EXSUBDIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE la CANCILLERÍA

Versiones de dos renuncias

Milagros Córdoba. Milagros Córdoba.
Milagros Córdoba.

Mariela Vega, diputada proclamada por el circuito 7-2 por Cambio Democrático (CD), admitió haber redactado y firmado dos cartas de renuncia a la Cancillería, institución donde laboraba como abogada III, con funciones de subdirectora general de asuntos jurídicos, con un salario de 3 mil 500 dólares mensuales.

Vega explicó ayer en Telemetro que las cartas –ambas fechadas el 14 de octubre de 2013– son diferentes porque tenía que renunciar a la licencia sin sueldo que pidió por un año [del 21 de mayo de 2013 al 20 de mayo de 2014] y también al cargo de abogada III.

“Dejo claro que mi nombramiento dice abogada III, no tenía el cargo de subdirectora nacional y pude no haber renunciado”, aseguró.

En la primera de esas cartas, Vega renuncia no solo al cargo de abogada III. También, a la licencia sin sueldo que había solicitado y a las funciones que desempeñaba como subdirectora general de Asuntos Jurídicos y Tratados, un puesto con mando y jurisdicción ( ver facsímil inferior).

Esta nota, justamente, carece del visto bueno del entonces canciller, Fernando Núñez Fábrega, advirtió Milagros Córdoba, exjefa de Recursos Humanos de Cancillería, en una denuncia penal que interpuso ante el Ministerio Público en contra de Vega por el delito de abuso de autoridad y corrupción de servidores públicos.

Córdoba sostuvo que esa misiva fue sustraída del expediente laboral de Vega a fin de reemplazarla por una renuncia mucho más escueta, en la que Vega solo renuncia al cargo de abogada III y omite intencionalmente mencionar las funciones que desempeñaba en la Cancillería, en un puesto con mando y jurisdicción.

El Código Electoral establece que entre los funcionarios con cargos oficiales que debieron renunciar para aspirar a un puesto de elección popular están los ministros y viceministros, los secretarios y subsecretarios generales, directores, subdirectores nacionales, regionales o provinciales de ministerios.

Como se observa, en la primera carta Vega habría tenido que renunciar el 3 de noviembre de 2013, fecha tope que estableció el Tribunal Electoral para los funcionarios con mando y jurisdicción que aspiraban a cargos de elección popular.

En la segunda carta, ese requisito –renunciar en noviembre de 2013– no era necesario. Pero Vega insiste en que ella “no era subdirectora nacional”, solo tenía esas funciones.

RECHAZO

Vega también niega que las misivas se hayan confeccionado en enero de 2014, como alega Córdoba en su denuncia.

Este diario preguntó el miércoles pasado a Vega sobre las dos cartas, y se limitó a responder: “¿Esta señora [Milagros Córdoba] sacó documentos de mi expediente?”; y ayer ya no respondió las llamadas ni mensajes dejados en su celular para ampliar su versión.

Aunque ninguna de las dos misivas de Vega pasó por el reloj electrónico –requisito obligatorio para este trámite–, su abogado Silvio Guerra dijo en Telemetro que esta omisión no conlleva ningún problema. “Pudieron haber pasado o no [por reloj electrónico]. Cuántos relojes de dependencias están dañados y las propias recepcionistas nos dicen ´vamos a hacerlo manual”, dijo Guerra, tras enfatizar que “los documentos pasaron por un protocolo administrativo”.

El abogado también justificó la presencia de su cliente en Cancillería después de su renuncia: “Cualquier persona es libre de visitar... constantemente iba a Cancillería a buscar copias de sus documentos”, remarcó Guerra, quien solicitó al Ministerio Público el archivo de la denuncia ( ver nota relacionada).

ALTERACIÓN

Córdoba, por su parte, ratificó su denuncia al afirmar que ambas notas se confeccionaron en la institución en enero de 2014, pero se fecharon el 14 de octubre de 2013 por órdenes de la vicecanciller Mayra Arosemena, quien también es mencionada en la denuncia penal.

Pero Vega negó haber ido a la oficina de la exjefa de Recursos Humanos e insistió en que “hay intereses de por medio; quiero ver qué cargo le darán en el nuevo gobierno” [a Milagros Córdoba].

Asimismo, reconoció que en Cancillería le asignaron las funciones de subdirectora, pero al solicitar la licencia sin sueldo, el cargo se le asignó a otra funcionaria y que existen documentos que “perfectamente” dejan claras sus acciones administrativas.

“Renuncié cuando tenía que haber renunciado y lo hice simplemente porque decidí irme a hacer política”, sostuvo Vega, que además, se ha desempeñado como directora encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados, según documentos de Cancillería.

