LA VISTA DEL CASO CEMIS

´Torrijos: un efecto nocivo´

El magistrado Abel Zamorano pidió al pleno de la Corte aplicar una medida cautelar de país por cárcel al expresidente de la República.

“Un efecto nocivo para la democracia, la economía nacional y la ley” ocasionó el expresidente Martín Torrijos cuando en 2001 usó sus influencias como secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) al entregar dinero a los 34 legisladores de ese partido para que aprobaran el contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis). Por ello, debe ser procesado penalmente.

En cambio, el diputado del partido Cambio Democrático Carlos Afú, en 2001 legislador del PRD, a pesar de que sabía que recibió dinero de procedencia ilícita por su voto a favor del contrato, se arrepintió, denunció los hechos a tiempo y con ello puso al descubierto uno de los casos de corrupción más sonados en el país. Por ello, se le debe sobreseer.

Las anteriores son dos de las conclusiones a las que llegó el magistrado de la Corte Abel Zamorano, quien fungió como fiscal en la investigación que hizo esa corporación de justicia por el supuesto pago de sobornos a legisladores para la aprobación del Cemis en diciembre de 2001, vista fiscal en la que, de hecho, pidió el enjuiciamiento de Torrijos y el sobreseimiento de Afú, imputados en el sumario.

Zamorano pidió, además, que se le aplique una medida cautelar de país por cárcel a Torrijos, para evitar que evada el proceso, petición que generó reacciones por parte de sus abogados James Bernard y Carlos Carrillo, quienes señalaron que para ellos es la primera vez que se pide el llamamiento a juicio de un acusado que no ha sido indagado.

Bernard anunció que presentará una oposición a la vista fiscal, porque se han violado las garantías fundamentales de Torrijos desde el mismo momento en que el magistrado Alejandro Moncada (anterior fiscal del caso) lo llamó a indagatoria a pesar de que tenía fuero electoral, y más ahora que se emite una vista fiscal sin que se hayan resuelto ocho incidentes de controversia.

Por su parte, Félix Antinori, defensor de Afú, dijo sentirse complacido con las peticiones de Zamorano, ya que su cliente fue señalado casi por 10 años como un corrupto, y ahora queda demostrado quién era en realidad el corrupto. Además, celebró que el magistrado hiciera un llamado a Torrijos, “para que dé la cara”.

conclusiones

Según la vista fiscal, “quedó demostrado” que Torrijos fue la persona que giró las instrucciones para que el 28 de diciembre de 2001 se recibiera en la Asamblea una cajeta con 200 mil dólares en efectivo y se repartieran a razón de 6 mil dólares a cada uno de los 34 legisladores que el PRD tenía en ese momento; ello, por haber votado a favor del Cemis.

Según el documento, en la investigación también “se comprobó” que el dinero que llegó a la Asamblea para el pago de los sobornos provenía de cuentas bancarias del Consorcio San Lorenzo, promotor del Cemis.

Torrijos, según la vista fiscal, fue quien negoció la suma de los sobornos con Joseph Martin Rodin, directivo del Consorcio San Lorenzo, y correspondió a Harry Castro, otro de los impulsores del Cemis, trasladar el dinero a la Asamblea desde Colón, donde estaban las oficinas de la empresa.

De acuerdo con las conclusiones de Zamorano, el dinero salió originalmente de una serie cheques que fueron cambiados en diferentes bancos por empleados del Consorcio San Lorenzo entre el 7 de diciembre de 2001 y el 8 de enero de 2002.

En total, los directivos del consorcio recibieron 345 mil 875 dólares en efectivo.

“... Martin Rodin aceptó haber recibido, por una de estas transacciones bancarias, 200 mil dólares en efectivo el 28 de diciembre de 2001 (misma fecha en la que supuestamente Torrijos ordenó que se trasladara el dinero desde Colón hacia la Asamblea) y lo guardó en una caja de seguridad”, detalla la vista fiscal.

El documento agrega, asimismo, que entre el 3 y el 28 de diciembre de 2001 las empresas ligadas a los impulsores del Cemis cambiaron cheques en efectivo por un monto total de 554 mil 94 dólares.

El Consorcio San Lorenzo no pudo justificar las cantidades de dinero en efectivo movilizadas durante las fechas cercanas a la aprobación del Cemis, según agrega la vista.

Las pruebas acopiadas por Zamorano establecen, además, que el entonces legislador del PRD Mateo Castillero fue quien recibió el dinero procedente de Colón, y por instrucciones de Martín Torrijos lo entregó en sobres a sus colegas el 29 de diciembre de 2001 en la sede de la Asamblea.

Fundamentos

El magistrado basó sus conclusiones, entre otros elementos, en las declaraciones de 24 testigos; en análisis financieros efectuados por peritos del Ministerio Público; en inspecciones judiciales y en exámenes de pruebas tecnológicas.

Entre otros, Zamorano fundamentó sus conclusiones en los testimonios del expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares y del empresario Roosevelt Thayer, ambos del PRD, quienes dijeron que Afú y el exlegislador Manuel De La Hoz les informaron que fue Torrijos el que estuvo al frente de las negociaciones para el pago de los sobornos.

Las conversaciones con Afú y De La Hoz fueron grabadas por Pérez Balladares e incorporadas en las sumarias tras su reapertura en 2009 (ver cronología).

Además, en las sumarias destacan las declaraciones de los testigos protegidos Gabriel y Uriel, que coincidieron en denunciar la participación de Torrijos y dieron datos adicionales de cómo se repartió el dinero.

Por ejemplo, dijeron que el día en que Afú recibió el “sobre amarillo” con el dinero, también estaba presente para recibir el suyo el entonces legislador del PRD Denis Arce, pero no detallaron si este lo aceptó o no. Asimismo, ratificaron que Tomás Gabriel Altamirano Duque, otro de los miembros de la bancada del PRD, rechazó el efectivo.

“Una vez dividido el dinero, comenzaron paulatinamente a llegar legisladores de la época que entraban previo protocolo de seguridad de unos toques en la puerta”, dijeron los testigos.

No obstante, en la vista fiscal no se mencionan otros nombres de legisladores que habrían recibido los pagos.

ARREPENTIDO

En relación con Afú, Zamorano consideró que con el hecho de aceptar los 6 mil dólares que le entregó su entonces colega del PRD Mateo Castillero, después de la aprobación del Cemis, el legislador incurrió en una actuación dolosa, porque sabía de su procedencia ilícita y esperar 18 días para denunciar públicamente los hechos no fue, a su juicio, una conducta lógica para un legislador de la República.

Sin embargo, Zamorano ponderó la actitud de Afú de denunciar los hechos, mantener su testimonio a lo largo de toda la investigación y entregar el dinero, que sirvió como prueba del delito.

Según el magistrado, esta actuación impidió que los interesados en sacar provecho de la aprobación del proyecto lograran su objetivo.

Basado en estos hechos, Zamorano explicó que al diputado Afú (visto ayer en compañía del presidente, Ricardo Martinelli, en Las Tablas) se le aplicó la figura del “arrepentimiento activo”, tipificado en el artículo 49 del Código Penal.

La vista fiscal remitida al pleno el 10 de este mes, como se dijo, deberá ser enviada al despacho del magistrado ponente del caso, Efrén Tello, según explicaron fuentes judiciales.

(Con información de Rubén Polanco).

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