Una carrera justa

Fue en 2006 cuando la entonces presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon, presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera judicial, que impulsaba la sociedad civil. Aún sigue sin aprobarse. LA PRENSA/Archivo. Fue en 2006 cuando la entonces presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon, presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera judicial, que impulsaba la sociedad civil. Aún sigue sin aprobarse. LA PRENSA/Archivo.
Fue en 2006 cuando la entonces presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon, presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera judicial, que impulsaba la sociedad civil. Aún sigue sin aprobarse. LA PRENSA/Archivo.

El Pacto de Estado por la Justicia, una iniciativa de la sociedad civil para convocar a todos los actores del sistema judicial y abocarlos a producir una reforma integral y profunda de dicho sistema, promovió en 2005, como parte de sus propuestas, la formalización de la carrera judicial mediante una ley.

El régimen existente para los nombramientos de jueces y magistrados era visto por un amplio consenso de la sociedad civil y del propio sector como deficiente, anticuado y vulnerable a los vaivenes políticos.

En diciembre de 2006, a dos días del fin de las sesiones de la Asamblea Nacional, la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, presentó una iniciativa que fusionaba tres proyectos de los comisionados: la carrera judicial, el régimen disciplinario y el consejo judicial.

La iniciativa, sin embargo, no prosperaría.

Hubo un cambio en la jefatura del Órgano Judicial y sería el magistrado Harley Mitchell quien asumiría el proyecto, que se sometió entonces a una nueva revisión.

Pero no sería hasta el año 2009 cuando volvería a ser presentado para una nueva consideración ante los diputados de la Asamblea Nacional.

Cuando, en mayo de 2010, el proyecto se encontraba en segundo debate, un nuevo magistrado había asumido la presidencia de la Corte: Aníbal Salas.

El funcionario reactivó los concursos para nombramientos y movimientos en el Órgano Judicial, que se encontraban congelados a la espera de la definición de una nueva ley.

La Alianza Ciudadana pro Justicia, grupo de la sociedad civil que impulsaba desde el principio el proceso de reformas, criticó duramente la acción del nuevo jefe de la corporación, al advertir que ese tipo de nombramiento era una “vuelta al pasado” y justamente lo que se quería regularizar con el proyecto de ley que se discutía entonces.

La Asociación Panameña de Magistrados y Jueces también mostró su malestar, aunque pidió que se devolviera el proyecto de ley a primer debate, por discrepar de este en algunos puntos.

Salas ripostó que las críticas se debían al desconocimiento del funcionamiento real del Órgano Judicial. Las discrepancias dilataron aún más la aprobación del proyecto de ley.

En agosto de 2011 fue devuelto a primer debate. Pero en octubre de ese año se presentó ante la Asamblea un nuevo proyecto sobre el mismo tema.

A mediados de 2012 se instaló en la Asamblea Nacional una subcomisión para tratar la carrera judicial. La discusión del tema provocó fuertes roces entre los gremios de funcionarios judiciales.

La implementación de la carrera judicial fue también una de las peticiones de la sociedad civil en agosto de 2013 a los candidatos y precandidatos presidenciales que se aprestaban para la competencia electoral de mayo de 2014.

El cambio de gobierno reavivó las esperanzas para el proyecto, pues durante la administración de Ricardo Martinelli el Pacto de Estado por la Justicia, marco de este proyecto, había sido sistemáticamente ignorado.

En agosto, el presidente Juan Carlos Varela confirmó la reactivación del Pacto.

A comienzos de octubre, el proyecto de carrera judicial volvió a cobrar vida en la Asamblea. El 15 del mismo mes fue aprobado en primer debate.

El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, se ha manifestado contrario a la propuesta. En cambio, apuesta por la creación de un consejo de la judicatura.

La semana pasada, el Colegio de Abogados, la Alianza Ciudadana pro Justicia y la Asociación de Jueces y Magistrados propusieron que el proyecto se incluyera en las discusiones de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.

Propuestas para mejorar el sistema

El proyecto de ley de carrera judicial pretende organizar los movimientos y nombramientos en el sistema de administración de justicia de Panamá, para garantizar su agilidad, su eficacia y su transparencia. Busca evitar así la intromisión  política.

Con este fin, la ley se propone establecer una estructura organizativa presidida  por un consejo de administración de carrera judicial.

De aprobarse,  habría un colegio judicial supervisado por esta instancia.

La información institucional, las unidades de trabajo y los servicios judiciales estarían organizados a través de manuales, así como los procesos de ingreso y promoción o ascenso, para conocer, además de los antecedentes de los aspirantes, si estos poseen las competencias requeridas.

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