JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

Urge la salida del magistrado Alejandro Moncada Luna

Sociedad civil y juristas se preguntan cómo el funcionario puede seguir administrando justicia si él mismo está comprometido.

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Alejandro Moncada Luna fue nombrado por el expresidente Martinelli en la CSJ. Su gestión ha estado salpicada de polémicas. LA PRENSA/Archivo. Alejandro Moncada Luna fue nombrado por el expresidente Martinelli en la CSJ. Su gestión ha estado salpicada de polémicas. LA PRENSA/Archivo.
Alejandro Moncada Luna fue nombrado por el expresidente Martinelli en la CSJ. Su gestión ha estado salpicada de polémicas. LA PRENSA/Archivo.

El clamor ciudadano es uno: que la Asamblea Nacional separe al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, quien compró dos apartamentos por $1.7 millón luego de su designación en la Corte. Uno de estos inmuebles, el ubicado en el edificio Santorini, en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, lo adquirió al contado.

Mercedes Araúz de Grimaldo, exprocuradora de la Nación y hoy vicepresidenta de Alianza Ciudadana Pro Justicia, opina que en este caso se requiere una investigación y la aplicación de medidas preventivas “urgentes”. Se refiere a la separación [de Moncada Luna] del cargo, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

“La Asamblea Nacional debería tomar una medida como esta y luego de investigar se determinará si se reintegra o no, pero mientras se investiga, él voluntariamente puede separarse o el órgano investigador debería separarlo temporalmente”, expresó.

Frente al acostumbrado argumento de los diputados de archivar los expedientes por la “ausencia” de pruebas sumarias, Araúz de Grimaldo manifestó que “hay muchos indicios que llevan a presumir que hay una conducta irregular en este caso”. Dijo que la prueba sumaria es evidente si se observa lo que consta en el Registro Público a la luz del salario que devenga el funcionario. “Hay fuertes indicios de un enriquecimiento injustificado”, advirtió.

Roberto Brenes, financista y miembro de la Fundación Libertad, es otro de los que dice que a Moncada Luna se le debe pedir la separación del cargo, y esto, sugirió, debe incluir una investigación de todos sus fallos y declaraciones de renta. “Mientras más rápido y transparente mejor”, añadió, luego de argumentar que el nudo de este caso es que “mientras no se separe del cargo habrá una relación incestuosa entre el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial. Y el pueblo siempre tendrá esa sospecha. Si se separa sería un signo claro de que se quieren hacer las cosas bien”.

Carlos Barsallo, abogado y expresidente de la extinta Comisión Nacional de Valores, considera que la separación de Moncada Luna es necesaria para una investigación “objetiva e imparcial”. “Esto es lo recomendable en este o en cualquier otro caso”, añadió.

“El código de ética para el servidor público plantea una obligación de cooperar y facilitar cualquier investigación. Esto no significa no defenderse. Hay un principio de inocencia... Pero, si se usan medidas dilatorias no se demostraría estar interesado en probar inocencia y se pensaría que está interesado en que no se sepa lo que realmente está pasando”, sostuvo. Expuso que otros juristas podrían decir que no se tiene que separar, porque la ley no se lo exige, pero -recordó- se está en un terreno ético.

Barsallo se refiere al artículo 31 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que dice: “El servidor público al que se le impute la comisión de un delito contra la Administración Pública, debe facilitar la investigación y colaborar con las medidas administrativas y judiciales dispuestas por la autoridad competente para esclarecer”.

CONFESIÓN 'ATERRADORA'

“Sus explicaciones justificando la adquisición de bienes lo incriminan tanto o más que las propias investigaciones periodísticas”, argumentó Fernando Berguido, expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Le envía un mensaje a la Asamblea Nacional: “Sería un sacrilegio que los diputados no asumieran su responsabilidad de investigar denuncias tan graves. Las acusaciones son delicadas y la confesión del magistrado, aterradora. ¿Cómo se puede seguir dictando justicia sin que se aclaren semejantes testimonios?”.

Rigoberto González, exsecretario general del Ministerio Público, manifiesta que una vez presentada la denuncia ante la Asamblea, el Legislativo puede tomar la decisión de separar del cargo al cuestionado magistrado, mientras se lleva a cabo la investigación. 

“Por la salud y la tranquilidad del país quisiera pensar que en este caso la Asamblea va a actuar con base a los elementos probatorios que se le suministren”, dijo. “Quisiera pensar que la Asamblea estará a la altura de lo que implica un caso como este y tomará las medidas que corresponden, de, primero, admitir la denuncia y después tomar la decisión de investigar y suspenderlo para seguir el proceso”, agregó.

