INVESTIGACIONES POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

Dos años de procesos judiciales en Panamá

En cinco de las investigaciones que adelantan las fiscalías Anticorrupción, los jueces han decidido llamar a juicio a los vinculados.

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Exministros, empresarios y particulares han desfilado por el edificio Avesa, donde están las fiscalías Anticorrupción, para hacerle frente a algún proceso. Exministros, empresarios y particulares han desfilado por el edificio Avesa, donde están las fiscalías Anticorrupción, para hacerle frente a algún proceso.
Exministros, empresarios y particulares han desfilado por el edificio Avesa, donde están las fiscalías Anticorrupción, para hacerle frente a algún proceso. Archivo

La escena es común. Desde finales de 2014, exministros, exdirectores de entidades autónomas, empresarios, y particulares desfilan por los pasillos del edificio Avesa, en la vía España, sede de las fiscalías Anticorrupción que existen en el país.

A la mayoría se les procesa por su posible vinculación con delitos contra la administración pública durante su gestión, otros son investigados por supuestos delitos económicos, y un grupo más reducido está en el banquillo de los acusados por sospecha de interceptar comunicaciones a espaldas de los ciudadanos.

Detención preventiva, impedimento para salir del país, detención domiciliaria, son las medidas cautelares impuestas a los vinculados al escrutinio judicial.

A los que les va mejor deben notificarse cada semana, o dos veces al mes. La defensa de los acusados, generalmente exfiscales, penalistas y hasta exprocuradores, acude a una larga lista de recursos jurídicos que a juicio de las propias autoridades hacen más largos los procesos.

Los casos coparon la agenda de las fiscalías Anticorrupción durante los últimos dos años.

Varias de estas causas iniciaron en octubre de 2014, y se profundizaron en los primeros meses de 2015, para desarrollarse a lo largo de ese año y de este 2016.

El periodo clave para las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades en la compra de comida deshidratada a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), a un costo de $45 millones, fue entre finales de 2014 e inicios de 2015.

Para ese entonces ya estaban en marcha las averiguaciones destinadas a esclarecer cuál fue el destino de una máquina espía que le costó a los contribuyentes $13.4 millones, y que se habría usado para interceptar las comunicaciones de, al menos, 150 personas.

El equipo se pagó también con dinero del PAN, y el proceso se inició luego de que Rolando López, actual secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, interpusiera una denuncia en el Ministerio Público (MP), en diciembre de 2014.

Precisamente, esta semana el MP dio a conocer que la Fiscalía Segunda Anticorrupción pidió que se llame a juicio a Gustavo Pérez, exdirector de la Policía Nacional, y a Giacomo Tamburrelli, ex jefe del PAN.

Los casos coparon la agenda de las fiscalías Anticorrupción durante los últimos dos años.

Información recopilada por este medio, y teniendo como base documentos oficiales, da cuenta de que el MP ha enviado, al menos, 20 vistas fiscales al Órgano Judicial relacionadas con estos actos.

Los expedientes en cuestión vinculan a 250 personas, la mayoría relacionada con delitos contra la administración pública.

Trece de estos procesos se encuentran en los juzgados, en espera de fecha para la audiencia preliminar. En nueve de ellos se busca determinar si se cometió alguna anomalía en contratos del extinto PAN.

Dos de las investigaciones que tienen asignadas fechas de audiencia son las que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción contra 33 personas, relacionadas a supuestas irregularidades en el contrato entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la empresa Hidalgo & Hidalgo, encargada de la construcción del sistema de riego de Tonosí, en Los Santos.

Aquí el Juzgado Decimocuarto Penal estableció como fecha de audiencia el 10 de julio de 2017, luego de que se pospusiera en tres ocasiones este 2016.

Mientras que el 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2017 se asignó por parte del Juzgado Decimotercero Penal realizar la audiencia a 17 personas que investigó la Fiscalía Segunda Anticorrupción, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública por la compra de un software de la marca SAP que la Caja de Seguro Social (CSS) adquirió a la compañía Advanced Consulting Panamá, S.A.

AUDIENCIAS

Hasta ahora se han realizado cinco audiencias. La del Juzgado Decimoquinto Penal, que llamó a juicio al exjefe del PAN Giacomo Tamburrelli; a Ángel Famiglietti, exfuncionario de esa entidad, a Adolfo Chichi de Obarrio, exasistente del exmandatario Ricardo Martinelli, y al empresario Rubén De Ycaza. Esto, en relación al caso de la compra de comida deshidratada por $45 millones.

Mientras que el Juzgado Decimoprimero Penal enjuiciará al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, y su esposa Milena Vallarino, por supuesto enriquecimiento ilícito.

En tanto, el Juzgado Decimoquinto abrió causa criminal a cuatro personas, entre ellas el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, por la compra de llantas para los carros del PAN.

Por su lado, el Juzgado Decimosegundo sobreseyó a cuatro exfuncionarios de la CSS a quienes se les investigaba por presuntas anomalías en el alquiler de locales.

Igual medida asumió el Juzgado Decimosexto, que provisionalmente levantó los cargos a la exministra Giselle Burillo, a quien se procesaba por supuestas irregularidades en un contrato para el transporte de plantas móviles.

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