DONACIONES EN CAMPAÑAS POLÍTICAS

Transparencia: la asignatura sigue pendiente

En Panamá, en 1996 se descubrió que el narcotraficante José Castrillón Henao había donado $51 mil a la campaña del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

El 22 de junio de 1996 el propio Pérez Balladares lo confirmó. Dijo que fueron dos cheques, uno de $21 mil y el otro de $30 mil que su campaña aceptó “con el convencimiento de que era dinero limpio”. Tras ese incidente algunos partidos políticos, en forma voluntaria, acudieron al Tribunal Electoral y entregaron su lista de donantes. Hasta ese momento la ley no regulaba el tema del financiamiento privado.

Tras las elecciones de 1999 se creó la Comisión de Reformas Electorales, que tenía entre sus aspiraciones dotar de transparencia el financiamiento privado, a través del establecimiento de normas que obligaran a los candidatos a publicar su lista de donantes. Pero solo se logró, en 2002, la obligatoriedad a los partidos y candidatos de entregar la información al Tribunal Electoral, con la salvedad de que el Tribunal no podía divulgar esa información. Solo si había indicios de violaciones a la ley penal, podría compartir la información con el Ministerio Público (texto único publicado en la Gaceta Oficial 24,748 de 22 de febrero de 2003).

En la Comisión de Reformas Electorales creada tras las elecciones de 2004 se volvió a plantear la necesidad de regular el tema de las donaciones: en lo único que se avanzó fue en la prohibición de las donaciones anónimas, así como las provenientes de personas jurídicas que no ejercieran actividades económicas dentro de Panamá, de gobiernos, personas u organismos extranjeros y de empresas en donde el Estado fuera accionista (Publicada en la Gaceta Oficial 25,702 de 29 de diciembre de 2006).

En la última Comisión de Reformas Electorales, instaurada después de las elecciones de 2009 en las que se conoció de donaciones de David Murcia a candidatos, se desarrolló todo un capítulo con reformas para conocer quién financia las campañas, establecer topes al gasto y a las donaciones, pero fueron eliminadas por los diputados oficialistas en primer debate. Esta vez, como en todas las ocasiones anteriores, los diputados no apoyaron la propuesta de la sociedad civil de regular el tema de las donaciones privadas de mejor manera.

Hasta ahora no se ha auditado ninguna lista de donantes y tampoco hay garantía de que lo que los candidatos incluyen en su lista los donantes se apegue completamente a la verdad. El tema del tope de las campañas sigue sin regularse. En Panamá es legal que una sola persona o un pequeño grupo pague toda la campaña de un candidato y se siguen haciendo campañas sin límites de presupuesto.

Sin embargo, hay políticos que sí han hecho intentos por ser transparentes. Por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, viene desarrollando desde 1999 el proyecto “Candidato Visible”, cuyo objetivo es que los aspirantes a puestos de elección popular rindan cuentas sobre su trayectoria ante la ciudadanía. Para ello se les pide completar un formulario con información relacionada a su declaración de bienes, si tiene o ha tenido procesos judiciales, cuál es su preparación académica y su experiencia laboral. En la elección de 2004, tres de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República remitieron la información.

UNA LLAVE DEMOCRÁTICA

Pero, ¿por qué es tan importante la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los candidatos?

Daniel Zovatto, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, lo explica claramente en un artículo titulado La relación entre dinero y política: un debate imprescindible, publicado por Infolatam en noviembre de 2012. Zovatto asegura que el financiamiento político “es parte de la normalidad y la salud de la vida democrática”, por lo que no hay que demonizarlo pero sí regularlo, porque “es evidente que es capaz de producir distorsiones importantes en el proceso democrático (plutocracias, capturas de las agendas del Estado por grandes grupos económicos, o bien del crimen organizado o narcotráfico). De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el que controle el dinero y no a la inversa, para asegurar democracias de calidad”.

