JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

Vida salpicada de escándalos

La ratificación en la Asamblea Nacional del magistrado Alejandro Moncada Luna se produjo la noche del 23 de diciembre de 2009, al viejo estilo de los madrugonazos que Martinelli tanto criticó. LA PRENSA/Archivo. La ratificación en la Asamblea Nacional del magistrado Alejandro Moncada Luna se produjo la noche del 23 de diciembre de 2009, al viejo estilo de los madrugonazos que Martinelli tanto criticó. LA PRENSA/Archivo.
La ratificación en la Asamblea Nacional del magistrado Alejandro Moncada Luna se produjo la noche del 23 de diciembre de 2009, al viejo estilo de los madrugonazos que Martinelli tanto criticó. LA PRENSA/Archivo.

Los escándalos han estado muy cerca de la vida del hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna. Abogado penalista, sus primeros pasos marcaron su destino. Moncada Luna se convirtió de muy joven en servidor público en el Ministerio de Gobierno y Justicia, allá en los aciagos días de la dictadura militar.

Los analistas políticos y comunicadores sociales Edwin Cabrera y Miguel Antonio Bernal lo recuerdan de la peor forma: como un perseguidor de la libertad de expresión y censor de medios de comunicación.

Entre 1984 y 1985 fue director de Legal de Gobierno y Justicia, cuando el poder lo ejercía en la práctica el dictador Manuel Antonio Noriega. Entre 1985 y 1987 fue asesor del titular de esa misma cartera, Rodolfo Popito Chiari, y llegó a ser viceministro de Gobierno encargado en dos ocasiones, en 1986, cosa que él niega.

Dos de los tres cierres que sufrió La Prensa, y otros dos periódicos fueron ejecutados cuando Moncada Luna era asesor de Popito Chiari, incluso cuando la emisora KW Continente –en ese entonces de la familia de Mayín Correa– fue cerrada también.

Su desempeño como profesional del derecho en el sector privado ha sido opaco. Y como empresario, sus logros son tan escasos como deslucidos. Su nombre, empero, ha estado en los medios de comunicación, no por sus ejecutorias, sino por sus desatinos, en especial ahora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, gracias a su cercanía con el que lo nombró: Ricardo Martinelli.

´COMO en el fbi´

Tras acompañar a Chiari en una de las más oprobiosas gestiones de gobierno, Moncada Luna volvió a la vida pública de la mano de Ernesto Pérez Balladares, quien lo nombró en el cargo de viceministro de la Presidencia, al inicio de su administración, en septiembre de 1994.

Su paso por el Ejecutivo –bajo el PRD– fue inadvertido, hasta que a finales de 1995 se convirtió en el quinto director de la Policía Técnica Judicial (PTJ, hoy Dirección de Investigación Judicial, DIJ), tras una decisión “consensuada” entre Pérez Balladares y quien sería su jefe inmediato: el entonces procurador José Antonio Sossa.

Allí llegó Moncada Luna, en medio de la crítica, justamente por su rol de censor y de haber impulsado leyes que atentaban contra la libertad de expresión, acusaciones estas a las que nunca respondió.

Rápidamente entró en polémicas con Sossa a causa, entre otras cosas, de un ciudadano estadounidense que hacía negocios en Panamá bajo la protección de Sossa: Marc Harris, quien después fue capturado en Nicaragua y condenado por lavado a cerca de 20 años de prisión en su país.

INCIDENTE EN LA PTJ

Su gestión al frente de la PTJ se vio envuelta en denuncias de corrupción, incluso, lo acusaron de que carros decomisados en operaciones de la institución eran llevados a su casa para uso personal en horarios fuera de oficina.

Pero la tensión entre Moncada Luna y Sossa llegó a su peor momento la tarde del 8 de julio de 1999, cuando el procurador, acompañado por miembros de su escolta y fuertemente armados, allanó las oficinas de la PTJ.

El incidente generó el anuncio recíproco de demandas. Moncada Luna acusaba a Sossa de ebriedad y abuso, mientras que su jefe lo denunciaba por irrespeto e insubordinación, y pedía su cabeza a la Corte Suprema.

El incidente llamó la atención del entonces ministro del Canal, Ricardo Martinelli, quien dijo: ´´Alejandro Moncada ha hecho una excelente labor al frente de la PTJ y estoy en contra de que se le remueva de su cargo”.

