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El banco que colapsó

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Molestos. Angustiados. Así se veían los rostros de aquellos cuentahabientes que una tarde a principios de enero de 1996 hacían fila en la entrada de un banco ubicado en la avenida Balboa.

Los ahorros de toda una vida, el capital de sus negocios, las inversiones y el futuro de hijos y nietos acababan de volatilizarse sin que nadie les hubiese advertido nada.

Un “hueco” de unos 50 millones de dólares había provocado que un banco que entonces tenía cerca de 20 años de funcionar en Panamá solicitara la intervención de las autoridades, lo que destaparía uno de los peores escándalos financieros de la década de 1990 en la región.

El Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá (Banaico) funcionaba desde octubre de 1978 y fue intervenido el 24 de enero de 1996 por iliquidez, a petición de su presidente, el español Manuel Salvador Morales.

Erasmo Castro, el interventor nombrado por la Comisión Bancaria Nacional (CBN), que era entonces el ente regulador de la actividad bancaria en el país, encontró que de los 24 millones de dólares que el banco decía tener en efectivo, 23 millones eran simples papeles. No existían.

Pese a que Banaico había clasificado al 60% de los depósitos como provenientes del extranjero, solo el 30% de los mismos lo era. Ante esto, la CBN solicitó que el Ministerio Público indagara a varios funcionarios de Banaico.

El interventor descubrió que el 22 de enero de 1996, luego de no cumplir por segundo día con la cámara de compensación (una operación obligatoria para todo banco), Banaico había cancelado irregularmente varios depósitos a plazo fijo.

Muchos préstamos no coincidían con los nombres de los depósitos. Otros se cancelaron en los libros, pero los documentos aún reposaban en el banco.

Una empresa perteneciente, en parte, al entonces vicepresidente y secretario de Banaico, Mayor Alfredo Alemán (la Trans Latin Air o TLA), había sido incluida en un encausamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. sobre narcotráfico en 1994.

Según información periodística, existían además vínculos bancarios entre la TLA y Banaico. Alemán, también dirigente nacional del entonces gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), había sido nombrado presidente del Banco Nacional de Panamá (BNP) en 1994, pero renunció meses después.

Un banco de papel “domiciliado” en la isla de Monserrat, el Lion Bank, habría servido para concertar transacciones masivas con Banaico. Muchas de estas transacciones eran ficticias o “cruzadas”.

El 7 de febrero de 1996, la Universal, Compañía de Seguros y Reaseguros, fue intervenida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Manuel Salvador Morales era también el apoderado de esta empresa.

La justicia entonces investigó por estos hechos a Morales, al gerente Bruno Bemporad, a la subgerente Maritza Ramos de Mattaden y a la oficial de cuentas Irasema Subia.

Subia fue detenida el 22 de noviembre de 1996 por las autoridades antidrogas, bajo cargos de lavado de dinero a través de Banaico. Se buscaba determinar si había ocultado millones de dólares en cuentas de banco del narcotraficante colombiano José Castrillón Henao, detenido en Panamá y extraditado a Estados Unidos.

Castrillón Henao fue un personaje clave del Cartel de Cali en Panamá, estrechamente vinculado a uno de los jefes de aquella poderosa organización delictiva: Víctor Patiño Fómeque.

Como si fuera poco, dinero de Castrillón Henao había ingresado a la campaña presidencial de Ernesto Pérez Balladares, a la sazón, presidente de la República. El propio Pérez Balladares se vio obligado a admitir, tras haberlo negado antes, el ingreso de ese dinero a su campaña, aclarando que no sabía que era de origen ilícito.

EL CASO

Los tribunales iniciaron un proceso judicial por delitos como estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documentos, que duró 11 años después de enfrentar constantes recursos de la defensa para proteger a los acusados. Estos habían sido condenados en primera instancia el 13 de febrero de 2004 por el Juzgado Decimosegundo del Primer Circuito Judicial de Panamá.

No fue sino hasta 2008 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas, sellando así en forma definitiva el caso. Una condena de 8 años 4 meses y 15 días de cárcel recibió Manuel Salvador Morales.

El gerente Bruno Bemporad recibió por su parte siete años y seis meses de prisión, condena similar a la que se le dictó a la subgerente Maritza Ramos de Mattaden. Irasema Subía fue condenada en tanto a tres años y ocho meses.

Adicionalmente, Morales, Bemporad, Mattadem y Subia pagarían $1.9 millón por la cantidad que Banaico adeudaba a la Cámara de Compensación del BNP, más los intereses generados desde que fue dictado el fallo judicial.

Sin embargo, en junio de 2009, en las últimas horas de su gestión, el expresidente Martín Torrijos indultó a 20 personas, entre ellas a Bemporad, quien quedó así en libertad.

Ese mismo mes, Ramos de Mattaden se entregó a las autoridades luego de permanecer durante cinco años en su casa, resistiendo el fallo de 2004, por problemas de salud, según sus representantes legales.

Ramos de Mattaden se habría beneficiado de una medida cautelar, lo mismo que Morales.

Los cuentahabientes nunca lograron recuperar todo el dinero perdido.

Quiebras, seguridad y proyectos de ley

En los últimos 15 años, varios escándalos financieros han sacudido al país. La seguidilla de descalabros se inició con la quiebra de Banaico, que sin embargo pronto sería solo uno de una penosa cadena. Después vendría la quiebra del Grupo Adelag (que controlaba El Triángulo, Tecno Auto y la financiera El Roble, entre otros), la caída de la cadena Fotokina, Banco DISA, The Providence y Estrellamar. Más de 300 millones de dólares en pérdidas supusieron estos escándalos, principalmente en perjuicio de acreedores y cuentahabientes. Entre otras razones, fueron estos descalabros los que ayudaron a impulsar la aprobación de las Normas Internacionales de Contabilidad, obligatorias para las empresas y bancos que operan en el centro bancario. La nueva ley bancaria y la creación de la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores, además del Tribunal de Cuentas, abonaron para dar mayor seguridad y transparencia a las actividades financieras.

En octubre de 2010, el Ministerio de Comercio e Industrias impulsó un proyecto de ley de reestructuración empresarial, destinado a que las compañías que quedaran en situación de insolvencia pudieran mantenerse a flote y pagar sus deudas. La falta de una legislación de este tipo ha sido criticada por entidades financieras internacionales que la señalan como una de las debilidades del sistema panameño.

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Cortesía/Sinaproc

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