RETOS DE PANAMÁ ANTE INFORME DE EXPERTOS

El camino hacia la transparencia

El comité considera que hay que trabajar ‘con urgencia’ para combatir ‘los altos niveles de opacidad’ con los que se percibe al país.

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Gisela Álvarez de Porras, exviceministra de Finanzas, y Domingo Latorraca, exviceministro de Economía y Finanzas, dos de los comisionados. Gisela Álvarez de Porras, exviceministra de Finanzas, y Domingo Latorraca, exviceministro de Economía y Finanzas, dos de los comisionados.
Gisela Álvarez de Porras, exviceministra de Finanzas, y Domingo Latorraca, exviceministro de Economía y Finanzas, dos de los comisionados. LA PRENSA/Roberto Cisneros

El Gobierno enfrenta ahora nuevos retos y obligaciones, luego de que el comité de expertos, encargado de proponer medidas para fortalecer la transparencia del sistema tributario, recomendara la implementación de un sistema que busca cambiar la estructura operativa del Estado. Además, el informe sienta las bases para que la plataforma financiera de Panamá sea renovada y ajustada a la necesidad de cooperar para compartir información fiscal.

El comité fue instalado el pasado 29 de abril, poco después de publicarse una investigación liderada por el   Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus  siglas en inglés), en la que se desvelaron las prácticas que la firma panameña  Mossack Fonseca  habría creado para un entramado de sociedades offshore, puestas a disposición de líderes políticos, deportistas y empresarios para supuestamente ocultar sus patrimonios.

Transparencia, firmeza, comunicación consistente, compromiso de Estado y asignar recursos para formar profesionales competentes, así como adquirir plataformas tecnológicas, son algunas de las recomendaciones que hace el grupo en el documento de 19 páginas, que fue publicado ayer en la página web de la Presidencia de la República.

El exviceministro de Economía y Finanzas Domingo Latorraca; el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta y la exviceministra de Finanzas Gisela Álvarez de Porras, tres de los que integran la comisión, explicaron el contenido del dosier a los periodistas. Coinciden en que hay que trabajar “con urgencia” para combatir “los altos niveles de opacidad con que se percibe a Panamá”.

RESPONSABILIDADES

Para el grupo de expertos, el país se debe enfocar en alcanzar un alto estándar de desempeño en transparencia y control efectivo de los flujos ilícitos. Sin embargo, para esto se necesitará el compromiso, tanto del Gobierno como de las autoridades y entes de regulación.

Según los especialistas, la legislación panameña “mantiene un alto grado de flexibilidad” para las operaciones financieras, lo que crea “un riesgo real en términos de flujos ilícitos de capital”.

Por ello, aseguran, el Gobierno deberá adoptar mecanismos para identificar al beneficiario final de las sociedades opacas, incluyendo fideicomisos que operan y se domicilian en Panamá a través del agente residente, más allá de lo establecido en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que lo requiere únicamente para temas relativos al blanqueo de capitales.

De lo contrario, será “más y más difícil” mantener la competitividad para atraer “inversiones deseables”.

Todo esto, además de elevar las recomendaciones a “políticas de Estado” y “no como una salida al paso, como se ha estado haciendo en los últimos 15 años”.

Para Alberto Alemán Zubieta, es importante que de este informe se haga una política de Estado, para que las próximas administraciones puedan mantener “el mismo norte”. A diferencia de lo que opina el mandatario panameño Juan Carlos Varela, de que el tema es un asunto “mediático”, Alemán Zubieta considera que no lo es.

Plantean, además, que para que esto pueda ser posible, el Gobierno debe desarrollar e implementar una legislación anticorrupción que alcance los actos realizados por nacionales o grupos económicos establecidos en Panamá, que directa o indirectamente participen en la instrumentación de actividades ilícitas en terceros países.

También sugieren que resulta imprescindible que el país se mantenga fuera de cualquier lista discriminatoria o calificación de opacidad o falta de transparencia.

“Un país cuya economía depende en parte de transacciones financieras, comerciales y de servicios a las organizaciones que operan o se domicilian en él, no puede darse el lujo de estar en listas que ponen en cuestionamiento su capacidad de manejar dichos flujos y transacciones (...)”.

En abril pasado, Francia incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales, tras la investigación de la ICIJ. El país había estado en ese registro hasta finales de 2011.

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OTRAS SOLICITUDES

El comité pidió independencia para la  Unidad de Análisis Financiero,  entidad que actualmente está bajo el paraguas de la Presidencia de la República, así como de la Dirección General de Empresas Financieras, adscrita al Ministerio de Comercio.

Consideran que las sociedades de ahorro y crédito deben salir de la supervisión del Banco Hipotecario Nacional y “pasar a ser reguladas por un supervisor con capacidad y estructura”.

Asimismo, consideraron necesario establecer un comité asesor permanente, conformado por profesionales con experiencia en temas relativos a lavado de dinero, evasión fiscal y planificación patrimonial, que no tenga conflicto de intereses en el tema, y que haga  las veces de consejero del Gobierno para el cumplimiento de las recomendaciones presentadas.

También estiman relevante el hecho de que Panamá no debe entrar en el debate de la calificación de la evasión fiscal como delito, a fin de satisfacer la demanda de terceros países, ya que como suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya tiene la obligación de intercambiar información por razones de evasión fiscal cuando la misma está tipificada como delito o lavado de dinero en el país requirente.

PREOCUPACIÓN

Álvarez de Porras dijo estar preocupada porque “por primera vez una calificadora hace un señalamiento puntual, que exige elevar la normativa local al cumplimiento de los estándares internacionales”. Con ello se refirió al más reciente informe sobre calificación de deuda soberana de Standard & Poors. “La forma en que se están desarrollando las instituciones políticas del país y los retos relevantes en relación a transparencia en el Gobierno y la regulación de su sistema financiero restringen la calificación”, sentenció.

Explicó que de bajar la calificación de la deuda de Panamá, “se va a encarecer todo el crédito que se recibe en los financiamientos”. “Si no hacemos caso a los llamamientos, en particular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esta puede colocar sanciones fiscales a las empresas que operan en Panamá o con Panamá, por ello los bienes que se reciben o se producen en Panamá pueden dejar de existir”, planteó.

Mientras que Alemán Zubieta recordó que de no acatar las normas que se están desarrollando en el mundo, Panamá puede ser objeto de sanciones económicas y perder su grado de inversión.

OPORTUNIDADES

El comité de expertos indicó que ellos hicieron su trabajo y será decisión del Gobierno implementar estas recomendaciones. No obstante, Alemán Zubieta aseguró que la investigación de la ICIJ es una “oportunidad” para que el país pueda actualizarse en materia de transparencia.

La actual administración se ha comprometido con acelerar distintas reformas para proteger su centro financiero, levantando el velo de los beneficiarios de empresas offshore, inmovilizando las acciones al portador y publicando las multas por evasión fiscal. Además, firmó un acuerdo con la OCDE para intercambiar información fiscal de manera automática con otros países.

‘VARA ALTA’

Fernando Sucre, abogado activo en el sector fiduciario, asegura, por ejemplo, que si bien es cierto que el informe sugiere algunos cambios adicionales, como crearle autonomía a las autoridades fiscalizadoras, piensa que ya se ha regulado “en exceso el tema”, lo que implica que poner la vara tan alta, para el cumplimiento de las normas, será muy difícil. “Pensar que el Estado o los actores involucrados (bancos, abogados, empresas financieras) pueden contar a corto plazo con las herramientas, personal e infraestructuras para cumplir con las exigencias legales es estar engañándonos nosotros mismos”, expone.

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