INFRAESTRUCTURAS. LA OBRA CIVIL ESTÁ DETENIDA.

En aras del soterramiento

Buscan un nuevo contratista para completar un proyecto plagado de contratiempos y nuevos mecanismos para financiar la obra.

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La saturación de cables eléctricos y de telecomunicaciones causa un impacto negativo en la imagen que proyecta la ciudad. La saturación de cables eléctricos y de telecomunicaciones causa un impacto negativo en la imagen que proyecta la ciudad.
La saturación de cables eléctricos y de telecomunicaciones causa un impacto negativo en la imagen que proyecta la ciudad. Archivo

Es uno de los pocos proyectos que tiene el objetivo de mejorar el urbanismo de la ciudad de Panamá e ir renovando la estética de una urbe moderna, a vista de pájaro, pero atrasada a ras de suelo. Y, sin embargo, difícilmente podría haber tenido más contratiempos.

El soterramiento de cables en la ciudad de Panamá nació como proyecto en 2012. Una de las promesas de campaña en 2009 de la extinta alianza entre Cambio Democrático y el partido Panameñista se empezaba a concretar con la orden de proceder dada a la empresa española Semi, que se encargaría de las obras civiles.

En una primera fase se soterrarían los cables eléctricos y de telecomunicaciones del área de Obarrio, en concreto en las calles que quedan dentro del polígono trazado por vía España, avenida Federico Boyd, calle 50 y vía Brasil.

En aquel momento, una nota de prensa de Gas Natural Fenosa y la Compañía de Soterramiento de Cables, S.A. preveía que las obras civiles concluirían en dos años. Nada más lejos de la realidad. Este era el primer intento en un proyecto de cierta complejidad: la empresa eléctrica en la zona era solo una, pero había múltiples compañías de telecomunicaciones que tendrían que terminar pasando sus cables por la nueva infraestructura subterránea; para hacer los trabajos se requería la coordinación de varias instituciones del Gobierno Central. Tenían distintas competencias el Ministerio de Obras Públicas, el Municipio de Panamá, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, además de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep), regente estatal del proyecto.

Las obras comenzaron, pero eran más las molestias generadas a los ciudadanos que los avances percibidos.

En julio de 2014, cambió la administración del Municipio. La nueva vicealcaldesa, Raisa Banfield, contó en una entrevista anterior que al llegar al consistorio recibieron las quejas de los residentes de la zona. “Nos dimos cuenta de que había muchas cosas pasando y nadie coordinando. El municipio no había tenido ninguna participación en la toma de decisión ni estaba fiscalizando el proceso. Se violaron normas de seguridad, de tránsito, medidas básicas... No se hacían los anuncios a la comunidad”.

El municipio exigió entonces a las empresas que se hicieran correcciones al proyecto antes de permitir su avance. Mientras estos contratiempos generaban aumentos en los costos de la obra, se marcaban las diferencias entre contratista y Gas Natural Fenosa.

Finalmente, las partes fueron a un arbitraje en la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá y llegaron al acuerdo de rescindir el contrato, explicó a este diario Alkin Saucedo, subdirector de Radio, Televisión y Administrador del Espectro de la Asep. En el pacto quedó establecido que Semi entregaría terminadas las manzanas en las que ya hubiesen iniciado los trabajos, alrededor del 25% del proyecto.

Entre unas cosas y otras, la obra lleva alrededor de un año detenida. Se espera que esa condición cambie en los próximos meses, ya que Gas Natural Fenosa estaría adjudicando un contrato para completar el proyecto entre dos compañías que se han postulado en una nueva licitación.

Por si los contratiempos técnicos y de coordinación institucional fueran pocos, al proyecto también se le secó la fuente de financiamiento. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una tasa que se cobraba a los usuarios de servicios de telecomunicaciones para costear esta y futuras fases.

Durante el tiempo que se cobró la tasa, los fondos se depositaron en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, alimentado además por el 50% de la recaudación recibida con la licitación de las bandas de frecuencia de celulares.

Entre las dos fuentes generaron alrededor de $54 millones. Aunque la tasa a los servicios de telecomunicaciones generó menos ($10.1 millones) que las bandas de frecuencia de celulares, aseguraba una fuente de ingresos recurrente para el proyecto. Los recursos que hay en el fideicomiso deben ser suficientes para completar la fase de Obarrio. Lo que ha puesto en riesgo la decisión de la Corte Suprema es la continuidad del soterramiento de cables en otras áreas de la capital y del interior del país.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que el proyecto debe continuar y que se buscarían alternativas para financiarlo, todavía no se conoce una propuesta al respecto.

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