PROPUESTAS DE LEYES ANTICORRUPCIÓN

Los cambios a la Ley 59 de 1999

Entre las proposiciones se plantea incluir una declaración jurada de conflicto de intereses, obligatoria para los servidores públicos.

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La Concertación Nacional recomendó que se incluya a los diputados dentro de la lista de los funcionarios obligados a declarar sus bienes. La Concertación Nacional recomendó que se incluya a los diputados dentro de la lista de los funcionarios obligados a declarar sus bienes.
La Concertación Nacional recomendó que se incluya a los diputados dentro de la lista de los funcionarios obligados a declarar sus bienes. LA PRENSA/Archivo

El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y la Comisión de Estado por la Justicia remitieron más de 20 modificaciones a los borradores de proyectos de leyes anticorrupción que elabora el Ejecutivo y que próximamente serán llevados al Legislativo para su consideración.

En octubre pasado, el Ejecutivo entregó a ambas organizaciones, a través del viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, y de la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, cuatro propuestas de normas anticorrupción, que incluyen reformas a las leyes de la Fiscalía de Cuentas y de la Antai; a la Ley 59 de 1999, que regula la declaración jurada de bienes patrimoniales, y una más que creará la declaración jurada de intereses particulares para los servidores públicos.

Estas dos últimas propuestas fueron las que más sugerencias de cambios recibieron.

Por ejemplo, avalan que la declaración sea pública, tal como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo.

En ese sentido, la Comisión de Estado por la Justicia propuso la adhesión de cuatro nuevos artículos, entre ellos, el que señala que “las autoridades procurarán dar a conocer a los ciudadanos y a los interesados, de forma sistemática y permanente, toda información relacionada al contenido de las Declaraciones Juradas de Estado Patrimonial y de las Declaraciones de Intereses Particulares, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de forma masiva tal información”.

Además, plantearon que la declaración de bienes, aparte de servir “como una herramienta al servicio de la transparencia en la gestión pública o como medio probatorio frente a eventuales investigaciones, debe brindar ‘confianza’ a la ciudadanía respecto a la probidad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones”.

La propuesta agrega que “es de vital importancia que la ciudadanía tenga derecho a acceder a toda aquella información que le permita ejercer el control ciudadano del ejercicio de la función pública, ya sea en el orden jurídico o político”.

No obstante, sugieren que se modifique el plazo de tres años que otorga la propuesta en los casos de los funcionarios que son obligados en el cese de sus funciones para presentar la declaración jurada de bienes y de intereses particulares.

“Consideramos que el plazo contemplado en dicho texto excede al contemplado en el artículo 304 de la Constitución, que es de 10 días hábiles”.

De igual forma, aprueban que los servidores públicos también reporten una declaración de intereses particulares.

Con la declaración de intereses particulares, se busca que los funcionarios informen sobre las empresas en las que han trabajado y sobre las compañías de sus parientes, por afinidad o consanguinidad, o de su cónyuge.

Esta declaración pedirá que se detalle cualquier regalo recibido en el último año, cuyo precio exceda los 500 dólares. También se debe informar sobre la relación familiar o de amistad que pueda generar conflicto de intereses durante el ejercicio de su cargo.

RECHAZAN DAR INFORMACIÓN FAMILIAR

Sin embargo, aunque están de acuerdo con que los funcionarios detallen el último regalo que hayan recibido, la Comisión de Estado se opone a que una medida similar alcance a los miembros del grupo familiar del servidor público, y pide que se reformen los artículos 9, 11 y 13 de la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Señalan que ello “excedería con creces” el alcance de lo normado en el artículo 304 de la Constitución, que lista en detalle a las personas obligadas a declarar su estado patrimonial y no así a sus familiares.

En ese sentido, se niegan a que aparezcan las deudas contraídas por el funcionario con personas naturales o jurídicas, y a que se revelen las deudas comerciales por negocios del grupo familiar.

PIDEN INCLUIR VIÁTICOS

Por su parte, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo recomienda que se obligue a presentar la declaración de bienes patrimoniales a los viceministros, subcontralores, diputados, rectores y vicerrectores, así como a los alcaldes, representantes, corregidores y los magistrados de tribunales administrativos.

Otra recomendación del Consejo es que que se incluya entre los bienes declarados los ingresos por viáticos en que incurren los funcionarios.

También coincidió con la Comisión de Estado por la Justicia en que los tiempos para la entrega de las declaraciones juradas queden especificados; es decir, si se trata de días hábiles o de días calendario.

El viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, ha señalado en reiteradas ocasiones que las sugerencias serán evaluadas por el equipo de abogados que se encarga de llevar adelante la redacción de las propuestas finales.

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