Y es que, como explica Catalina Botero, relatora especial por Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, solo se puede controlar la equidad en las competencias electorales a través de la transparencia. Según Botero, solo la estrategia de las campañas (correos electrónicos y llamadas incluidos) debe ser privada. Todo lo demás, entiéndase de dónde sale la plata de la financiación, los montos, el origen y sus destinos –así como la información sobre los estatutos y la dirigencia de los partidos–, debe ser público.

Sin embargo, aun si Panamá tuviera las normas más claras y estrictas sobre transparencia en campañas, Zovatto –que ha asesorado por años a gobiernos latinoamericanos y participado en más de 50 misiones de observación electoral– advierte que ningún sistema de financiamiento político, por sofisticado que sea, es capaz de garantizar por sí solo la integridad de la actividad política. De ahí la importancia de que estas regulaciones vengan siempre acompañadas de la voluntad y compromiso, legal y ético, de los partidos políticos de cumplirlas (...) Es imprescindible complementar las normas con buenas prácticas”.

ENFOQUE

Transparencia: un interés público

Eduardo Bertoni*

panorama@prensa.com

PRÁCTICAS. La ley de Panamá sobre transparencia y acceso a la información fue, junto con la de México, una de las primeras que se aprobaron en nuestra región en lo que he llamado muchas veces la “segunda ola” por la transparencia.

Toda ley puede ser mejorada y la panameña no escapa a esa posibilidad. Un reciente estudio coloca a Panamá en el número 61 en un ranking de leyes de transparencia, lo cual no está nada mal en el contexto latinoamericano (http://www.rti-rating.org/country_data.php).

Sin embargo, que la ley sea relativamente buena, no quiere decir que su implementación y prácticas permitan el efectivo derecho a saber por parte de las personas. Y allí, en la implementación y prácticas -incluso por parte de los tribunales- es donde Panamá tiene problemas y mucho que mejorar.

Esos problemas alcanzan a un tema que traspasa geografías y partidos políticos. Parecería que no hay incentivos en transparentar la financiación de la política. Es difícil encontrar leyes que en la práctica permitan el acceso a la información en este tema, aunque es un tema fundamental para el fortalecimiento de nuestras democracias.

Pero las leyes y las prácticas no incluyen esta información porque, se argumenta, pueden afectar datos privados. Y si bien ello puede ser cierto, la transparencia de las campañas tiene un interés público que sobrepasa esos intereses privados. Y de allí podemos deducir que nuestras leyes y prácticas deberían incluir este tema.

*El autor es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Argentina, y fue Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

ENFOQUE

La cultura política de la opacidad

EDUARDO NÚÑEZ*

panorama@prensa.com

RESISTENCIA. Existe una larga tradición de opacidad en el ejercicio de la política partidaria y las elecciones, como resultado del establecimiento de relaciones de influencia y de tipo clientelar entre candidatos, contribuyentes y redes de afiliados. Es una cultura política de opacidad que ha sido inherente de la dinámica política latinoamericana.

La transparencia es una demanda de la sociedad, los medios y los grupos ciudadanos informados; no nace de la política, sino que la política tiene que aprender a incorporarla dentro de su dinámica, so peligro de volverse obsoleta o vivir situaciones de desconfianza y alejamiento ciudadano, como los que constatamos en los últimos 10 o 15 años en América Latina. La resistencia de algunos partidos y candidatos a revelar fuentes y monto de contribuciones responde a la cultura de opacidad y casi siempre a la voluntad expresa de contribuyentes de que no se publiquen sus aportes.

Sin embargo, las nuevas sociedades y la nueva política que demandan esas nuevas sociedades no conviven con esa actitud y práctica: requieren más apertura, transparencia y sinceridad.

El control y la sanción son mecanismos disuasivos para prácticas impropias en materia de financiamiento, pero la transparencia y la rendición de cuentas son una herramienta poderosa en poder de la ciudadanía, porque permite el voto informado y consciente.

