 estacionamientos y 8 miradores.

El EIA, que tiene dos tomos, fue elaborado por la consultora The Louis Berger Group, Inc. y aprobado el pasado 13 de marzo por la Anam. La obra deberá estar lista en noviembre de 2015.

investigación

El exdirector de Legal de la Anam Harley Mitchell hijo indicó que esta administración pública se ha caracterizado por no interesarse por el respeto a la investigación en materia de recursos naturales y ambientales.

Mitchell acotó que el artículo primero de la Ley No. 24 de 7 de junio de 1995 señala que la investigación sobre la vida silvestre es de dominio público, por tanto el Estado panameño debería ser el primer interesado en que las actividades que lleva a cabo este instituto se realicen con la menor perturbación posible.

El coordinador de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gerónimo Espitia, dijo que ante la indiferencia de las autoridades se requiere apoyar al STRI, porque este proyecto le causará perjuicio a la investigación oceánica.

Espitia agregó que esta ampliación atenta contra el plan maestro de Amador, que está vigente y buscaba mantener el atractivo natural del área.

Mientras que la exdirectora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza Alida Spadafora indicó que esta obra es otra improvisación más del gobierno y que no obedece a un plan integral, pues se compromete el saneamiento ambiental con la proliferación de hoteles y restaurantes no planificados, entre otros.

NIEGAN EXPROPIACIÓN

Por su parte, el director de contrato de Ininco S.A. Carlos Pérez negó que se pretendan hacer expropiaciones en el sector de Amador. No obstante, al enviarle las copias de los documentos que reposan en la Anam, donde constan estos señalamientos, indicó que el MOP era el ente correspondiente para brindar una respuesta sobre el tema.

El director de Proyectos Especiales del MOP, Carlos Ho, reconoció las afectaciones que se harán a las dos estructuras que existen en el área del proyecto.

Sin embargo, destacó que mientras se realizaba el proceso de aprobación del EIA el equipo técnico se reunió varias veces con los posibles afectados y se les explicaron los detalles y afectaciones.

Ho expresó que en el caso del STRI la afectación podría ser sobre la toma de agua de mar en el lado de la bahía de Panamá y la operación del muelle, pero que ambos serán atendidos con base a lo establecido en el plan de manejo ambiental que contempla el proyecto.

Los estudios y planos de ingeniería plantean que no habrá necesidad de afectar propiedades o concesiones en el área, por lo que no habrá pagos a ninguna persona y mucho menos expropiaciones, dijo Ho.

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