ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

‘Una adjudicación con vicios’

La CSS adjudica a través de edicto contratos de pruebas de laboratorio, obviando las sugerencias realizadas por la Comisión Técnica Evaluadora.

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Girón dijo que en esta licitación se utilizó el criterio del mejor valor. Girón dijo que en esta licitación se utilizó el criterio del mejor valor.
Girón dijo que en esta licitación se utilizó el criterio del mejor valor. Archivo

Un punto en común que tienen varias de las licitaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), realizadas durante la administración de Estivenson Girón, es que generan opiniones entre los miembros de la sociedad civil, exdirectores, excontralores, pacientes, e incluso entre funcionarios de la entidad.

Entre esos actos públicos está el No. 06-2015 para “la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte, y entrega, según necesidades de productos, insumos, reactivos, calibradores, controladores y analizadores para la ejecución de pruebas efectivas de laboratorio clínico y las pruebas según se establecen en el pliego de condiciones, sus adendas y anexos en los hospitales, policlínicas, unidades locales de atención primaria en salud (Ulaps), centro de atención para la promoción y prevención en salud (Capps) y demás lugares que establezca la entidad licitante a nivel nacional en un término de cuatro años y la extensión de la vigencia”.

Se trata de una licitación que la institución publicó en PanamaCompra, el 17 de septiembre de 2015, para la compra de ocho renglones de pruebas de laboratorio en la cual participaron justo ocho empresas.

Posteriormente, el 18 de febrero pasado, luego de varias reuniones previas, se celebró la licitación y la Comisión Técnica Evaluadora revisó las ofertas y la documentación de cada proponente, entregando su informe en abril de 2016.

No obstante, luego de un largo proceso, la CSS adjudicó el pasado 14 de noviembre mediante el Edicto No. DNC-316-2016, que lleva la firma de la secretaria general de la entidad, Elia Quiodettis, a tres empresas siete renglones de los licitados, por un monto total de 38 millones 722 mil 981 dólares, mientras que el monto asignado para los siete renglones fue de 59 millones 991 mil 629 dólares (Ver tabla).

COMISIÓN RECHAZA

La adjudicación del acto ha causado discrepancia, ya que los miembros de la Comisión Técnica Evaluadora enviaron cuatro días después —18 de noviembre— una nota a la directora nacional de Compras de la CSS, Edelia E. Vega, en la que plantean su inquietud acerca de la emisión del edicto, ya que se adjudicó sin tomar en consideración los criterios técnicos del grupo idóneo del objeto de contratación.

La misiva, que lleva la firma de tres miembros de la comisión [Antonio Griffin H., Juana de Cooper y Francisco Marriaga] señala que las adjudicaciones denotan vicios e incumplimientos con los requisitos establecidos en los pliegos.

Los comisionados señalan en la carta que un renglón fue adjudicado a una empresa que no tiene reactivos listos para su uso; otro renglón a una compañía que no aportó los registros sanitarios de los equipos. Además, aducen que hubo una propuesta que debió haber sido descalificada y no adjudicarse, en vista de que la misma no cumplía con el pliego de condiciones, en virtud de que “ofertó membranas porosas y se requería no porosas”.

El documento indica que como comisión y funcionarios comprometidos con la Caja de Seguro Social no fueron convocados formalmente para participar en la discusión con la junta directiva de la entidad para la sustentación de la licitación; adjudicándose sin la obligada aportación del equipo técnico.

Mediante el documento, los comisionados solicitan formalmente la revocación del edicto de la Secretaría General No. DNC-316-2016, toda vez que desde el punto de vista económico y legal, se puede considerar que cumplían, más no en cuanto al criterio técnico solicitado. (Ver facsímil)

Otro punto que destacan los miembros de la comisión es que luego de revisar las ofertas y la documentación de cada proponente concluyeron que varios incumplieron con la Resolución No. 91 del 29 de octubre de 2014 del Ministerio de Salud “por la cual se le comunica a todo oferente que desea ser considerado contratista idóneo para el suministro de productos para la salud humana deberá estar debidamente inscrito en la Comisión Nacional de Registros de Oferentes e inscribir cada uno de los productos que desea comercializar en el país”.

