IRREGULAR VENTA DE TIERRAS EN LA COMARCA Ngäbe Buglé

Las conexiones ticas en Panamá

Un lujoso proyecto turístico en la comarca Ngäbe Buglé, con una inversión de $40 millones, fue presentado a la Autoridad de Turismo.

“Yo no voto en Costa Rica, pero si tuviera que votar como tico, votaría por Johnny Araya [candidato presidencial oficialista]”, respondió el presidente panameño, Ricardo Martinelli, a la prensa costarricense refiriéndose al candidato presidencial del vecino país que lidera las encuestas de preferencia electoral.

El pasado 4 de mayo, horas antes de regresar a Panamá tras su participación en la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en Costa Rica, Martinelli se reunió con Araya, el candidato del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), y promovió su figura para Presidente.

El jefe de campaña de Araya es Antonio Álvarez Desanti, ex ministro y excandidato presidencial de Costa Rica, que hoy busca ser diputado en la Asamblea de su país por el PLN.

Álvarez Desanti es la misma persona que compró en julio de 2010 –a través de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral– 685 hectáreas de tierras que limitan con el Caribe, en áreas protegidas de la comarca Ngäbe Buglé (norte de la provincia de Chiriquí).

En la reunión con Araya, Martinelli dijo a los medios ticos que “tienen un excelente candidato y sería un excelente Presidente, como ha sido un excelente alcalde”.

Según el gobernante panameño, la reunión fue para conversar sobre “puntos y estrategias” para “mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, pues Costa Rica y Panamá han sido “aliados naturales”.

Martinelli también dijo que la cita fue “completamente social, con un amigo de hace mucho tiempo, el alcalde Johnny Araya, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto, mucha estimación”.

Pero la tal “amistad de hace mucho tiempo” a la que se refería Martinelli, en realidad solo tenía menos de tres meses de duración al momento del encuentro.

Ambos se conocieron en un partido de fútbol entre Panamá y Costa Rica, el 6 de febrero pasado en esta capital. Araya vino en la delegación de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que visitó el Palacio de las Garzas ( ver foto).

Junto a Araya estaba Álvarez Desanti, como parte de la delegación tica que fue a la Presidencia y que luego compartió en el palco presidencial con Martinelli en el estadio Rommel Fernández.

Así lo admitió Álvarez Desanti en la entrevista con La Prensa en mayo pasado.

Pero previamente, en un correo electrónico, el político negó haber acompañado a Chinchilla al partido. “Yo no formé parte de la delegación de la Presidenta”, afirmó.

En ese correo, Álvarez Desanti indicó que “solo en una oportunidad hemos coincidido [con Martinelli] y fue para el juego Costa Rica vs. Panamá [en febrero de 2013], donde yo fui parte del grupo de ticos que asistimos al palco presidencial”.

En entrevista con La Prensa, Álvarez Desanti confirmó que sí formó parte de la delegación de Chinchilla, pero se apresuró a aclarar que todos los que viajaron con ella entraron a la sala de reuniones para hablar con Martinelli, salvo él, que dijo se quedó afuera.

El político aseguró que ni Martinelli ni Araya conocen sus planes de construir un hotel en la comarca Ngäbe Buglé, de más de 40 millones de dólares, y sobre terrenos bañados por el mar.

Quien sí conoce sus planes es el administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, quien dijo que si la comarca aprueba el proyecto del político costarricense, el Gobierno dará ayuda económica para promover el complejo, como establece la Ley 80 de 2012.

VENTAS SIN CONTROL

Las tierras que adquirió en Panamá Álvarez Desanti empezaron a ser negociadas en julio de 2009 con la abogada Evisilda Martínez que para esa fecha no tenía los títulos de propiedad de los terrenos, sencillamente porque las tierras pertenecían a terceros.

Ocho meses después de haber empezado a negociar –en marzo de 2010– se instauraron los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, recurso mediante el cual varios supuestos residentes reclamaron ser dueños de las tierras que, en julio de ese mismo año, vendieron a Martínez y luego esta a Álvarez Desanti.

Martínez adquirió las tierras tras veloces fallos judiciales en los procesos de prescripción adquisitiva, todos promovidos por abogados vinculados a su bufete.

Por esas tierras, Martínez pagó, en promedio, 3 centésimos de dólar el metro cuadrado, las cuales vendió al político costarricense en “varios millones de dólares”.

Álvarez Desanti dijo a este diario que “los abogados nos recomendaron tomar hasta la huella digital y la firma a los indígenas en las escrituras públicas”.

