indígenas enfrentados

Vuelve reforma minera

Grupos indígenas anunciaron que llegarán a la Asamblea a defender sus conquistas en este tema, mientras que otros traerán sus propuestas.

Montezuma reaccionó ayer a la presentación en la Asamblea del proyecto “Por el cual se establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe Buglé”.

“Estamos preparados para ir hasta las últimas consecuencias, si es posible. Nosotros estamos organizándonos para venir a Panamá y defender estas propuestas”, advirtió Montezuma.

El dirigente se refiere a los artículos que fueron consensuados en la comisión Ad hoc con diputados tras la derogación de la Ley 8 de 2011, que prohíben la explotación minera en la comarca. Como el que se incluyó así: “Se prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación, y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca Ngäbe Buglé, sus áreas anexas y las comunidades Ngäbe Buglé adyacentes a estas mismas, por cualquier persona natural o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera”, señala el artículo 2 del proyecto.

En tanto, la dirigente ambientalista Alida Spadafora sostuvo que estaría bien revisar algunos artículos que no fueron consensuados con la comisión Ad hoc de la Asamblea, pero recalcó que los que fueron aprobados por ambas partes deben respetarse.

Por su parte, Héctor López, dirigente de la Asociación por los Derechos y Desarrollo Social del Pueblo Ngäbe Buglé, un grupo que en parte está de acuerdo con el desarrollo minero en la región, planteó que ellos no fueron tomados en cuenta para este proyecto, por lo que no descartó que su grupo se traslade a la Asamblea para hacer escuchar lo que tienen que decir sobre el tema.

Este grupo protestó la semana pasada en Chiriquí, en cuya manifestación intervinieron agentes antimotines de la Policía Nacional para contrarrestar la medida de fuerza de los quejosos. La agrupación exige que se le ceda, por ley, el 50% de la explotación minera de cerro Colorado.

En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, indicó que por parte del Ejecutivo no se presentará a la Asamblea ningún proyecto relativo al tema minero, pero invitó a cualquier otro grupo que quiera presentar modificaciones que llenen el vacío legal que quedó tras la derogación de la Ley 8, que lo haga.

Según el ministro, se eliminaron artículos que permitían las multas, el cobro de regalías, de cánones y de tasas en casos de explotaciones mineras, y ahora se ha producido un vacío en la ley. Como consecuencia de esto, hay 64 denuncias de extracción ilegal y el Mici no puede hacer nada al respecto.

Indicó que hasta que no se llene ese vacío, creado con la derogatoria de la Ley 8, la minería ilegal seguirá creciendo en Panamá.

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