De alta tensión

La prolongación de la estación seca y la consecuente escasez de lluvias se juntaron con problemas de generación e interconexión eléctrica. Al final la promesa de reducir el precio de la electricidad quedó en nada. LA PRENSA/Archivo. La prolongación de la estación seca y la consecuente escasez de lluvias se juntaron con problemas de generación e interconexión eléctrica. Al final la promesa de reducir el precio de la electricidad quedó en nada. LA PRENSA/Archivo.
La prolongación de la estación seca y la consecuente escasez de lluvias se juntaron con problemas de generación e interconexión eléctrica. Al final la promesa de reducir el precio de la electricidad quedó en nada. LA PRENSA/Archivo.

El domingo 23 de agosto de 2009, el entonces presidente Ricardo Martinelli anunció que tomaría una serie de medidas en el sector eléctrico para bajar hasta en un 30% el precio de la tarifa de energía.

Las medidas iban dirigidas a las empresas generadoras y distribuidoras, a las que el gobierno acusaba de ser las culpables del alto costo que pagaban los consumidores.

“El relajo que tenían las compañías generadoras eléctricas en Panamá se acabó”, dijo Martinelli. “Ahora le toca al pueblo tener una energía más barata”, sentenció.

El Gobierno aseguraba que las empresas de generación eran las responsables del 75% del monto de la factura eléctrica. Por ello resolvió cobrar un impuesto a las hidroeléctricas equivalente a dos centésimos por kilovatio/hora por el uso de agua, con el fin de utilizar los recursos que produjera la medida para subvencionar a los consumidores.

En octubre, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) preveía un incremento de hasta 4% en la tarifa básica de energía eléctrica para el primer semestre de 2010.

Entre tanto, el Estado programaba inversiones para tratar de mejorar la capacidad eléctrica del país.

Así, a finales de 2010 el Gobierno anunció la inversión de $243.6 millones en proyectos de transmisión eléctrica entre 2010 y 2015.

El programa de inversión en transmisión destinó $5.7 millones en 2010, $100 millones para 2011, $74.7 millones en 2012, $24.6 millones en 2013, $25.3 millones en 2014 y $13.3 millones en 2015.

En abril de 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que tramitaría un crédito adicional de $14 millones para evitar que la tarifa eléctrica se incrementara en el segundo semestre del año, debido al alza del petróleo.

Esto significaba que para 2011, el Gobierno habría destinado $78 millones al fondo de estabilización tarifaria, que se creó en 2005 para mantener estable la tarifa a las personas que consumen hasta 500 kilovatios al mes. En comparación con 2010, cuando se gastaron $66.1 millones, el subsidio de estabilización tarifaria para 2011 le habría costado al Estado un 18% más.

Para junio de 2012, el Gobierno reconocía que el subsidio a la energía eléctrica era “insostenible”, porque cada año había ido en aumento y solo para 2012 se necesitarían $340 millones, de los cuales solo había en presupuesto de $100 millones.

Se anunció un plan para reducir gradualmente el subsidio, de tal manera que este se mantuviera solo para quienes consumieran hasta 300 kW/h. Las autoridades pronosticaban que dicho proceso debía culminar en 2016.

El panorama se complicó en 2013 a causa de la sostenida escasez de lluvias, lo que dejó a las hidroeléctricas aportando apenas el 20% con lo cual aumentó la presión sobre la generación termoeléctrica y disparó los costos.

Todos los sectores del país se abocaron a adoptar medidas de ahorro destinadas a evitar el racionamiento energético.

En noviembre de 2013, la Asep anunció que la tarifa de energía no aumentaría en el primer semestre de 2014, pues el Estado mantendría el subsidio a través del Fondo de Estabilización Tarifaria.

Pero, según expertos, el uso de energía de generación térmica en la temporada seca, podría influir en la tarifa del segundo semestre de 2014.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce de cuánto será el aumento, porque ni la Asep ni el MEF se han puesto de acuerdo. Se había hablado de un incremento de 18% en la tarifa durante el período de transición entre los gobiernos entrante y saliente.

Al final, la promesa de abaratar el costo de la energía no se cumplió. Y pese al subsidio, el usuario terminó pagando más.

Interconexión, la lenta urgencia

Después de un sinnúmero de contratiempos, en marzo de 2013 el expresidente Ricardo Martinelli decidió suspender la interconexión eléctrica con Colombia, un proyecto que llevaba cerca de una década tratando de concretarse, como parte de los procesos de integración con la región centroamericana.

Sin embargo, el gobierno del recién posesionado Juan Carlos Varela ha anunciado su reactivación. Eso sí, pese a la “urgencia notoria” de este proyecto, no será sino hasta 2018 que podrá concretarse.

El proyecto se realiza en conjunto con Empresas Públicas de Medellín, presente en Panamá con proyectos hidroeléctricos.

La interconexión permitirá comprar energía al país sudamericano para suplir al mercado local en tiempos de escasez por sequía o problemas con las plantas térmicas. La línea de transmisión tendría una capacidad de 600 megavatios y garantizaría la seguridad energética del país en los próximos 20 años.

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