Esta afirmación contradice declaraciones previas del político, que con vehemencia negó haber participado o estar vinculado al proceso mediante los cuales Martínez compró las fincas a los indígenas.

El abogado Francisco Martinelli Patton –primo del presidente, Ricardo Martinelli– tramitó la suscripción de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, sus estatutos y los cambios de accionistas.

EL Silencio

¿Por qué estaba tan segura Evisilda Martínez que obtendría fallos favorables en los procesos de prescripción adquisitiva un año antes de que se presentaran? ¿Por qué hubo tal velocidad en resolver estos procesos? ¿Cómo se logró vender tierras protegidas? ¿Qué dice la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) sobre estas ventas? Son preguntas sin respuestas, ya que ni Martínez ni la Anam accedieron a ser entrevistados.

Este medio, en reiteradas ocasiones, pidió a la directora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Anam, Ibelice Anino, información sobre el plan de manejo que elabora la Anam para el área protegida donde se edificaría el hotel de Álvarez Desanti, pero no hubo respuesta.

A los moradores de Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé, les inquieta la presencia de helicópteros y de foráneos en los terrenos donde han vivido en los últimos 50 años, según dicen.

“Hay mucha corrupción en el Gobierno, y ahora acá. Por eso pido a las autoridades que hagan justicia”, expresó un lugareño.

Denuncian los pobladores que algunos indígenas son “cómplices” de la venta “ilegal” de las tierras, pues, a pesar de no residir en el área, hicieron de testigos en los procesos de prescripción.

El presidente del Congreso Regional Ño-Kribo, Willy Jiménez, interpuso una denuncia alegando irregularidades en el trámite de las tierras, pero se queja de que han pasado años y no hay respuesta. “La Secretaría Anticorrupción nos dijo que consideraba irregulares esas ventas”, dijo.

Denunció que aparecen nombres de testigos “que no viven en el área”, y que, según dice, desconocían que sus nombres hayan aparecido en esos trámites. “Las ventas fueron ilegales, y los peritajes, testimonios y certificaciones de la corregiduría de Tobobe eran falsas”, dijo.

Agregó “no queremos que nos pase lo mismo que en Juan Hombrón. Damani no se puede vender, la Anam tiene un programa para esa área y en diciembre [2012] firmó un convenio con el Corredor Biológico Mesoamericano”.

Curiosamente, tras esta entrevista, Jiménez cambió de opinión. El 12 de abril pasado, firmó un acuerdo con la empresa hotelera para empezar un “acercamiento y conversatorio” entre las partes; solicitar a la Anam el estudio de impacto ambiental e instalar una comisión de desarrollo turístico.

Su posición era desconocida por los pobladores, pues Jiménez dijo que va a “visitar cada una de las comunidades para informar lo que estamos haciendo”.

Este es uno de los reclamos de la comunidad de Río Caña, ya que las conversaciones se realizan en otro sector, aseguró Gerardo Tugrí, miembro de la Comisión pro Defensa de las Tierras de Río Caña. Consideró que las autoridades tradicionales son “cómplices” de las transacciones, porque “siguen con los planes de inversión en contra de la comunidad”.

Pidió investigar los procesos de prescripción adquisitiva “de la forma tan rápida como trabajaron las autoridades para dar sus fallos”.

“Esperamos que se haga justicia y que se castigue a los involucrados en esta flagrante venta del patrimonio de la comarca”, indicó ayer.

Advirtió de que no saldrán de esas tierras y que están dispuestos a defenderlas. (Con información de Sandra Alicia Rivera).

Indígenas no dejarán sus tierras

“No son títulos de propiedad nuevos. Esas fincas no son parte de la comarca [Ngäbe Buglé]”, afirmó el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, al referirse a la venta de más de 2 mil 100 hectáreas de tierras protegidas en ese sector.

Fábrega dijo que, aunque accedió a verificar las fincas inscritas en el Registro Público, no puede afirmar que sean “ilegales” o que sean zonas protegidas, porque los títulos existían antes de la ley de la comarca.

“Si alguien tiene alguna reclamación, que recurra a las instancias judiciales”, sostuvo. Pero esto no lo comparten los afectados. “Estas ventas son fraudulentas y nosotros vamos a derramar sangre si es necesario, para recuperar todas las tierras”, repetían los indígenas en una reunión comunitaria para analizar las acciones que adoptarán, de no encontrar una solución judicial próximamente.