Manifestó que el magistrado ha tratado de explicar el origen del dinero con una argumentación que “racionalmente nadie se cree”, y aún así, si es que eso fuera cierto, a ningún magistrado de la Corte o juez del sistema judicial le está permitido hablar con un particular que ha tramitado ante la Corte casos para que le dé un préstamo. Máxime en un país que tiene un sólido sistema bancario.

En tanto, Donaldo Sousa, de la Asamblea Ciudadana, señaló que las organizaciones que integran esta agrupación quieren que Moncada Luna sea separado de su puesto con urgencia y de forma indefinida.

“Es evidente la falta a la ética y, por lo tanto, no dan ninguna confianza las decisiones que de él emanen”. Consideró que la separación de Moncada Luna del cargo podría darse inmediatamente, pero al final debe haber una medida judicial firme y contundente.

Para Annette Planells, miembro de la organización Movimiento Independiente (Movin), la separación de este integrante de la CSJ se ha convertido en casi una obligación. “Las respuestas que el magistrado ha dado traen más preguntas: su relación con Virzi, cuántos fallos favorecieron a Virzi y de qué manera está comprometido por ese préstamo”, dijo.

En una entrevista con el diario Panamá América, cuyo principal accionista es el expresidente Ricardo Martinelli, el magistrado aportó un contrato celebrado entre él y el empresario Felipe Pipo Virzi, fechado el 8 de enero de 2013, en el que declara que le adeuda $700 mil a su “tío” Pipo Virzi, con quien aseguró tener “una relación más que familiar. Virzi formó parte del llamado “círculo cero” del expresidente Martinelli, quien nombró a Moncada Luna en la CSJ.

Planells recordó que Movin se manifestó sobre el tema en un comunicado que le enviaron a Adolfo Valderrama, presidente del Legislativo. Allí le advierten de que “sus planes de elevar la imagen de la Asamblea se verían seriamente afectados por la inacción y poca voluntad que se percibe de ese órgano del Estado en cuanto al caso del magistrado Alejandro Moncada Luna”.

En tanto, Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, aseguró que en cuanto se interponga la denuncia, el Legislativo debe determinar si iniciará un proceso que conlleve la separación de Moncada Luna. “Con la denuncia formal, debe haber una investigación exhaustiva de parte de la Asamblea Nacional”, dijo.

Mientras que la directiva de Cambio Democrático, partido que impulsó el nombramiento de Moncada Luna en la Corte, ha guardado silencio luego de que este saliera a explicar el origen de los fondos para adquirir las propiedades.

ACCIONES

Mañana martes está en la agenda uno de los capítulos más importantes para el futuro de este caso. El Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que aglutina a unas 20 organizaciones de la sociedad civil, presentarán ante la secretaría general de la Asamblea una denuncia “formal” contra el criticado magistrado. Lo harán a las 11:00 a.m.

(Con información de Gustavo Aparicio, Yolanda Sandoval y Luis Burón–Barahona)

Diputados tienen 31 denuncias

Al menos 31 denuncias contra diputados de las diferentes bancadas políticas que componen la Asamblea Nacional reposan en la Corte Suprema de Justicia.

Entre estos procesos figuran algunos por el supuesto uso de recursos del Estado para actividades políticas e irregularidades en la utilización de las llamadas partidas circuitales.

Algunas de las acciones se remontan al año 2005. Los procesos se encuentran en diversas fases del trámite procesal. Entre los diputados denunciados figura el actual presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson y el impugnado Noriel Salerno, de Cambio Democrático (CD).

Entre los últimos procesos en los que el magistrado Alejandro Moncada Luna figuró como ponente están tres denuncias interpuestas contra el expresidente del Legislativo y diputado de CD Sergio Gálvez por la compra de jamones con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En 2012, Moncada Luna archivó dos de esos procesos, y el tercero lo cerró el pasado mes de abril.

Mientras tanto, en septiembre pasado, la Corte Suprema archivó una denuncia contra el actual presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, y otros cuatro diputados por dañar la cerca del Palacio Justo Arosemena en una protesta, en junio de 2012.

Este año también fueron archivadas denuncias interpuestas contra Tito Rodríguez, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, quien no fue reelecto en las pasadas elecciones; y Zulay Rodríguez, del PRD.

Juan Manuel Díaz C.

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