solicitud de extradición de maría del pilar hurtado

Víctimas del DAS desconfían

Los perseguidos por el desaparecido DAS anuncian que demandarán al Gobierno panameño si no accede a la extradición de Hurtado.

El anuncio hecho ayer por el Gobierno panameño acerca del pedido de extradición de María del Pilar Hurtado por parte de las autoridades colombianas –en el que informa que analizará la solicitud, pero se ratifica en la validez del asilo otorgado a la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)– y la petición por parte de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá del sobreseimiento provisional de las sumarias que siguió por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad contra Hurtado, generaron molestia, indignación y desconfianza en Colombia.

Cinco víctimas de la persecución política orquestada por el DAS durante el mandato de Hurtado manifestaron su inconformidad por el manejo dado por Panamá al tema, y aseguraron que el país no tiene intenciones de cumplir con la petición de Colombia.

“Es una desafortunada coincidencia que el mismo día que se pide la extradición, una fiscalía solicite el sobreseimiento. Si no es un complot, es lo más parecido a eso para no entregarla”, opinó el abogado Ramiro Bejarano, quien además de ser una de las víctimas de las “chuzadas”, defiende a otra víctima: César J. Valencia, expresidente de la Corte durante la administración de Hurtado.

Para Bejarano, según la explicación que dio el Gobierno ( ver relacionada) es claro que “van a decir que el delito que la involucra tiene que ver con delitos políticos, y ella no está investigada por ningún delito político”. Él está convencido de que la extradición va a quedar en nada. “[Ricardo] Martinelli es una persona que siempre genera desconfianza. Panamá no la extraditará porque Martinelli le seguirá pagando no sé qué favor al expresidente colombiano Álvaro Uribe permitiendo el asilo. Él insiste en decir que hay una persecución política cuando no la hay”.

El periodista Gonzalo Guillén (otra víctima) también se refirió a la relación de Uribe con Martinelli. “El silencio del Gobierno panameño se debe a la entrañable y oscura amistad que existe entre ellos [...] Hay intereses privados demasiado fuertes que obran en contra de la extradición”.

César J. Valencia reitera lo dicho por su abogado: “los delitos por los que se investiga a Hurtado no tienen ninguna conexión política. El contenido del comunicado del Gobierno panameño es grave. Espero que actúen con sensatez y de conformidad con los parámetros internacionales. Hasta ahora desconocen las pruebas que en Colombia se han recaudado. Debieran enterarse al menos someramente y revocar ese asilo que no tiene ningún fundamento”.

Víctor Velásquez, víctima de persecución por ser hijo de un magistrado (Iván Velásquez) que investigaba casos de parapolítica en Colombia, y además representante legal de su padre, también apunta a que los delitos por los que se investiga a Hurtado no corresponden a propósitos políticos, “salvo que el Gobierno panameño considerare que la persecución ilegal e indiscriminada a los sectores sociales o políticos disidentes al gobierno constituyera un fin político, lo cual sería inadmisible”. Para Velásquez, la extradición no prosperará “porque cuando se concedió el asilo ya había indicios de la responsabilidad penal de Hurtado en Colombia y aún así se le asiló”.

“Panamá debe rectificar”, sentenció Carlos Rodríguez, abogado de los magistrados y víctimas de la persecución María del Rosario González y Augusto Ibáñez, “porque la señora no está acusada de delitos políticos y debe ser juzgada en Colombia. Ella fue la que persiguió políticamente a la oposición, no fue ninguna perseguida”. “Panamá [siguió] está incumpliendo la ley internacional. Los exhortamos a que retomen la senda de la legalidad”. De no hacerlo, Rodríguez anunció que las víctimas solicitarán al Gobierno de Colombia recurrir a los tribunales apropiados “para que Panamá cumpla con sus obligaciones internacionales”.

Luis Guillermo Pérez, abogado y defensor de derechos humanos que fue víctima de las “chuzadas”, también se refirió a posibles repercusiones internacionales. Dijo que si Panamá no cede, él ya tiene lista una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos –pacto de San José de Costa Rica–. Para Pérez, “el hecho de persistir en un asilo otorgado de manera irregular para sustraerla de la justicia colombiana, está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado panameño. Martinelli debería reaccionar”.

Iván Cepeda, representante de la Cámara y defensor de derechos humanos que sufrió las persecuciones del DAS, coincidió por último: “El Gobierno panameño debe responder positivamente a la solicitud. Es una petición ante todo justa”.

(Con información de Elio Núñez).

Fiscal pide sobreseer a Hurtado

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solicitó al Juzgado Undécimo Penal el sobreseimiento provisional de las sumarias que siguió por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad contra la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado. Según fuentes del Ministerio Público, la vista fiscal fue enviada al Juzgado Undécimo Penal, de turno especial, pero quedó repartida en el Juzgado Decimotercero de Circuito Penal, que está en proceso de notificación a quienes presentaron la denuncia.

El fiscal Marcelino Aguilar dijo que existía un posible doble juzgamiento, ya que los delitos denunciados por el abogado colombiano Luis Guillermo Pérez ya son investigados en Colombia.

´Nunca se ha extraditado caso político´: Henríquez

El canciller Roberto Henríquez, al reaccionar sobre la petición del Gobierno colombiano para la extradición de la exjefa del desaparecido Departamento de Seguridad María del Pilar Hurtado, dijo que “no conoce aún ningún caso de un asilo político que haya sido extraditado en Panamá”.

“La extradición no es procedente cuando se trata de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos, por lo que una vez sea evaluada la solicitud se pronunciará sobre esta”, informó la Cancillería en un comunicado.

Señala que a Hurtado se le otorgó asilo el 19 de noviembre de 2010 bajo la administración del entonces canciller Juan Carlos Varela.

En tanto, el excanciller y Vicepresidente de la República cuestionó el hecho de que la Cancillería destacara que el asilo territorial a Hurtado se le otorgó cuando él era canciller. Varela expresó que a su juicio “el Gobierno es uno solo y por Constitución Nacional, la política exterior la dirige el mandatario”, recalcó.

Irene Hernández G.

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