Finalmente, la Corte autorizó en abril de 2000 la destitución de Moncada Luna, tras un fallo en su contra por “graves faltas a la ética”. Un año después –en 2001– Moncada Luna volvió a su partido, el PRD, de la mano de Martín Torrijos.

EL ´MADRUGONAZO´

Su fidelidad al PRD fue la de un tránsfuga. En enero de 2009 –a pocos meses de los comicios– Moncada Luna dejó su partido y se fue a hacer campaña a favor de Martinelli, quien le pagaría el favor. En campaña, el hoy expresidente dijo que no nombraría a allegados en la Corte, promesa que inclumplió cuando nombró a Moncada Luna, en medio de un torbellino de críticas.

Fue en defensa de este nombramiento que Martinelli pronunció aquella frase: “Lo que pasa es que hay personas que quieren cogobernar sin participar...”, refiriéndose a la sociedad civil que le exigió cumplir su palabra.

Moncada Luna ni siquiera aparecía en la lista de 71 candidatos, enviada a la comisión de Credenciales de la Asamblea. Su nombre apareció en el último momento: en menos de dos días –entre el 10 y el 11 de diciembre de 2009– la Sala IV de Negocios Generales de la Corte le otorgó la certificación de idoneidad como abogado, y el Ministerio de Gobierno expidió una resolución que lo declaró apto para ser magistrado, documento que fue firmado y publicado en un solo día en la Gaceta Oficial.

La Fundación para el Debido Proceso –organización no gubernamental con sede en Washington– envió a Martinelli una carta criticando la poca participación ciudadana en el proceso de selección de los magistrados. En su misiva, le advertía a Martinelli que “en la medida que el poder Judicial es el encargado de controlar los eventuales excesos del poder Legislativo y Ejecutivo, tales lazos resultan incompatibles con el cargo que desempeñarían”.

La ratificación de Moncada Luna se produjo de madrugada, al mejor estilo de los viejos políticos que Martinelli tanto criticó. Los diputados concluyeron a las 7:00 a.m. del 24 de diciembre de 2009, a pocas horas de la Nochebuena.

“Tenemos que construir un país mejor, dejando a un lado los egoísmos, las envidias, los intereses personales, porque vivimos en esta patria. No los vamos a defraudar”, agradeció Moncada Luna.

Lo que advirtió la Fundación para el Debido Proceso se concretó al poco tiempo de llegar Moncada Luna a la Corte.

FALLOS POLÉMICOS

Si, como dicen, los fallos hablan por los magistrados, los de Moncada Luna evidencian dónde están sus fidelidades.

Por ejemplo, en 2010, apoyó un polémico fallo que tiene al Estado en un predicamento. Es el de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –a la que él pertenece– firmado, además, por los magistrados Víctor Benavides (ponente) y el hoy exmagistrado Winston Spadafora, que declaró ilegal una resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) que había cancelado una concesión hidroeléctrica a La Mina Hidro-Power, de Julio César Lisac, y luego se la adjudicó en licitación a la empresa Cicsa Ideal.

La resolución de la Asep –de diciembre de 2006– canceló la concesión porque esta no inició la construcción de la hidroeléctrica en el término de 12 meses que establece la ley. Martinelli culpó de este fallo a un directivo de La Prensa que era abogado del Estado. Ahora, Lisac amenaza al Estado con una demanda multimillonaria.

Sin embargo, esa sala, con el voto favorable de Moncada, rechazó el pago de una indemnización a las víctimas del incendio del bus 8B-06 –en el que murieron 18 personas y 26 resultaron heridas– con el argumento de que el Estado nada tuvo que ver en ese hecho.

Ese año, la misma sala, con el voto de Moncada Luna, declaró legal la Resolución 01-04, del 8 de enero de 2004, de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica, que adjudicó a la empresa Inmobiliaria P&P, del empresario Carlos Pasco, un lote adyacente al Parque Nacional Camino de Cruces. El fallo hizo posible el desarrollo residencial en un terreno colindante con el parque Camino de Cruces.

También, en 2010, Moncada Luna fue uno de los seis magistrados que suspendió y decidió llamar a juicio a la separada procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones. El primero en defender esta fallo fue, justamente, Martinelli.

