41 ACCIONES CIVILES FUERON PRESENTADAS CONTRA LA NACIÓN EN 2011

Estado, blanco de demandas

En la contraparte, el Estado puso 25 deman-das por 55.6 millones de dólares y participó en un proceso arbitral que también ganó.

TRANSACCIÓN. La Fiscalía Especializada en Asuntos Civiles dio el visto bueno a un eventual acuerdo entre el Estado y el Grupo F. Internacional por 29.9 millones de dólares, avalado por el Consejo de Gabinete, en noviembre de 2011. Los accionistas de la empresa aún no deciden si aceptan o no. LA PRENSA/Archivo TRANSACCIÓN. La Fiscalía Especializada en Asuntos Civiles dio el visto bueno a un eventual acuerdo entre el Estado y el Grupo F. Internacional por 29.9 millones de dólares, avalado por el Consejo de Gabinete, en noviembre de 2011. Los accionistas de la empresa aún no deciden si aceptan o no. LA PRENSA/Archivo
TRANSACCIÓN. La Fiscalía Especializada en Asuntos Civiles dio el visto bueno a un eventual acuerdo entre el Estado y el Grupo F. Internacional por 29.9 millones de dólares, avalado por el Consejo de Gabinete, en noviembre de 2011. Los accionistas de la empresa aún no deciden si aceptan o no. LA PRENSA/Archivo

2011 estuvo especialmente movido en lo que respecta a procesos judiciales civiles en los que el Estado panameño estuvo involucrado como demandado, demandante o mediador, según se desprende del último informe elaborado por la Fiscalía Especializada en Asuntos Civiles del Ministerio Público, que impulsa esos casos.

El titular de la fiscalía, William Parodi, confirmó a este diario que el año pasado se recibieron 163 nuevos sumarios (por 101.8 millones de dólares); reingresaron en la fiscalía otros 451 expedientes y además se participó en un asunto arbitral internacional, lo que da cuenta de un total de 615 procesos.

La cifra anterior representa casi la mitad (47.49%) de los mil 295 expedientes que ha tramitado la fiscalía desde su creación, en 2006, de los cuales, 612 ya fueron resueltos y 683 permanecen activos.

Entre 2006 y 2011, el Estado ha tenido que pagar 27.2 millones de dólares en juicios civiles y ha evitado el pago de otros mil 285 millones de dólares, luego de procesos que le resultaron favorables.

En 41 de los nuevos procesos que se iniciaron en 2011, el Estado fue demandado por 8.7 millones de dólares, y demandó en 25 casos por la suma de 55.6 millones de dólares.

Las anteriores cifras reflejan un cambio radical respecto a los procesos de 2010, cuando el Estado fue demandado por un monto de 552 millones de dólares y solo demandó a terceros por 1.2 millón de dólares.

A juicio del fiscal Parodi, este cambio de cifras se debió, básicamente, a la demanda interpuesta contra una empresa turística por más de 50 millones de dólares, proceso que se desarrolla en el Juzgado Séptimo de Circuito Civil de Panamá.

El Estado también demandó a la escuela de aviación Albrook Flight School, cuyos propietarios están detenidos por su supuesta vinculación con una banda dedicada al narcotráfico, en asociación con el Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta acción es por 61 mil dólares.

Además de las 66 demandas referidas, la fiscalía tramitó 97 casos considerados como no contenciosos, que, según se explicó, tienen que ver con pagos atrasados por el arriendo de terrenos propiedad del Estado.

Estos casos sumaron una cuantía de 37.5 millones de dólares.

Por otra parte, el Estado panameño también participó en 2011 en un proceso arbitral, ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, situado en Washington, Estados Unidos, entre la empresa National Energy Inc. y la república de Panamá, por 62 millones de dólares.

Parodi precisó que en este único proceso arbitral en el que la fiscalía participó en 2011, Panamá ganó el caso y la empresa demandante fue condenada a pagarle 4.5 millones de dólares, erogación que, sin embargo, no se ha concretado, pues la corporación apeló.

Mientras tanto, en 2010 el Estado panameño fue condenado a pagar 30.2 millones de dólares y evitó pagos por otros 93.2 millones de dólares, tras el desarrollo de varios procesos arbitrales en los que fue parte.

Entre los casos de vieja data que finalmente se concretaron en 2011, figuró el de la condena aplicada al coronel retirado de las Fuerzas de Defensa Marcos Justine, por un monto de 1.5 millón de dólares.

Justine fue condenado a pagar 988 mil dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios, y 593 mil 280 dólares en concepto de intereses legales, como resultado de un proceso en el que fue acusado por haber sustraído más de 8 millones de dólares en efectivo de la reserva del Banco Nacional de Panamá.

De acuerdo con Parodi, esta fue la primera vez en el país que un exfuncionario respondió civilmente por sus acciones.

