participación ciudadana

De ciudadanos a veedores

Los nuevos veedores deben inicialmente cumplir su rol de fiscalización de los fondos públicos de la ley de descentralización.

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Ericka González, secretaria nacional de Descentralización. Ericka González, secretaria nacional de Descentralización.
Ericka González, secretaria nacional de Descentralización. Archivo

La escuela de veedores, que busca educar a las personas en la participación ciudadana, graduará en diciembre próximo a los primeros 100 líderes comunitarios que ejercerán un rol activo en las decisiones públicas, en la resolución de conflictos comunitarios en forma pacífica y en el combate a la corrupción de fondos públicos.

Los estudiantes en su mayoría son jóvenes profesionales que provienen de distintas regiones del país como San Miguelito (Panamá), Bugaba (Chiriquí), San Carlos (Panamá Oeste) y Las Tablas (Los Santos).

Desde el 18 de octubre pasado los estudiantes iniciaron las capacitaciones que concluirán el 15 de diciembre próximo.

Ellos recibieron capacitaciones en liderazgo con valores, gestión de proyectos de innovación social y presupuestos participativos, entre otros talleres.

VEEDORES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

La creación de esta escuela es una iniciativa del Movimiento Independiente (Movin), organización que en alineación con su eje de participación y como un aporte para la implementación efectiva de la Ley 66 de 2015, de Descentralización Pública, estructuró un proyecto educacional para formar a líderes en las comunidades en su nuevo rol de veedores.

Annette Planells, dirigente de Movin, explica que la nueva ley de descentralización exige un elemento de participación ciudadana, “por lo que esto abrió una oportunidad para educar sobre el tema”.

En uno de sus artículos, dicha ley indica: “Aproximar el gobierno local a los ciudadanos fomentando los procesos de participación ciudadana y la información en la acción de gobierno municipal, como base indispensable de un proceso transparente”.

Con la descentralización los 78 alcaldes y 648 representantes de corregimientos del país deben responder rápidamente a las necesidades de sus áreas: y para ello disponen de $500 mil anuales. Los ciudadanos de cada poblado son los encargados de elevar las necesidades a las autoridades y, además, deben de estar vigilantes del manejo de los fondos públicos que son destinados para cada circunscripción.

Tras 11 meses de implementación de la descentralización en el país, se han gestionado más de mil 400 proyectos por un monto de $151.1 millones, según cifras oficiales.

Para 2017 habrá unos $194 millones presupuestados para este proceso, que deben incluir los fondos relativos a la transferencia del impuesto de bienes inmuebles y los fondos asignados al Programa Nacional de Desarrollo Local (Pronadel).

La Secretaría Nacional de Descentralización, a cargo de Ericka González, para 2017 contempla que la Contraloría General de la República establezca las oficinas de fiscalización en cada uno de los municipios del país, con el fin de mantener la transparencia en el manejo de los fondos.

EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES

A pesar de que el concepto de este tipo de escuelas no es nuevo, muy poco se ha experimentado en Panamá con la buena participación ciudadana, “ya que había estado limitada a la consulta pública, y en muchos casos consultas manipuladas”, asegura Planells.

Este proyecto coloca a Panamá al nivel de otros países de la región, como Chile y Colombia, que han implementado estos modelos con mucho éxito, indicó.

En Colombia, por ejemplo, hasta el año 2013 existían, al menos, 500 veedurías ciudadanas.

capacitaciones en panamá

La escuela de veedores desarrolló cuatro módulos o talleres para capacitar a los estudiantes.

Los dos primeros módulos abarcan la teoría, que incluye el marco jurídico, deberes y derechos ciudadanos, metodología y conceptos de un “Gobierno Abierto”.

El resto de los módulos incluyen ejercicios prácticos enfocados en el liderazgo con valores, gestión de proyectos de innovación social y presupuestos participativos.

INVERSIÓN

La inversión final estimada de cada taller alcanzó un monto de $3 mil 500, recursos que han sido facilitados tanto por el Fondo de Prosperidad de la Embajada del Reino Unido en Panamá como por algunos municipios y Movin.

Leah Estrada, directora ejecutiva de Movin, explica que el desarrollo del currículo y la facilitación de talleres ha sido un esfuerzo entre el equipo del movimiento, la Fundación Generación sin Límite, además de expertos y académicos panameños reconocidos por su trayectoria en innovación social y en desarrollo de proyectos comunitarios.

DESAFÍOs

Los primeros talleres que se han hecho hasta ahora forman parte de un plan piloto, por lo que Estrada aseguró que la visión es llegar a más comunidades luego de que el programa finalice este 15 de diciembre.

“Nuestra meta es cubrir los distritos que nos faltan, pero el mayor desafío es la inversión requerida para cada taller, ya que dependemos de donaciones para poder continuar”, agregó Estrada.

No obstante, asegura que varios organismos e incluso empresas han expresado interés en replicar el taller, adaptado a las necesidades de comunidades específicas que ellos apoyan.

Para Movin, el éxito de esta iniciativa “está estrechamente ligado con la participación activa de las autoridades de los distritos, a fin de que promuevan la participación de sus ciudadanos en los talleres de la escuela”.

En el lanzamiento de la escuela de veedores, se contó con la participación de un experto en “Gobierno Abierto” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Alessandro Bellantoni, quien hizo observaciones sobre el marco jurídico ideal para la participación ciudadana.

Municipios deben cumplir

Para Freddy Pittí, de la sociedad civil y representante de la organización juvenil Juntos Decidimos, la descentralización no será efectiva en cuanto a la participación de los veedores si los municipios no se comprometen a cumplirla.

“Acá el tema no es si los municipios están dispuestos, es deber de ellos trabajar en armonía con estos líderes (...) es fundamental que tomen en cuenta la participación ciudadana, no es algo que se pueda negociar”, explicó.

Pitti agregó que es necesario el empoderamiento ciudadano y su debida capacitación. “Los únicos que conocen problemas y necesitan de soluciones son los mismos ciudadanos”, indicó el activista de la sociedad civil organizada.

HABLAN LOS NUEVOS VEEDORES

Marbella Della Sera, profesora universitaria en la provincia de Chiriquí y quien participó de las capacitaciones, asegura que la escuela de veedores le enseñó la manera de organizarse dentro de su comunidad.

“Ya tenemos las herramientas para poder pedir, para poder buscar la información y para luego servir de auditores (…) Esto nos servirá para votar y escoger lo que se quiere hacer y no que simplemente las autoridades te impongan algo”, asegura la docente.

Della Sera dijo que el curso fue dinámico y participativo. “Hubo participación de funcionarios de varias instituciones de la provincia... es importante que todos se identifiquen con su comunidad”, agregó.

Mientras que Jorge Puga, asesor legal de la Oficina Municipal de Descentralización de San Carlos, asegura que el aprendizaje fue realmente “enriquecedor”.

“Se nos dio una cantidad de información, materiales didácticos y hasta charlas con personas de otros países vía Skype. Fue toda una experiencia en el tema de veedurías y formación ciudadana participativa”, añadió Puga.

Recordó que, a pesar de que este tipo de iniciativas se hablaron durante el gobierno de Martín Torrijos, no es hasta ahora que se incluye esa participación de los ciudadanos en la ley de descentralización.

Puga se refiere a que fue en las postrimerías del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) que se promulgó la Ley 37 que descentraliza la administración pública, pero, posteriormente, durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), la aplicación de esta ley fue suspendida.

Bajo el actual gobierno de Juan Carlos Varela se dictó, en 2015, la nueva ley de descentralización pública.

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