Llaman la atención a los alcaldes

Toque de queda, flojo

Tras dos años de su adopción por el Gobierno, el procedimiento no muestra efectividad para solucionar el problema.
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Un padre angustiado acudió a poner una denuncia porque creía que su hija, una estudiante de 15 años residente en Arraiján, había sido secuestrada.

Cuando llegó a la Policía, el padre descubrió que la menor no había sido plagiada: había sido retenida en medio de uno de los operativos por el “toque de queda”.

Su hija tenía meses sin asistir a la escuela. Todas las mañanas salía uniformada de su casa, pero se metía en el baño de un restaurante, se quitaba el uniforme y se ponía unos pantalones cortos. Del restaurante se iba con un adulto, en un vehículo, todos los días.

Esta chica es una de los 19 mil 49 menores que han sido retenidos en los dos años que lleva ejecutándose el toque de queda en todo el país, según las cifras oficiales de la Policía de Niñez y Adolescencia.

En el distrito de Panamá, que incluye las zonas metro este, metro norte, metro oeste y la canalera, se ha retenido a 5 mil 697 menores en estos dos años de gobierno de Ricardo Martinelli.

La provincia de Los Santos es la zona del país donde menos capturas de menores se han dado, con 411. Curiosamente, en Colón, que es una de las provincias con los índices de violencia más altos, solo han sido detenidos 2 mil 897 menores en estos operativos. En tanto, San Miguelito solo reporta mil 767.

Aura Grisales, vocera del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), informó que en la provincia de Darién no se hacen toques de queda, sino operativos de profilaxis donde se detiene a los menores en bares y cantinas.

Llamado de atención

Durante los dos primeros fines de semana del presente mes de agosto, fue frecuente apreciar en televisión las imágenes de los operativos llevados a cabo por el Municipio de Panamá.

Eso no fue una casualidad.

En una “reunión-seminario” celebrada el 29 de julio pasado, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, hizo un fuerte “llamado de atención” a los 11 alcaldes de la provincia para que cumplieran con los toques de queda.

La resolución de toque de queda del 27 de julio de 2009 prohíbe a los menores de 18 años salir a la calle, de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., sin la compañía de un adulto. Los viernes y sábados la prohibición es a partir de las 10:00 p.m. Los que sean aprehendidos por circular a deshoras deberán pagar una multa de 50 dólares o 100 dólares en caso de reincidencia.

La Gobernación se quejó porque las alcaldías no reportan los resultados de sus operativos y algunas ni siquiera cuentan con un recinto habilitado para acoger a los menores infractores. En la citada resolución se establece que las alcaldías deben remitir las estadísticas cada 15 días.

Correa les avisó que antes del 12 de agosto tenían que enviarle las estadísticas actualizadas. Solo han cumplido las alcaldías de La Chorrera, Taboga y San Carlos.

Roberto Tejeira, secretario general de la Gobernación de Panamá, opinó que las alcaldías han “aflojado” con los toques de queda. Entiende que en lugares apartados y pequeños como Taboga y Chimán no se den grandes capturas de menores, y si ocurren, estos son sancionados con trabajos comunitarios porque muchos no tienen con qué pagar.

Dinero por las multas

Reinaldo Morales, coordinador de corregidores de la Alcaldía de Panamá, manifestó que a ellos no les corresponde aplicar el toque de queda, sino a la Policía de Menores.

“Nosotros dependemos de los menores que son remitidos a nosotros. Hay corregidurías que en un mes nunca ven un caso de toque de queda”, señaló Morales.

No obstante, admitió que justo después de que la gobernadora Correa les llamara la atención, la Alcaldía coordinó con la Policía de Menores para hacer los operativos en la calle.

El viernes 5 de agosto encontraron a más de 30 menores en una sala de eventos en Bethania consumiendo bebidas alcohólicas.

El 12 de agosto aprehendieron a 15 menores en dos discotecas de la capital. Ese día detectaron a una joven colombiana que ingresó a una discoteca en Punta Pacífica con un carné falso de una universidad de Chile.

Se estima que las alcaldías en todo el país, que son las responsables del cobro de la multa por toque de queda, han recaudado 952 mil 450 dólares. Aunque hay casos en donde los padres no reclaman a sus hijos y estos quedan bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), por lo que no pagan la sanción.

El alcalde Bosco Vallarino ha dado instrucciones para que se envíen las estadísticas a la Gobernación en los primeros cinco días de cada mes.

Vallarino opina que es el Ministerio de Desarrollo Social el que debe “hacer la inversión” para construir un recinto que albergue a los menores retenidos. Prometió tomar cartas en el asunto y que el próximo año llevará esa propuesta al Consejo Municipal.

En tanto, Luis Donadío, director de Asesoría Legal de la Alcaldía de San Miguelito, expresó que ellos sí cumplen con los toques de queda.

Señaló que si la Gobernación no tiene las estadísticas de este distrito, es por una “interferencia en la comunicación”.

Donadío dijo que han dado instrucciones para que las estadísticas sean recopiladas y remitidas mensualmente a la Gobernación de Panamá.


El plantón del personal de Vallarino

Mayín Correa entró en cólera cuando se percató de que ningún funcionario del Municipio de Panamá le prestó atención a la reunión a la que convocó para hablar del “toque de queda”, el pasado 29 de julio.

Tres días después, el 1 de agosto, Correa le escribió una carta al alcalde Bosco Vallarino para expresarle su malestar y quejarse porque cinco funcionarios del Municipio, que supuestamente acudieron a la reunión en su representación, se retiraron antes de que esta acabara. Los cinco funcionarios que confirmaron su asistencia a esa cita fueron Eliades Serrano (secretario general), Cristina Ciniglio (directora de Legal y Justicia), Ana Julia Pérez (secretaria judicial), Reinaldo Morales (coordinador de corregidores) y Luis Benítez (jefe de vigilancia municipal). Cuando pasaron lista, ninguno se encontraba presente en el recinto.

La ausencia de los funcionarios se constató cuando Cristina Díaz, de la Procuraduría de la Administración, pidió a los funcionarios de la Alcaldía de Panamá que se identificaran, pero “todos se habían retirado”.

“Resulta irresponsable que vuestros funcionarios se hayan retirado”, escribió Correa en la carta que dirigió a Vallarino. El alcalde dijo que ya regañó a su personal. “Yo los entiendo y los comprendo, pero no los justifico. Fue un error de criterio el que no se quedaran hasta el final, eso no se va a a repetir”, indicó el alcalde.

Rubén Polanco


¿A dónde se llevan a los infractores?

Cuando un menor de edad es retenido por deambular a deshoras, es conducido a la subestación policial más cercana. Uno de sus padres, tutores o acudientes debe ir a la corregiduría a pagar 50 dólares de multa para su liberación.

Si nadie reclama al menor aprehendido, este es llevado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Enilka Cárdenas, coordinadora del programa de atención preventiva de Senniaf, explica que una vez el menor es llevado a esa entidad, se hacen las gestiones para ubicar a los padres o un familiar responsable. Si nadie responde, el menor es llevado a un albergue temporal. Cárdenas dijo que cuando son menores “en riesgo” se les da orientación psicológica y se les supervisa con citas de seguimiento. Emilsa Moreno, jefa de la Policía de Niñez y Adolescencia, explicó que coordinan con las alcaldías cuando se van a hacer operativos en locales en los que, se sospecha, hay menores sin la supervisión de un adulto o tomando alcohol. “Esos menores que están en la calle están en riesgo porque pueden ser víctimas de algún delincuente. Por eso son aprehendidos”, expresó Moreno.

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