Visto bueno

Entre otras diligencias realizadas por la fiscalía en 2011, destacan seis transacciones por la suma de 37 millones 645 mil dólares, en los que se dio el visto al Estado para proceder, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 200 de la Constitución, que plantea la obligatoriedad de la consulta al Procurador de la Nación, en los casos que el Presidente de la República, con aval del Consejo de Gabinete, decida someter a arbitraje los asuntos litigiosos en los que el Estado sea parte.

Se trata de casos en los que las partes fueron la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, empresas aseguradoras, lecheras, azucareras y avícolas; la Caja de Seguro Social; ICA Panamá, S.A.; el Ministerio de Economía y Finanzas y el Grupo F. Internacional.

En este último caso, el Consejo de Gabinete autorizó en noviembre pasado al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un convenio de transacción extrajudicial con el grupo por 29.9 millones de dólares.

El convenio incluye la entrega voluntaria al Estado de bienes inmuebles que se encuentran dentro de la concesión del grupo, y aquellos bienes muebles necesarios para las operaciones que se desarrollan sobre las parcelas 4, 5 y 7 de Amador, para cancelar las obligaciones pendientes de Grupo F. con el Estado, entre estas 16.4 millones de dólares por arriendos e intereses.

Consultado sobre el estatus del acuerdo, el Grupo F. informó, a través de su vocera, Noris Vega, que “aún se está estudiando y no se ha tomado una decisión”.

Desinformación

A pesar de que la fiscalía tiene cinco años de operaciones, el fiscal Parodi reconoció que las autoridades de las instituciones del Estado todavía están desinformadas respecto a sus competencias, que, según explicó, buscan el resarcimiento del Estado en casos en los que ha habido perjuicios económicos contra este, como por ejemplo casos de peculado.

En ese sentido, informó que su despacho empezó un proceso de acercamiento con las instituciones del Estado, para que estos procesos sean canalizados a través de la fiscalía.

La Fiscalía Superior Especializada de Asuntos Civiles fue creada mediante Resolución No. 17, de 17 de marzo de 2006, y tiene como su principal función “la defensa de los intereses del Estado en los procesos en los que este figure como parte, en la jurisdicción civil y arbitral”.

Además, puede ejercer “demandas para la recuperación del dinero del Estado frente a casos en los que una obra haya sido mal ejecutada o por el incumplimiento de contratos”.

Este despacho tiene mando y jurisdicción en todo el país, y requiere de la autorización del Presidente de la República para instaurar una demanda civil.

De igual forma, está obligado a realizar un inventario de los procesos civiles, a fin de llevar un estricto control de sus acciones.

Desde su creación, este despacho atiende un promedio de 200 casos anuales. Antes de su existencia, esas funciones eran asumidas por las distintas fiscalías civiles, penales y de familia que hay en el Ministerio Público.

De acuerdo con el fiscal Parodi, por lo general el Estado es demandado por causas relacionadas con daños y perjuicios, incumplimiento de contratos o por la mala prestación de servicios públicos.

Condenas por violación de derechos

Panamá ha sido condenada cuatro veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en procesos efectuados durante los últimos 10 años.

En febrero de 2001, la Corte condenó al Estado a indemnizar con 65 millones de dólares a 270 trabajadores del extinto Instituto deRecursos Hidráulicos y Electrificación, despedidos en 1990, tras ser acusados de complicidad en un golpe de Estado contra el entonces presidente, Guillermo Endara.

La indemnización debía cancelarse en diciembre de 2002, pero no se ha concretado del todo aún.

En agosto de 2008, la CIDH ordenó a Panamá pagar 256 mil dólares a los deudos del dirigente popular Heliodoro Portugal, desaparecido en 1970 en la dictadura militar.

En enero de 2009, el Estado fue condenado por los pinchazos telefónicos al abogado Santander Tristán, a quien se ordenó pagar 30 mil dólares en concepto de daños y perjuicios.

Luego, en diciembre de 2010, la Corte condenó a Panamá por los tratos crueles e inhumanos al que fue sometido el inmigrante ecuatoriano Jesús Vélez Loor, tras ser detenido en el país entre 2002 y 2003.

El Estado panameño fue condenado a pagar a Vélez la suma de 7 mil 500 dólares por tratamiento y atención médica y psicológica especializada, además de 41 mil 500 dólares por los daños materiales e inmateriales causados.

Finalmente, en un quinto proceso ventilado en el sistema interamericano de derechos humanos, aunque esta vez a instancias de la comisión, el Estado panameño llegó a un arreglo amistoso con la familia de la líder estudiantil Rita Wald, quien fue vista con vida por última vez en Galerías Obarrio el 27 de marzo de 1977, después de salir del colegio José Antonio Remón Cantera, donde cursaba estudios de sexto año.

El arreglo, suscrito el 26 de octubre de 2011, después de 34 años de la desaparición de la joven, incluyó una reparación económica por cerca de 700 mil dólares en concepto de daño material, inmaterial o moral causado por la desaparición forzada de Wald, dinero que será destinado a una fundación que llevará su nombre.

Elio Núñez

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código