Sin embargo, el hasta entonces director ejecutivo nacional Legal, Ariel Morón, envió un memorando con carácter de prioridad el pasado 13 de septiembre en el que señala que si bien es cierto que el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Comisión Nacional de Oferentes, solicitó el cumplimiento de la inscripción de los productos y la permanente actualización del catálogo por parte del oferente, no les señaló los mecanismos, procedimientos y requisitos que debían exigirse en los pliegos de condiciones para la comprobación del cumplimiento de dicho trámite, aunado a que el propio Minsa manifiesta que no procederá a emitir ningún tipo de documentación con relación a la propia exigencia.

Añade que no es hasta el 17 de mayo de 2016 que el Minsa, a través de la Circular 782/DMS, dispone en el punto 2 del literal C, entre los “Requisitos Regulatorios que la Institución Pública de Salud debe solicitar en el acto de contratación, a saber: Solicitar que el producto esté debidamente inscrito en el Registro Nacional de Oferentes... Si lo desea, o el comprador lo solicita puede imprimir una captura de pantalla de la página respectiva, ya que la Comisión no emite certificación sobre esto”.

El funcionario manifiesta que la circular antes indicada fue comunicada y divulgada en mayo del presente año y la licitación pública de precio único No. 06-2015 fue celebrada el 18 de febrero de 2016, por lo cual resulta imposible el cumplimiento de lo antes planteado, tanto para la CSS como para el proponente.

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‘Una adjudicación con vicios’

Más adelante, el memorando de Morón señala lo siguiente: Con fundamento en la facultad extraordinaria que le confiere la ley, el director general luego de evaluar las consideraciones planteadas, en base al interés público de garantizar la atención oportuna de los asegurados y beneficiarios y evitar el desabastecimiento ya conocido tiene la potestad de proceder con la adjudicación de la examinada licitación pública en apego a la obediencia de las reglas establecidas, a los renglones que registren el menor precio.

CSS RESPONDE

Sobre el tema, el director de la CSS, Estivenson Girón, negó que durante este acto público haya ocurrido alguna irregularidad.

Comentó que esta fue una licitación en la que se utilizó el criterio del mejor valor, en el que la empresa que presentara la mejor oferta económica y cumpliera los requisitos fijados sería quien obtenía el contrato.

Girón dijo que el acto se dio cumpliendo con todos los parámetros establecidos, por lo que ya ha sido aprobado por los miembros de la junta directiva de la institución y se encuentra en su fase de adjudicación formal.

“No hubo nada irregular y al final del camino esta licitación ha terminado siendo un gran ahorro para la institución”, concluyó.

El funcionario se comprometió a que un equipo de la CSS ofrecería hoy más detalles sobre el tema.

Por su lado, Rafael Medina, quien representa a los jubilados y pensionados en la junta directiva de la institución, aseguró que desconoce de la situación tal y como ha sido planteada.

“Oficialmente no hemos tenido ninguna información concreta de la comisión evaluadora sobre la licitación en cuestión”, sostuvo Medina.

No obstante, estimó que las decisiones que toman esos especialistas son certeras en un 90% y que deben ser tomadas en cuenta, por lo que señaló que corresponderá hacer las consultas sobre qué sucedió.

Otro que opinó sobre el tema fue Juan Hernández, presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos, quien dijo tener conocimiento de los hechos, pero no los suficientes como para referirse al proceso administrativo.

Sin embargo, mostró principal “inquietud” por las afirmaciones de los miembros de la comisión evaluadora, en la que indican que las adjudicaciones denotan vicios e incumplimientos y que se otorgaron sin cumplir fielmente con los criterios técnicos fijados.

“Como gremio lo que nos inquieta es la calidad del servicio que se ofrece a los asegurados”, dijo el especialista, y aportó que ese es el “único” departamento de la CSS que cuenta con una norma ISO de calidad, la cual se debe mantener y evaluar todos los años.

Por su parte, Freddy Pitti, de Juntos Decidimos, manifestó que la CSS debe rectificar su decisión y acogerse a la recomendación hecha por los miembros de la comisión evaluadora.

“En el tema de salud no es quien tiene mejor precio, sino quien tiene la mejor calidad. No por asegurar un mejor precio nos vamos a correr un riesgo de caer nuevamente en un envenenamiento masivo”, como el ocurrido en 2006 con el dietilenglicol”, expresó Pitti.

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