LA DEMANDA MILLONARIA DE ERNESTO PÉREZ BALLADARES CONTRA CORPORACIÓN LA PRENSA

Una certificación ´inusual´

El exmandatario dijo en su cuenta de Twitter que cree en la libertad de expresión, pero esta debe ejercerse con responsabilidad.

En un procedimiento considerado por juristas como “poco usual”, el Juzgado Decimoquinto Civil de Panamá certificó ayer a través de un comunicado publicado en diarios de circulación nacional la presentación de la demanda civil contra Corporación La Prensa (Corprensa) por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

En el comunicado se explicó que dicha certificación -que no tiene la fecha en que se interpuso la demanda -fue solicitada por la “parte interesada”, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 669 del Código Judicial, inherente a la prescripción del proceso.

El artículo dice que la presentación de la demanda, la notificación a la parte demandada, la publicación de un edicto emplazatorio o de una certificación (como en este caso) interrumpe la prescripción. El plazo para presentar una demanda civil es de un año, de acuerdo con el artículo 1706 del Código Civil.

´EL MENSAJE ES AMENAZA´

Como una clara amenaza contra la libertad de expresión que encierra un mensaje de amenaza, fue calificada ayer por el presidente del Fórum de Periodistas, Guido Rodríguez, la demanda civil millonaria presentada por Pérez Balladares contra Corprensa.

A juicio de Rodríguez, el mensaje que transmite la acción legal es claro: “si publicas cosas, esto es lo que puede suceder”.

Frente a esta situación, Rodríguez abogó porque un juez con criterio detenga esta “pretensión cuasi expropiatoria”, que sin duda contraviene los estándares de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de libertad de expresión.

Según la OEA, dijo, para que proceda una demanda de este tipo debe probarse primero que el periodista y el medio de comunicación publicaron la información a sabiendas de que era falsa.

“Si lo que se publicó tenía que ver con una investigación, como en efecto lo fue, independientemente del resultado del proceso, no tiene fundamento una demanda y mucho menos de esta pretensión”, opinó.

Recordó que ya en una oportunidad, un juez civil paró las pretensiones del entonces magistrado Winston Spadafora de demandar por 2 millones de dólares al diario Panamá América. “Se le concedió una cuantía de 20 mil dólares, y eso está en apelación”, precisó.

El secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas, Filemón Medina, dijo que al denunciar hechos delictivos y actos de corrupción, los periodistas y medios de comunicación se hacen eco del sentir de la sociedad, por lo que no es correcto que empresarios, políticos y autoridades presenten demandas en su contra.

“Quedan condenados quienes han transmitido información de un posible hecho punible; nos atacan como piñata”, reflexionó.

Se consultó al abogado de Pérez Balladares, José María Castillo, pero dijo que no podía declarar sobre el caso.

En tanto, el exmandatario confirmó la demanda a través de su cuenta de Twitter @perezballadares y escribió: “Creo en la libertad de expresión y de todo tipo; las defenderé siempre, pero también creo que las libertades se ejercen con responsabilidad y ellos han sido, en complicidad con otros (ya conocido y público), muy irresponsables y falsos en sus publicaciones”.

Dijo, además, que a partir de ahora no hará comentarios sobre el caso y esperará el curso del proceso. (Con información de Rafael Luna Noguera, Rubén Polanco y Elio Núñez)

La demanda es por caso que está en Casación

Según información recabada ayer en el Palacio de Justicia, la demanda fue presentada a las 11:47 a.m. del pasado lunes por el abogado José María Castillo ante el Juzgado Decimoquinto Civil.

Aunque oficialmente no se confirmó la cuantía ni la razón de la demanda, fuentes judiciales informaron que se trata de una acción por más de 1 millón de dólares y guarda relación con el proceso por blanqueo de capitales al que fue sometido el expresidente y otras 14 personas por instrucción de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. En el proceso, el Ministerio Público (MP) afirmó que los imputados no pudieron justificar las sumas de dinero que recibieron de la sociedad Shelf Holding Inc, procedentes de la empresa Lucky Games que se benefició con una concesión directa para administrar salas de máquinas tragamonedas durante el gobierno de Pérez Balladares.

Sin embargo, el Juzgado Noveno Penal dictó un sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados el 29 de abril de 2011, con el argumento de que el MP no probó el blanqueo de capitales ni el delito precedente a este (corrupción). La fiscalía apeló este fallo, pero el Segundo Tribunal Superior de Justicia lo ratificó en todas sus partes el 5 de enero pasado, por lo que el MP anunció un recurso de casación.

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