Una ciudadanía informada sobre las fuentes y montos de las contribuciones privadas, puede -por ejemplo- entender la lógica de determinadas decisiones políticas o de inversión pública que un gobierno toma, dándole elementos para realizar esfuerzos de auditoría ciudadana que equilibre la potencial inclinación de los que ejercen el poder a favorecer más a unos que a otros. Existen financistas privados que invierten en política, no por convicciones ideológicas o programáticas, sino por lógica económica, por lo cual siempre van a esperar una tasa de retorno a su inversión. Esa tasa puede ser influir para la implementación de políticas públicas de impacto benéfico para la sociedad o puede tener una lógica más corporativa, como obtener contratos, acceder a beneficios vinculados al ejercicio de la cosa pública, etc. Las contribuciones privadas no son malas en la política y en las elecciones, pero deben ser transparentes para evitar que se filtren prácticas clientelares, ilegales o ilícitas.

*El autor es experto en temas electorales y de partidos políticos, y presidente de la Asociación Costa Rica Integra.

ENFOQUE

Cómo evitar que el gobierno tenga un dueño

MANFREDO MARROQUÍN*

panorama@prensa.com

LEALTADES. Panamá está rezagada en materia de control, regulación y transparencia del financiamiento político y de campañas electorales, respecto a otros países latinoamericanos que han hecho reformas más decididas en esta materia. Continuar con esta inercia representa aceptar el encarecimiento de las campañas, aumentar la dependencia financiera de los políticos a los financistas y riesgos de infiltración de dinero ilícito en la política, entre otras peligrosas tendencias que amenazan la democracia en nuestros países.

La necesidad de grandes capitales para financiar las campañas distorsiona y desvirtúa el sentido esencial de la democracia que es “una persona, un voto”, pues los financistas terminan influyendo y determinando la agenda de los políticos y las políticas públicas al convertirse en los grandes electores de los futuros gobernantes. Una campaña sin transparencia es igual a un gobierno con dueño.

Cuando la transparencia es opcional estamos hablando de un libre mercado de compra y venta de políticos y candidatos que se esfuerzan más por conseguir el dinero para financiar sus campañas que en desarrollar programas y planes de gobierno. La gobernabilidad se pone en riesgo, pues la política pierde su sentido filosófico y transformador de cambio y se convierte en un instrumento para acumular riqueza.

Un sistema dominado por la opacidad en el financiamiento de las campañas es igual a la caja negra de un avión siniestrado: solo en ella se registran los verdaderos compromisos, lealtades e intereses que motivan a los políticos a participar. Los países que aspiran a que la política no siga fallando a los intereses de las mayorías tienen que demandar rendición de cuentas a los candidatos sobre el dinero que reciben para sus campañas. No hacerlo equivale a no saber nunca los detalles que oculta esa caja negra que hace siniestrar muchos proyectos políticos que se venden a nuestras sociedades como soluciones a nuestros problemas.

*El autor es coordinador regional de Transparencia Internacional.

ENFOQUE

Un clima de temor y poca transparencia

GUILLERMO MÁRQUEZ A.*

panorama@prensa.com

REPRESALIAS. Ocurre que los donantes temen que si el gobierno se entera de lo que han donado a los partidos de oposición, inicie actos de hostigamiento tales como auditorías, inspecciones, alcances, citaciones, etc., para desalentar que continúen haciéndolo.

Pero la opción de que las contribuciones a las campañas permanezcan en el anonimato es aún peor, porque por esa vía se introducen fondos ilegítimos y criminales a las campañas, de modo que el partido que sea elegido para acceder al gobierno pueda guardar agradecimientos indebidos para sus donantes, lo que iría en perjuicio de toda la sociedad en la medida en que haga reconocimientos complacientes para tales donantes e inconvenientes para la Nación.

Además, las donaciones anónimas a quien más favorecen es al gobierno de turno, pues desde el poder es más fácil recoger fondos con una especie de extorsión, sin temer que el público se entere y, por último, las donaciones anónimas estimulan el gasto de campaña desmesurado, con lo que el propio nivel de los candidatos se ve impregnado de cosificación comercial de consumo, antes que apuntar a una buena administración.

*El autor es exmagistrado del Tribunal Electoral.

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