Algo arde aún

El Centro de Cumplimiento de menores, del Ministerio de Desarrollo Social, fue el lugar donde el 9 de enero de 2011 siete menores presos resultaron con graves quemaduras, luego de que la policía sofocara un motín. Cinco murieron. LA PRENSA/Archivo. El Centro de Cumplimiento de menores, del Ministerio de Desarrollo Social, fue el lugar donde el 9 de enero de 2011 siete menores presos resultaron con graves quemaduras, luego de que la policía sofocara un motín. Cinco murieron. LA PRENSA/Archivo.
El Centro de Cumplimiento de menores, del Ministerio de Desarrollo Social, fue el lugar donde el 9 de enero de 2011 siete menores presos resultaron con graves quemaduras, luego de que la policía sofocara un motín. Cinco murieron. LA PRENSA/Archivo.

Lo primero que se supo aquella mañana del domingo 9 de enero de 2011, cuando se conmemoraban 47 años de la gesta patriótica de 1964, fue que los menores de edad infractores detenidos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen habían protagonizado un motín para exigir mejores condiciones de salubridad y alimentación.

Más tarde, las pantallas de la televisión mostraron las insólitas imágenes de policías arrojando granadas lacrimógenas por entre los barrotes de las ventanas del centro y, acto seguido, llamaradas, gritos de auxilio, ante la mirada impávida de los agentes del orden que más bien parecían burlarse de los reclusos que querer prestarles alguna ayuda. Se diría después que los jóvenes habían provocado el incendio de un colchón para obligar a desalojarlos y poderse escapar.

La espeluznante realidad tardaría en salir a la luz.

Poco más tarde, agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al centro de reclusión y lograron evacuar aún con vida a siete jóvenes de la celda No. 6, con quemaduras de hasta tercer grado.

Los heridos mostraban una situación grave.

Tras los incidentes, los siete no fueron llevados inmediatamente al hospital, sino al Centro de Custodia de Arco Iris, donde llegaron con el resto de los amotinados.

El Instituto de Medicina Legal determinaría, algunos días después, que al menos uno de los quemados había sido herido con un objeto contundente, probablemente con una vara policial.

El martes 11 de enero se produjo el primer deceso: Eric Alexis Batista Mosquera, quien cumpliría el 2 de febrero siguiente los 18 años y estaba próximo a recobrar su libertad, falleció debido a la gravedad de las quemaduras.

Los médicos les daban pocas esperanzas al resto de los quemados.

Benjamín Mojica, de 15 años, moriría la noche del jueves 13.

Para entonces, habían emergido más detalles del suceso: 31 agentes policiales habían estado de servicio en el centro el día del incendio, pero la policía solo separó a dos.

Varios bomberos declararon que se les impidió cumplir con su tarea y que solo les permitió intervenir cuando el fuego estaba avanzado.

El viernes 16, la fatalidad le llegaría a José Frías, de 16 años, el tercer fallecido. Al día siguiente le tocaría la misma suerte a Omar Ibarra, de 17 años.

El 22 de enero fallecería el quinto de los quemados, Víctor Jiménez.

Entre tanto, peritos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Forense de Explosivos e Incendio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) determinaron que “una fuente de calor externa” había causado el incendio. “Puede tratarse de algún tipo de granada de gas lacrimógeno”, decía el informe.

Según las investigaciones que adelantó inicialmente la Fiscalía Auxiliar, Luis Ortega, jefe de la Zona Policial de Tocumen, ordenó a los agentes de policía echar gas pimienta en la celda y desalojar a los menores. La acción se haría con autorización de la directora del Centro, Iris Cedeño. Posteriormente, se cambió el plan: en lugar de gas pimienta, utilizaron gas lacrimógeno.

El incidente fue de tal gravedad que el 18 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró los hechos.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) determinaron que los siete reos que estaban en la celda 6 no participaban en el motín que precedió a la tragedia.

El 25 de enero de 2011, la fiscal primera superior, Geomara de Jones, formuló cargos por homicidio y homicidio en grado de tentativa a Iris Cedeño, directora del Centro; Luis Ortega, jefe de la zona policial de Tocumen; Ernesto Blake, jefe de la seguridad perimetral del centro; Alexander De Gracia, asistente del jefe de los custodios; al cabo Eduardo Enrique Barreno, y al custodio Guillermo Erasmo Ábrego, este último a cargo de las llaves de las celdas.

A finales de enero, activistas de derechos humanos que visitaron el centro de cumplimiento corroboraron las deplorables condiciones de hacinamiento e insalubridad que habrían motivado la protesta de los jóvenes.

En marzo, la Fiscalía Primera Superior decretó la detención preventiva de cuatro de los nueve policías acusados.

También se supo entonces que el día en que ocurrieron los hechos, tres oficiales del Centro de Operaciones de la policía, donde se reciben las novedades, no estaban en sus puestos.

En abril fue exonerada de responsabilidad la directora del centro, Iris Cedeño, lo cual fue cuestionado por la fiscalía y los abogados de las víctimas.

Según los testimonios, Cedeño autorizó el uso de bombas lacrimógenas para controlar el motín. Y no trató de impedir el maltrato policial en contra de los menores afectados por el incendio.

En junio, jóvenes del Centro de Custodia Arco Iris se amotinaron. La revuelta fue controlada sin incidentes graves.

Al cumplirse un año de la tragedia, en enero de 2012, los familiares de los fallecidos hicieron una vigilia en el centro, en la que exigieron justicia.

Entre tanto, el Gobierno se comprometió y avanzó en la propuesta de construir un nuevo centro de cumplimiento en Paso Blanco, Pacora.

La obra finalmente fue entregada el 1 de febrero de 2012. Pero seis meses después seguía sin poder ser ocupada debido a deficiencias en los trabajos.

Para el tercer aniversario de los hechos, las familias de las víctimas han pedido que el caso avance. Un impedimento, la Ley 74 de 2010, que prohibía el encarcelamiento de los policías, fue derogado en diciembre de 2013.

También han hecho notorio que los dos sobrevivientes no han recibido ninguna ayuda para su tratamiento por parte de las instituciones oficiales. Tampoco se han previsto compensaciones económicas.

El fin de una ley que duró demasiado

Tarde. A juicio de juristas y activistas por los derechos humanos, la derogatoria de la Ley 74 de 2010, que le otorgaba fueros a los agentes de la Fuerza Pública, era necesaria, pero demoró demasiado. El martes 22 de octubre, efectivos policiales dispararon a un automóvil en el que viajaba una familia, provocando la muerte de dos niños. El hecho conmocionó a la sociedad panameña y pudo haber influido en la decisión.

La ley fue finalmente derogada a mediados de diciembre de 2013 por la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, había dicho el 4 de noviembre que “jamás me ha pasado por la mente” la derogación de esta norma, según la cual no se decretaría la detención preventiva ni se suspendería del cargo a un miembro de la Fuerza Pública mientras durase el proceso en el que apareciera implicado. Según la Corte, la ley violaba los artículos 4, 17, 19 y 310 de la Constitución.

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