Tierra de disputas

Fue hace poco más de 10 años, en abril de 2003, cuando se reunieron en Ipetí, comarca de Madungandí, al este de la provincia de Panamá en la parte alta de la cuenca del río Bayano, los caciques generales de las comarcas gunas (Guna Yala, Madungandí y Wargandí). Querían expresarse y tomar acción sobre inquietudes comunes.

Una de las resoluciones que se originaron allí instaba al Ministerio de Gobierno a que se aplicaran las normas de la Ley 24 de 1996, que había creado esa comarca, y advertencias sobre la presencia ilegal y abusiva de colonos.

También exigía al Estado el pago resultante de la demanda hecha por la comarca ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por daños y perjuicios ocasionados a sus habitantes, tras la construcción de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz (Bayano) en la década de 1970.

Dos años más tarde de esa histórica reunión, poco se había avanzado. En octubre de 2005 funcionarios e indígenas se reunieron en la sede de la Dirección de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia para discutir el tema de la supuesta invasión de colonos en tierras comarcales. Se trataba de unas 75 familias que vivían en las áreas de Tortí, Wacuco, Curtí y Loma Bonita, áreas que los indígenas reclaman como propias.

Si bien había colonos que ocupaban tierras desde antes de la constitución de la comarca, otros llegaron después. Con estos últimos es que los indígenas han tenido más problemas. Los campesinos pobres han emigrado en los últimos 20 años desde las provincias centrales y Chiriquí hacia Panamá este y Darién en busca de tierras para la agricultura y la ganadería, presionando las reservas naturales y las comarcas indígenas. Ello ha generado toda clase de conflictos.

En marzo de 2006 se acordó crear una institución comarcal competente para tratar las incursiones a tierras comarcales. También se acordó hacer modificaciones a la ley que crea la comarca y la incorporación de la figura del corregidor comarcal.

Las nuevas medidas no se pusieron de inmediato en ejecución por lo que el malestar y los incidentes entre colonos e indígenas continuaron.

En octubre de 2007, un cierre de la carretera Panamericana por parte de indígenas que protestaban por el lento avance de las soluciones a sus reclamos motivó un choque con las autoridades, con un saldo de 10 policías y tres indígenas heridos. Catorce indígenas fueron detenidos.

El 15 de noviembre de ese año, líderes de la comarca se reunieron en la capital con la gobernadora de Panamá Gladys Bandiera, para exigir respuesta a sus reclamaciones.

A finales de ese año, un proyecto de ley de tierras colectivas, dirigido a resolver algunos conflictos en zonas ocupadas por indígenas que quedaron fuera de las comarcas, volvió a generar recelos y desconfianza.

En abril de 2008 fueron los propios campesinos los que pidieron la intervención del gobierno para resolver el problema de tierras, invasiones y confrontación con los indígenas. Los campesinos denunciaban la presencia de indígenas armados cerca de sus viviendas. Los colonos insistían en que ocupaban tierras nacionales, no de la comarca y que los indígenas las tenían “ociosas” y solo las usaban para sacar madera.

Funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente, de Reforma Agraria y del Ministerio de Gobierno y Justicia realizaron una gira por diversos poblados de Madungandí para mediar en el conflicto de tierras.

En junio, finalmente, el entonces presidente Martín Torrijos firmó el decreto de nombramiento del corregidor comarcal. Un mes más tarde se creó una comisión interinstitucional para tratar temas indígenas, entre los cuales estaba el conflicto de Madungandí.

A finales de ese año se aprobó el proyecto de tierras colectivas. Sin embargo, un artículo del documento, el 17, fue objetado por caciques emberás, wounaan y guna. El Ejecutivo insistía en incluir las comarcas de Wargandí y Madungandí en los municipios de Chepo y Chepigana, respectivamente, a fin de brindarles a los corregidores de ambas comarcas un superior administrativo. Los caciques alegaban que ello menoscababa su autoridad en esos territorios.

Tres años después, se presentaron procesos de desalojo en la zona, que avivaron las tensiones.

En octubre de 2012, 14 ranchos de colonos campesinos ardían a lo largo de la vía Panamericana a la altura de Tortí. Las acciones estaban respaldadas por miembros de la Policía Nacional que efectuaban un desalojo de asentamientos ilegales.

Los colonos se quejaron de haberse quedado sin techo ni sembradíos, a pesar de haber vivido allí por más de 10 años. El operativo de desalojo había sido autorizado por el viceministro de Gobierno Gustavo Pérez.

Un mes más tarde, campesinos de Alto Bayano, Chepo, presentaron una denuncia por abuso de autoridad en contra del corregidor especial de la comarca Guna de Madungandí, Briceño Garibaldo, por desalojarlos. El grupo alegaba que tenía derechos posesorios sobre las tierras de las que los habían sacado. El grupo también presentó una solicitud de mediación en la Oficina de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno.

Un año más tarde, en octubre de 2013, los indígenas volvieron a cerrar la carretera en demanda del desalojo de 150 familias de colonos. El Ministerio de Gobierno debió mediar con los manifestantes para lograr la reapertura de la vía.

El desalojo, programado para el 3 de octubre fue frenado por la interposición de un amparo de garantías constitucionales por parte de los afectados. Sin embargo, la presión indígena continúa.

Otro caso panameño ante la Corte IDH

El 26 de febrero de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otro proceso internacional contra el Estado panameño, tras “el incumplimiento de su obligación de proveer a los pueblos indígenas Guna de Madugandí y Emberá de Bayano un procedimiento efectivo para el acceso a su territorio ancestral, y por falta de respuesta a las múltiples denuncias de injerencia dentro de sus territorios por terceros”. Los gunas de la comarca de Madungandí y los emberá del Alto Bayano habían denunciado al Estado panameño ante la CIDH, por la violación a sus derechos fundamentales y el incumplimiento de los sucesivos gobiernos desde la década de 1970, de buscar una solución tras el desalojo debido a la construcción de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. La CIDH consideró que el Estado panameño no atendió a tiempo sus sugerencias.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código