ENFOQUE

Uber actúa como un intermediario

El operador de Uber no trabaja bajo una concesión del Estado, si no en función a relaciones contractuales con Uber y con los respectivos clientes.

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Transportistas piden que se le ponga un alto al servicio que ofrece Uber. Transportistas piden que se le ponga un alto al servicio que ofrece Uber.
Transportistas piden que se le ponga un alto al servicio que ofrece Uber. LA PRENSA/Rosalía Simmons

Las operaciones de la plataforma digital Uber representan un área gris de las regulaciones de los servicios de transporte en Panamá. Técnicamente, Uber no es propietaria ni concesionaria de transporte selectivo, pero actúa como un intermediario que facilita la realización de acuerdos voluntarios entre particulares para la prestación de un servicio de transporte exclusivo.

El operador de Uber no trabaja bajo una concesión del Estado, si no en función a relaciones contractuales con Uber y con los respectivos clientes. Esta empresa mundialmente conocida y las otras que empiezan a ganar mercado están operando en Panamá bajo el reconocimiento de la normativa que les permite funcionar como plataformas digitales.

Sin embargo, hay un vacío en la legislación de transporte terrestre, que a la vez que no regula este tipo de actividad tampoco la puede prohibir porque la misma se ancla en el concepto del libre tránsito y de la potestad de los particulares de llegar a acuerdos entre sí, siempre y cuando no violen la ley.

¿Cuál es el dilema de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en esta materia? Esta entidad tiene el mandato legal de organizar y regular las concesiones del transporte colectivo y selectivo.

Dado que el sistema de Uber no funciona con este tipo de concesiones y la participación dentro de la plataforma es opcional, la ATTT no tiene jurisdicción directa sobre Uber.

Esta competencia le corresponde al Ministerio de Comercio e Industrias. Para que la ATTT pudiera regular o prohibir los servicios de plataformas como Uber, tendría que darse una reforma de la legislación marco del transporte terrestre de Panamá (Ley 14 de 1993 y todas sus modificaciones).

Si se llegase a prohibir parcial o totalmente el servicio de Uber y sus similares, esta restricción seguramente enfrentaría una acción de inconstitucionalidad de parte de los afectados, por sus impactos sobre el derecho al libre tránsito y sobre la libertad contractual de los particulares.

Uber cambió el mundo, y su impacto sobre instituciones y leyes es demasiado grande para ser resueltos con los viejos esquemas.

*El autor es abogado

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