Ereida Prieto-Barreiro

Martínez ´compró´ más playas

Unas 640 hectáreas –dividas en dos fincas– bañadas por aguas caribeñas en la comarca Ngäbe Buglé fueron vendidas al sorprendente precio de un centavo el metro cuadrado a sociedades recién creadas y en vertiginosos procesos de compraventa.

Las primeras 317.8 hectáreas fueron vendidas en mayo de 2011 por Gerardo Batista en solo 32 mil dólares a la sociedad Chiriquí Grande Land Company, inscrita en el Registro Público 15 días antes. Esta sociedad fue registrada por la abogada Evisilda Martínez, gestora de la prescripción adquisitiva de varias otras fincas en esta comarca.

Como en el escándalo de la venta de 54 hectáreas costeras en Juan Hombrón, Coclé, estos terrenos fueron reclamados por testigos que aseguraron ser los dueños. Por ejemplo, Batista fue testigo en otros procesos, a la vez que alegó ser dueño, desde 2003, de tierras en las que tenía “sembradíos para consumo familiar”. Menos de un mes después del fallo que se las adjudicó, las vendió a un centavo el metro cuadrado. Manuel García, por entonces juez primero de circuito en Bocas del Toro, pasó por alto la revelación de Batista de que poseía la tierra solo siete años antes de la demanda de prescripción.

El Código Civil panameño contempla en su ar-tículo 1696 que el solicitante de la tierra debe tener, como mínimo, 15 años en posesión del bien para poder pedir el beneficio legal. Martínez también decidió pedir 28.2 hectáreas de tierras. Los terrenos pertenecían a la estadounidense Marietta King, desde 1915, pero la abogada chiricana alegó tener más de 18 años de ocupar las tierras de forma “pacífica e ininterrumpida”. Tres meses después del fallo del hoy exjuez García a su favor, Martínez “vendió” en 42 mil 300 dólares las 28.2 hectáreas a la sociedad Punta Cílico Creek, presidida por ella misma. Al día siguiente –el 9 de febrero de 2010– compró otras 402.9 hectáreas, a través de sus sociedades The Manati of the Caribbean y The View Escudo de Veraguas Island, que César Batista había obtenido previamente, tras uno de los procesos de prescripción adquisitiva. Todos estos terrenos colindan con el mar Caribe, al igual que los adquiridos por Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, propiedad del político costarricense Antonio Álvarez Desanti, que aseguró desconocer o tener relación con otras sociedades.

Al mismo tiempo tomó distancia de Evisilda Martínez y su esposo, Francisco Castillo: ellos fueron “introducidos” por asesores de bienes raíces como “propietarios de las tierras” y no como abogados reclamantes de las tierras, afirmó.

El político reveló que para “garantizar” que el Congreso General Ño-Kribo se mantenga a favor de su proyecto turístico, grabó la reunión de nueve horas, realizada el 17 de mayo pasado.

Moradores de la comunidad de Kusapín aseguran que no permitirán “jamás” estas ventas.

Desde julio de 2009, Álvarez Desanti y Martínez acordaron la compra de 685.89 hectáreas a través de Desarrollo Ecoturístico, a pesar de que la abogada no era propietaria de las tierras que vendería. En los veloces procesos de prescripción adquisitiva participaron los peritos Ursus Ureña y Alcibíades Romero, que lograron intercambiar roles –sin restricción alguna– en las inspecciones de las 11 fincas vendidas a sociedades de Martínez.

Así, ambos pudieron ser, a la vez, personal del Tribunal de la Causa [Juzgado Primero de Bocas del Toro] y peritos de la parte demandante –sin despertar sospechas– como consta en los expedientes. Estos peritos determinaron el valor de cada finca que, curiosamente, es el mismo monto que pagaban las sociedades de Martínez por esas tierras.

La entrega de los informes de inspección de los terrenos se hacía con dos minutos de diferencia. En la entrega de los informes –según los expedientes– no hubo preguntas para los peritos de parte de Martínez ni de parte del juzgado.

Y así como no hubo preguntas para ellos, en los procesos, los abogados contratados por el juzgado para “defender” a los demandados –los dueños originales de las tierras– tampoco asistieron a las audiencias. Estas operaciones, que eran investigadas por la Fiscalía Primera de Bocas del Toro, están en “prórroga” por solicitud de los demandados.

Álvarez Desanti aseguró que “nadie de nuestro grupo ha sido llamado a declarar”, aunque plantea que este es un caso “archivado”, como le han comunicado sus abogados.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

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