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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Caso Odebrecht: ‘Han cometido delitos graves’

La fiscalía sustentó que para el pago de coimas a través de Constructora Internacional del Sur se usó una organización que operaba desde 2009, en la que se concertaron, ejecutaron y coordinaron ‘los hechos delictivos’.

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La Fiscalía Anticorrupción de Descarga asumió la investigación el 18 de enero de 2017. Antes, estaba en manos de la Fiscalía Séptima Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción de Descarga asumió la investigación el 18 de enero de 2017. Antes, estaba en manos de la Fiscalía Séptima Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga asumió la investigación el 18 de enero de 2017. Antes, estaba en manos de la Fiscalía Séptima Anticorrupción. Roberto Cisneros

La investigación por los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios y particulares, a través de la Constructora Internacional del Sur, S.A., es “compleja”, y se está ante la presencia “de un posible grupo delictivo organizado” que ha cometido “delitos considerados graves, como lo son el blanqueo de capitales y contra la administración pública”.

Lo dice el juez duodécimo penal Óscar Carrasquilla en un fallo del pasado 13 de julio en el que admite una petición de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para continuar con la pesquisa, pero le pone condiciones.

El juez concedió una prórroga a la fiscalía para seguir con el proceso hasta que se agote la investigación. Sin embargo, advierte que en caso de haber detenidos tiene dos meses para remitir el expediente al Órgano Judicial.

“Para no caer en violación de los principios de legalidad y el debido proceso”, explica.

‘INCONGRUENCIA’

A juicio de Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el sistema judicial tiene incongruencias. Lo sustenta así: le pone limitantes a las investigaciones del Ministerio Público, pero los jueces se demoran hasta un año para fijar una audiencia preliminar.

“En casos de tanta complejidad los jueces deben extender ese periodo como lo permite la ley […] lo realmente curioso es que el Órgano Judicial tiene más de 7 mil presos en las cárceles esperando una audiencia, entonces, ¿por qué los límites no se los aplican a ellos mismos? Hay incongruencias, ya que para los casos comunes todo el tiempo es detención preventiva, pero para los delitos de corrupción se establecen límites estrictos a la detención preventiva”, añade.

Mientras que Carlos Barsallo, abogado y excomisionado del Mercado de Valores, manifiesta que “los dos temas, detención preventiva y prórroga, podrían manejarse separado, cuando ambas sean necesarias y se justifiquen. Hay que lograr un balance que no perjudique y logre el objetivo”.

Por su lado, Annette Planells, del Movimiento Independiente, manifiesta que este fallo le pone una limitante “importante al Ministerio Público”, y sustenta que la detención preventiva en estos casos se aplica para prevenir fuga o destrucción de evidencias. Recordó que algunos de los implicados en este proceso están prófugos, y si los llegan a detener, la sentencia de Carrasquilla le pondría un límite importante a esta investigación compleja, que depende también de asistencias internacionales.

Fernando Cebamanos, del Frente Amplio por la Democracia, asegura que “tenemos un sistema judicial extremadamente débil”.

“El caso Odebrecht parece condenado al encubrimiento y la impunidad. Es evidente que la justicia no es igual para todos. No hay transparencia. Necesitamos saber qué sucede. Respetamos la presunción de inocencia, pero no es así como se respeta. Tenemos un sistema judicial extremadamente débil. Sin capacidad de ejercer su tarea”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), asegura que si el juez se está apegando a la ley, no se estaría afectando el proceso.

“Hay un marco legal dentro del cual el tribunal, la fiscalía y las partes deben actuar, y si este le da facultades al juez habría entonces que revisar la sentencia versus las normas (…) si, por el contrario, el marco legal no le da estas facultades, sería una actuación totalmente ilegítima”, explicó.

LA GÉNESIS

El caso guarda relación con una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015. En el documento se menciona que mediante información del Ministerio Público Federal de Brasil, se observaron transacciones originarias de diversas sociedades de la Constructora Norberto Odebrecht a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, por la suma de $50 millones, “dinero que era transferido a tres de las cinco sociedades panameñas encargadas de pagar coimas a través de bancos en Suiza y de otros países”. Añadió que las empresas son Quinus, Pexo y Milzart, “las cuales pagaron coimas y sobornos a los señores Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, todos exejecutivos de Petrobras”. También señaló a las sociedades Sagar y Sygnus, “como encargadas de las operaciones de blanqueo de capitales”.

En tanto, el juez Carrasquilla sustenta que se trata de un delito de investigación compleja, porque involucra en la supuesta comisión del ilícito a 17 personas, que se han visto envueltas en el manejo de dinero en países de América y de Europa.

El funcionario judicial sostiene también que los investigados usaron entidades bancarias en el mundo, por lo que se han requerido diligencias asistenciales internacionales con el propósito de que se obtenga la información que pruebe la veracidad o no de los hechos denunciados. “Protegiendo así a la administración de justicia, mediante el desarrollo de una investigación conforme a los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”.

Mientras que la fiscalía en el documento que envió al juzgado sustentó que se trata de una organización que viene operando desde 2009, “en la cual sus miembros han interactuado de manera concertada en la ejecución, coordinación y colaboración de los hechos delictivos, creando y utilizando sociedades offshore para el ocultamiento del dinero ilícito”.

La fiscalía imputó cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en este caso a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, André Rabello, exjefe de Odebrecht en Panamá, al igual que a los exejecutivos de Petrobras Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, entre otros.

(Con información de Andrea Gallo y Aminta Bustamante).

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