En 2011, Moshe Israel, un exconcesionario del puerto de Balboa, con fallos en su contra del Primer Tribunal Superior y de la Sala Civil de la Corte Suprema, logró en una vertiginosa decisión –con la ponencia de Moncada Luna– que obligó a la Autoridad Marítima de Panamá a gestionar el pago 3.5 millones de dólares, ignorando la existencia de un finiquito firmado en 2008 por el demandante, al recibir más de 2 millones de dólares por utilidades dejadas de percibir y otros 200 mil dólares por las mejoras en 2001.

El 25 de enero de 2011, el pleno de la Corte Suprema, con la ponencia de Moncada Luna, revivió la Sala Quinta –creada por Pérez Balladares y derogada por la expresidenta Mireya Moscoso– al declarar inconstitucional la Ley 49 de 1999, que a su vez había derogado la Ley 32 de ese mismo año a través de la cual se creó la instancia.

Moncada Luna fue más allá, y en unas osadas declaraciones públicas sugirió a Martinelli “proceder al nombramiento inmediato de los tres magistrados” que integrarían la polémica sala.

Uno de los más sonados casos, en 2012, fue el de la casa de valores Financial Pacific, no solo porque hubo un hurto de más de 12 millones de dólares, sino porque Martinelli salió a relucir como propietario de cuentas personales y de empresas, según la acusada Mayte Pellegrini.

El caso levantó suspicacias cuando Moncada Luna, por entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, concedió un amparo de garantías a favor de Financial Pacific. La medida frenó por completo el proceso de reorganización iniciado por la Superintendencia del Mercado de Valores e impidió que las autoridades pudieran investigar las entrañas de esta empresa.

También, en 2012, por un tecnicismo legal, la Sala Tercera de la Corte –con la ponencia de Moncada Luna– negó admitir una demanda de nulidad contra la resolución que adjudicó a la empresa Traffic Safety Panamá, S.A. la concesión del servicio de cámaras de vigilancia vial.

Esta empresa está ligada a socios de Martinelli en el negocio de los medios de comunicación social del gobernante. Coincidencia o no, una segunda demanda de nulidad contra este mismo contrato quedó radicada en el despacho de Moncada Luna.

Ese mismo año, él firmó una resolución que suspendió la protección del ecosistema de los manglares de la bahía de Panamá, al dejar sin efecto una resolución de la Anam.

En 2013, Moncada Luna lanzó su decisión más polémica cuando decidió meterse en materia exclusiva del Tribunal Electoral. Esta decisión fue duramente criticada, al punto de que se pidió su destitución o renuncia. Le tomó menos de 24 horas emitir un fallo contra el Tribunal Electoral.

La Sala Tercera de la Corte –con el apoyo de Moncada Luna– dejó sin efecto un fallo del Tribunal Electoral que suspendía la difusión de una cuña política contra el candidato del opositor Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro.

Pero no es todo. También ha actuado a favor del llamado “círculo cero” de Martinelli. Sin haber sido desafectado, como exige la ley, la Sala Tercera de la Corte –con la ponencia de Moncada Luna– ordenó, en 2010, al Estado adjudicarle de forma directa al empresario Gabriel Gaby Btesh un terreno de dominio público localizado en el sector de Punta Pacífica.

A juicio de empresarios del sector inmobiliario, el metro cuadrado en esa zona frente al mar se cotiza en más de 2 mil 500 dólares. Eso significa que la finca que le vendió el Estado a Btesh tendría un valor superior a los 10 millones de dólares, pero el Estado se la vendió en solo 2.2 millones de dólares.

Además, Moncada Luna se convirtió en ponente de todos los casos y recursos en contra de una empresa perteneciente al fundador de esta corporación periodística, Roberto Eisenmann, un duro crítico de Martinelli.

También fue el ponente de un fallo que negó el pago de una indemnización de 1.2 millón de dólares a empleados de La Prensa, a raíz del cierre del periódico en 1988 por las Fuerzas de Defensa, bajo cuyo gobierno él trabajó.

Más recientemente, el hoy ex juez penal Alexis Ballesteros aseguró que recibió presiones e intimidaciones de sus superiores para dictar fallos a favor de los allegados al expresidente Martinelli. Ballesteros señaló que por órdenes de magistrados, entre ellos Moncada Luna, recibió instrucciones para emitir fallos en procesos penales que manejó, tanto en el Juzgado Cuarto como en el Juzgado Undécimo Penal.

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