La diputada proclamada llamó la atención de que Córdoba renunció el 6 de febrero de 2014, pero esperó a que ganara su curul para presentar la denuncia penal. “¿Por qué no lo hizo antes?”, cuestionó Vega.

En respuesta, Córdoba dijo que la vicecanciller Arosemena comentó en la propia institución –ante varios funcionarios– la situación de Vega respecto a su renuncia extemporánea, por lo cual esto se iba a conocer con el cambio de gobierno. “Antes de que a mí me involucren en un asunto en el que no tengo nada que ver, preferí hacer la denuncia”, enfatizó.

Vega dijo que percibe que los ataques en su contra “son repetitivos”. “Todas las semanas he sido la protagonista, pareciera que no hay ningún otro diputado impugnado ”, se quejó. La elección de Vega como diputada está impugnada en el Tribunal Electoral.

DIFERENCIAS

Córdoba hizo hincapié en que está inscrita en el gobernante CD desde 2006, y mostró su carta de renuncia de febrero de 2014, dirigida al canciller Francisco Álvarez De Soto. Incluso, en esa misiva, Córdoba le agradeció al presidente Ricardo Martinelli y a su esposa, Marta de Martinelli, por “la confianza brindada” para el cargo.

Por ello rechazó los señalamientos que hizo el mandatario por Twitter, cuando la acusó de tener una “vendetta personal” en contra de Vega y de Arosemena, y de haber sido destituida de Cancillería y del aeropuerto de Tocumen.

A diferencia del caso de Vega, la carta de renuncia de la exjefa de Recursos Humanos de Cancillería sí pasó por reloj electrónico y, además, tiene varias firmas de recibido. “Este es un trámite indispensable en la institución”, sostuvo ( ver facsímil).

Igualmente mostró documentación que le envió al propio presidente Martinelli, solicitándole una explicación por su despido del aeropuerto de Tocumen, y le recordó que cuando Núñez Fábrega renunció a la entidad, a principios de año, solicitó inmediatamente su traslado a la terminal aérea, donde gozaba de una licencia sin sueldo.

Un mes después de su salida de Cancillería –exactamente el 7 de marzo de 2014– se le notificó de su destitución en el aeropuerto de Tocumen, bajo el argumento de que eran “instrucciones superiores”, precisó la exfuncionaria.

Según la documentación, a Córdoba le ofrecieron un nuevo puesto en el gobierno, pero ella lo rechazó arguyendo que “no lo aceptaba hasta que no le brindaran una explicación de su destitución”.

Aunque no le brindaron las razones, en la documentación Córdoba le recordó al presidente Martinelli que “continuaría caminando y participando en todas las actividades en pro del triunfo el 4 de mayo del candidato José Domingo Arias”.

“Sigo siendo miembro de CD”, puntualizó la hoy exfuncionaria.

Guerra: denuncia de Córdoba es falsa

Silvio Guerra, abogado de la diputada electa del circuito 7-2 (Los Santos) por el partido Cambio Democrático (CD) Mariela Vega, aclaró que la denuncia de Milagros Córdoba es totalmente falsa. Mediante un escrito presentado el miércoles ante la Procuraduría de la Nación, Guerra establece que las pruebas que adjunta Córdoba a su denuncia tienen relación con documentos auténticos que, según el Código Judicial, es otorgado a los funcionarios que ejercen cargos públicos, referente al ejercicio de sus funciones.

“Pretende la denunciante, a través de una mera declaración notarial, anular documentos públicos auténticos, conforme a las normas que han sido citadas”, destaca el abogado defensor, que cita el artículo 844 del Código Judicial: “No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar en documentos o medios escritos preestablecidos por las leyes sustanciales”.

Agrega el escrito de Guerra que los documentos incluidos en la denuncia aún en copias, corresponden a sus originales, y en consecuencia, no hay duda ni incertidumbre alguna respecto a la seriedad y transparencia de su cliente. El abogado advierte a la Procuradora que el Código Judicial, en su artículo 1953, establece que los agentes del Ministerio Público pueden abstenerse de ejercer la acción penal cuando los hechos investigados no constituyen delito.

Destaca que los hechos descritos por la denunciante no caben en los tipos penales citados, es decir, corrupción de funcionarios y abuso de autoridad, sino en supuestos delitos contra la fe pública. “El delito no se ha cometido, ello salta a la vista. Todos los documentos cumplieron con su protocolo, procedimiento, en la fecha y año en que se indica en cada uno de ellos, firmados por el propio ministro”, destaca.

Elio Núñez

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