CORTE PUBLICA EN ´GACETA OFICIAL´ el FALLO SOBRE la CIUDADANÍA del EXALCALDE DE PANAMÁ

´Vallarino no podía aspirar´

Bosco Ricardo Vallarino no contaba con los derechos ciudadanos para poder aspirar a ningún puesto de elección popular en las elecciones de mayo de 2009, de acuerdo con el contenido del fallo dictado el pasado 24de enero por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea Nacional del 3 de julio de 2009 que le devolvió la ciudadanía al entonces alcalde de Panamá.

Dicho fallo fue aprobado en una sesión extraordinaria del pleno con los votos de los nueve magistrados (tres de estos argumentados dentro del fallo) y publicado en la Gaceta Oficial 26990 de ayer 9 de marzo de 2012.

En sus conclusiones, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia señalaron que en dicha resolución los diputados de la Asamblea Nacional le reconocieron a Vallarino “derechos y requisitos no adquiridos o con los que no se contaba al momento en que eran necesarios para poder acceder a un puesto de elección popular”.

La sentencia agrega, además, que la resolución no podía tener efectos retroactivos y, por tanto, Vallarino solo podía volver a recuperar sus derechos ciudadanos a partir de la fecha en que se emitió la resolución impugnada; es decir, el 3 de julio de 2009, momento para el que ya habían pasado los comicios electorales en los que obtuvo el cargo de alcalde del distrito de Panamá.

La Asamblea devolvió los derechos ciudadanos a Vallarino desde el año 2000, cuando fijó su residencia permanente en el territorio nacional.

Los magistrados explicaron que la Asamblea no estaba facultada para emitir una resolución con carácter retroactivo.

“Estos hechos demuestran con claridad que la actividad parlamentaria recurrida por esta vía está viciada de inconstitucionalidad, por haberse contravenido lineamientos sobre la irretroactividad de las leyes”.

El pleno de la Corte concluyó, en consecuencia, que los diputados vulneraron abiertamente el artículo 46 de la Constitución Política, específicamente en lo relacionado con los procesos establecidos para leyes con efecto retroactivo.

Esa norma dice: “Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ella así se exprese...”.

Al mismo tiempo, los magistrados indicaron que la resolución también violó los artículos 17 y 32 de la Carta Magna, relacionados con garantías fundamentales de los ciudadanos, sobre todo porque decidió sobre aspectos no contemplados ni permitidos en la Constitución. En otras palabras, la Asamblea vulneró el principio de obligatoriedad de respetar el proceso y de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución.

En el fallo, los magistrados aclararon que no entraron a determinar si Vallarino es o no panameño, pues recalcaron que esa condición no se pierde, tal como lo establece el artículo 13 de la Constitución.

Lo que se examinó, según el pleno, fueron los derechos ciudadanos de Vallarino, que le otorgan la posibilidad de emitir el voto y de ser escogido para puestos de elección popular.

En cuanto al procedimiento usado por la Asamblea para rehabilitar esos derechos ciudadanos de Vallarino, fundamentado en la Ley 31 de 2006, el pleno de la Corte opinó que si bien esa norma está vigente y regula “el registro de los hechos vitales y demás actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas, y reorganiza la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral”, no contempla el procedimiento para rehabilitar dichos derechos.

En consecuencia, los magistrados consideraron que el Registro Civil no es competente para rehabilitar los derechos ciudadanos de las personas y que, por el contrario, dicha facultad corresponde a la Asamblea Nacional. Pero indicaron que el Legislativo rehabilitó los derechos a Vallarino conforme a un procedimiento que no está establecido en la Constitución y lo hicieron de manera retroactiva.

Pese a la controversia surgida tras conocerse el fallo, debido a la supuesta intromisión de la Corte en asuntos de competencia del Tribunal Electoral, el pleno no abordó para nada el tema de la legalidad de la mancuerna formada por Vallarino y Roxana Méndez, quien lo reemplazó en el cargo después que este renunciara, el 12 de enero pasado, tras alegar razones de índole médica y personal.

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