INVESTIGACIÓN POR PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS

Tribunal eleva fianza a Manuel Morales D.

El Segundo Tribunal Superior fijó en 200 mil dólares la fianza para no ser detenido al directivo del consorcio HPC-Contratas-P&V.

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La CA dio el préstamo en 2012 para el centro de convenciones de Amador, que HPC-Contratas-P&V no terminó. En febrero de 2016, la obra fue retomada por otra empresa. La CA dio el préstamo en 2012 para el centro de convenciones de Amador, que HPC-Contratas-P&V no terminó. En febrero de 2016, la obra fue retomada por otra empresa.
La CA dio el préstamo en 2012 para el centro de convenciones de Amador, que HPC-Contratas-P&V no terminó. En febrero de 2016, la obra fue retomada por otra empresa. Archivo

El Segundo Tribunal Superior reformó un fallo del Juzgado Decimocuarto Penal y aumentó a $200 mil la fianza para no ser detenido otorgada a Manuel Morales Diez, directivo de HPC-Contratas-P&V, como parte del proceso que sigue el Ministerio Público por el préstamo de $9 millones otorgado en 2012 por la Caja de Ahorros (CA) a ese consorcio para el fallido centro de convenciones de Amador.

Con fecha del 9 de este mes y ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada, el tribunal modificó la fianza dictada por el citado juzgado en abril pasado a favor de Morales, quien personalmente nunca ha comparecido al proceso.

RECUENTO

En noviembre pasado, el caso estaba radicado en el Juzgado Decimotercero Penal y su titular, Alina Hubiedo, negó una solicitud de fianza presentada por la defensa de Morales, al concluir que el delito y la vinculación del directivo con el hecho investigado estaban debidamente acreditados en el expediente.

Luego, Hubiedo fue recusada por una de las partes, perdió competencia y el proceso fue trasladado al Juzgado Decimocuarto Penal, a cargo de Vilma Urieta.

APELACIÓN

En un fallo del 3 de abril pasado, Urieta benefició a Morales con una fianza de $80 mil, la cual fue apelada por el fiscal primero anticorrupción, Adecio Mojica.

Mojica fundamentó la apelación en el artículo 2160 del Código Judicial, el cual dispone que en los delitos contra el patrimonio del Estado la fianza debe ser fijada en el doble de la cuantía de lo apropiado o malversado.

En el escrito de apelación, Mojica alegó que Morales gestionó las líneas de crédito, “sabiendo de antemano que los fines o el propósito principal eran la aprobación de los $9 millones que fueron desviados a terceras personas”.

Según las pesquisas de este caso, Morales, en representación de HPC-Contratas-P&V, negoció con la CA el préstamo para construir el fallido centro de convenciones, una obra adjudicada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Los $9 millones facilitados por la CA fueron distribuidos a las sociedades Summer Venture Inc., Ilkeston Associates Inc. y Langton International Holdings Ltd., vinculadas con Cristóbal Salerno.

Salerno declaró bajo juramento que los dineros se los entregó Morales, “los cuales a su vez representaban un abono para una deuda que mantenía el señor West Valdés –fundador de la casa de valores Financial Pacific (FP)–, comprobándose que los dineros propiedad del Estado fueron utilizados para fines distintos para los cuales fue solicitado”.

IMPUTADOS

La Fiscalía Primera Anticorrupción, que desarrolló esta investigación, imputó cargos a Morales por la presunta comisión del delito de peculado.

También acusó a los exmiembros de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini (presidente), Ricardo Chanis, Anastacio Ruiz De León, Ricardo Arango Pezet y Fernando Correa, así como al exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi; a Tobías Garrido Nicolau y a Ricardo Ricki Calvo.

Asimismo, a West Valdés y su socio en FP Iván Clare; y a Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, exgerente y exsubgerente general de la CA, respectivamente, en el gobierno pasado.

Francolini, Pastor y Valdés están detenidos preventivamente.

El 3 de este mes, el Juzgado Decimocuarto Penal le concedió una fianza de excarcelación a Pastor de $90 mil, con el alegato de que el proceso está en fase de calificación y no existe la posibilidad de que el imputado destruya pruebas. Además, que tiene residencia en la ciudad de Panamá y, por ende, no hay riesgo de fuga.

La fianza fue apelada por la fiscalía y está pendiente de resolver por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Aún no hay fecha para la audiencia preliminar de este proceso.

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