Derecho a la información pública

Transparencia en claroscuro

Solo 10 de las 65 instituciones que habían adquirido el compromiso de publicar información en el nodo de transparencia, cumplen con este paso.

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, CATALINA BOTERO, ABIGAIL BENZADÓN,

La publicación de estos datos en la web de la Defensoría [www.defensoriadelpueblo.gob.pa] tampoco parece ser una prioridad para el Ministerio de Seguridad Pública, la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, el Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de la Presidencia, entre otros. Estas entidades tienen más de un año que no actualizan el sistema (ver tabla).

Los reportes de gastos en viajes de los funcionarios en varios casos no solo no están actualizados, sino que no tienen contenido o conducen a páginas inexistentes.

Sin embargo, esta es una constante, ya que el 85% de las 65 instituciones públicas que se comprometieron a mantener sus registros actualizados en el nodo, no ha cumplido con el acuerdo. Esta omisión es contraria a lo establecido en la Ley 6 de 2002 [Ley de Transparencia], que establece que: “será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas”.

Y solo 10, de las 65 instituciones públicas que habían adquirido el compromiso de canalizar su información en el nodo (el 15%), han cumplido con la tarea. Entre ellas, el Tribunal Electoral, el Registro Público y la Contraloría General de la República y la propia Defensoría del Pueblo.

LA PRESIDENCIA, opaca

El Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, la última vez que actualizó su planilla fue el 23 de octubre de 2012, mientras que el informe sobre los viajes de sus servidores públicos, lo gastado en este concepto y los nuevos nombramientos no se actualiza desde septiembre del año pasado.

Cada institución firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo para publicar la mencionada información en el nodo, y así dar cumplimiento a la Ley de Transparencia. Carlos Gasnell, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, recuerda que el nodo de transparencia “fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, luego de la aprobación de la Ley 6 de 2002, para que existiera un solo portal con toda la información de carácter pública de todas las instituciones, de modo que los ciudadanos no tuvieran que acudir a las páginas web de cada institución”.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo indican que estos datos deberían actualizarse, mínimo, cada tres meses. No obstante, a juicio de Gasnell, la información “quedó desactualizada por falta de voluntad de la Defensoría y de las instituciones que tenían que enviar voluntariamente la información”, destacó.

LA RELATORÍA

El tema surge solo dos días después que Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una conferencia dictada en Panamá dijera que en “América Latina estamos acostumbrados al valor simbólico de las leyes”.

Botero recalca que el principio de máxima transparencia debe ser la regla y no la excepción, y que por tanto debe aplicarse obligatoriamente en las políticas públicas.

Lo explica así: “Ante un vacío legal (...) se aplica la ley que más promueva la transparencia”, ya que “no se puede interpretar la ley para violar su espíritu”, sostuvo.

Según la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los Estados deben entregar la información solicitada de la forma más sencilla posible. “Tiene que ser oportuna, completa y accesible. Tiene que haber un recurso para cumplir los plazos establecidos. Se puede tener una ley, una norma, pero si no hay un recurso, una garantía que asegure que ese derecho se cumpla, no hay nada”, señaló.

“Todas las autoridades están sometidas al derecho de acceso a la información porque se les paga con la plata de todos” [los ciudadanos], añadió.

Mientras que la Constitución Política establece en su artículo 129, que “toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos”.

Gasnell recuerda que Panamá tuvo la primera ley de acceso a la información creada en Latinoamérica, sin embargo, considera que le hace falta una estructura de acceso más moderna. “Hay que adecuarla a los nuevos tiempos”, sugiere, tras argumentar que se perdió una gran oportunidad de hacerlo con la aprobación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

QUÉ DICE LA DEFENSORÍA

Consultado sobre el tema, Rodrigo García, asesor legal de la Defensoría del Pueblo, manifiesta que esta entidad “no es responsable por la información que el resto de la instituciones no suministra al nodo”. Agrega que la transparencia es uno de los temas “de principal preocupación” en la gestión de la nueva defensora [Lilia Herrera Mow].

García argumentó también que el poder del nodo “descansa en un mandato de tipo moral” que, dijo, debe inducir a las autoridades a actualizarlo, hasta el punto de convertirlo en un “sitio de referencia obligada, aunque no haya un reglamento específico que lo regule”, sostuvo.

Los únicos medios de sanción de que dispone la Defensoría, de acuerdo con la Ley 7 de 1997 que la creó, son morales, a través de los llamados de atención pública. No obstante, representantes de la sociedad civil han sostenido que la administración de la destituida exdefensora Patria Portugal no se caracterizó por hacer los correctivos necesarios para que las instituciones colgaran la información requerida en el nodo de transparencia.

Gasnell opina que, de ahora en adelante, la nueva defensora tiene el reto de demostrar que no viene con una agenda dictada por el partido político al que perteneció antes de ser escogida por la Asamblea Nacional, y en esa medida, aseguró, “debería retomar los proyectos exitosos de la institución como el nodo de transparencia, independientemente de si fue una iniciativa de otro defensor”.

AUTORIDAD opina

Abigaíl Benzadón Cohen, administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, considera que las instituciones del Estado publican informaciones de acceso público en el nodo, como “una herramienta adicional a la obligación de hacerlo en su respectiva web”.

Benzadón destaca que “la ley de transparencia es clara en determinar donde se tiene que publicar la información, aunque no se puede dejar de reconocer el gran apoyo que en su momento prestó la Defensoría del Pueblo a través de este nodo, cuando las instituciones no tenían una página web, ni el Estado contaba con los adelantos tecnológicos que hoy tiene disponibles”, destacó.

Benzadón, nombrada en ese cargo por el Ejecutivo, afirma, además, que tiene como misión “ir organizando y obligando a cada institución a cumplir con la Ley 6 de manera individual y bajo el principio máximo de rendición de cuentas como una responsabilidad institucional”.

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