EL FALLO DEL SEGUNDO TRIBUNAL POR LOS ENVENENAMIENTOS CON DIETILENE GLYCOL

´No había control en la CSS´

El fallo del Segundo Tribunal sobre los envenenamientos con dietilene glycol no deja lugar a las dudas: lo ocurrido fue causado por el “colapso simultáneo de las estructuras y los niveles de control a lo largo de la cadena de adquisición, producción y del servicio de elaboración de medicamentos”, producto de una “cultura laxa”, de la cual tenía conocimiento el entonces director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani.

Dicho fallo, fechado el 10 de este mes y avalado por los magistrados Elvia Batista (ponente), Luis Mario Carrasco y Joaquín Ortega, se constituye en el primero por los envenenamientos, cuyos primeros casos se conocieron hace cinco años y hasta ahora se han cobrado la vida de 291 personas, según los registros oficiales.

Según el criterio del tribunal, 13 de los imputados deben ir a juicio y 14 no, por lo que fueron sobreseídos.

Entre los llamados a juicio destaca René Luciani, a quien se acusa de delitos contra la salud pública.

Se le sindica pues, a criterio de los magistrados, tenía conocimiento de la precaria situación del Laboratorio de Producción de Medicamentos.

Como director de la CSS, Luciani “debió ejercer una correcta administración de la institución, establecer y mantener un sistema de control interno efectivo que tuviera como propósito la obtención de una seguridad razonable, y ser el responsable del mantenimiento de una cultura institucional que no tolerara la perpetuación de prácticas que fomentaron el clima de trabajo que dio paso a las graves desviaciones en materia de control interno, en donde se permitió la elaboración de medicamentos contaminados”.

Según el fallo, “solo la situación imperante en la CSS explica cómo un mismo laboratorio de control de calidad examina en dos ocasiones el tóxico dietilene glycol, primero como materia prima y luego como parte de un producto medicinal acabado, y en ambas oportunidades certifica que lo examinado cumple con las exigencias de ley para el consumo humano”.

Los magistrados también advirtieron que “la precaria situación” del laboratorio fue informada a Luciani por la Dirección de Auditoría Interna de la CSS, según nota dnai-aci-ieci-60-2004, en la que se enumeraron al menos 17 áreas con falencias y la ausencia de un manual de procedimiento y control.

Directores y directivos

La decisión del tribunal, sin embargo, exoneró a los exdirectores de la CSS Juan Jované y Rolando Villalaz.

En el caso de Jované, se argumentó que su gestión no coincidió con el ingreso en la institución del producto contaminado, ya que se separó del cargo el 10 de septiembre de 2003 y el embarque con el tóxico llegó el 17 de octubre de ese mismo año.

En el caso de Villalaz, el fallo señala que aunque tuvo conocimiento de las condiciones del laboratorio, en su gestión firmó un convenio con la Universidad de Panamá para mejorarlas.

En lo que respecta a los directivos Francisco Bravo, Guillermo Puga, Lastenia Canto, Manuel de Jesús Tajú, Erasmo Muñoz y Roberto Valencia, y el exdirectivo José Preciado, todos acusados por el Ministerio Público en la investigación, el tribunal los sobreseyó al considerar que, a pesar de que sabían que los medicamentos se elaboraban en condiciones de peligro de contaminación y envenenamiento, no tenían responsabilidad operativa.

Además, los magistrados indicaron que los directivos “están involucrados en temas de alta gerencia y macro-administración, que no guardan ninguna relación con las operaciones materiales en la elaboración de medicamentos”.

DEL EJECUTIVO

En cambio, el Segundo Tribunal llamó a juicio por atentar contra la salud pública al exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís, y al exfuncionario de ese despacho Ralph Anderson, ambos por el incumplimiento de la Ley 1 de enero de 2001, que los señala como “responsables del control previo y posterior, y de la realización de la farmaco-vigilancia en el país, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las medicinas”.

Además, los magistrados consideraron que tanto Solís como Anderson tenían entre sus funciones “realizar inspecciones a establecimientos farmacéuticos, con la posibilidad de tomar acciones como la suspensión de la vigencia para operar o de la importación de productos farmacéuticos, químicos o biológicos”.

LOS IMPORTADORES

En el caso de Ángel De La Cruz, gerente de la empresa Medicom, que importó a Panamá el tóxico, es el único detenido y enfrenta cargos por homicidio culposo, delitos contra la salud pública y falsificación de documentos.

Según el tribunal, la vinculación de De La Cruz surgió al adherir a los bidones que contenían el tóxico etiquetas con una fecha de vencimiento falsa, que no coincidía con la de expiración del producto especificada por la compañía española Rasfer Internacional.

El tribunal también abrió causa criminal por delitos contra la salud pública a la representante legal de Medicom, Josefa De La Cruz, pero exoneró a sus otros directivos: Alejandro De La Cruz y Alexander De Sedas, ya que estos últimos habían renunciado antes de la importación del tóxico.

El tribunal destacó, además, que el Grupo Medicom, con operaciones desde el 11 de junio de 2001, fue inspeccionado por la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud y no cumplía con los requisitos mínimos para operar, pero a pesar de ello el 25 de abril de 2002 se le expidió una licencia de operación.

En relación con esta empresa, los magistrados también llamaron a juicio a Teófilo Gateno, dueño de la empresa Davivienda S.A., quien otorgó los fondos a Medicom para la importación del tóxico.

El tribunal señaló que la vinculación de Gateno surgió por la relación comercial entre ambas empresas.

DE LA CAJA

En tanto, el tribunal también le atribuyó responsabilidad por delitos contra la salud pública al exdirector de Compras y Abastos de la CSS Alexis Zuleta, y a las funcionarias de esa entidad Nereida Isabel Quintero de Velasco y Marta Cristelly Sánchez de Castillo, “por haber incumplido con sus funciones de supervisar el Laboratorio de Producción de Medicamentos y el de Control de Calidad”.

A su vez, los funcionarios de esos laboratorios Eduardo Taylor, Linda Thomas, Miguel Algandona e Ignacio Torres deberán responder a cargos por los delitos de homicidio culposo y contra la seguridad pública, luego de que el tribunal señalara que debieron garantizar la calidad de las medicinas elaboradas para consumo humano y que su comportamiento fue “altamente negligente”.

El fallo establece que, en el caso de Taylor, este no fue consecuente como jefe del Laboratorio de Control de Calidad, ya que omitió el ejercicio de su función de fiscalización.

Mientras, en el caso de Thomas, jefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos, el tribunal indicó que actuó de manera culposa al aceptar el certificado de análisis como glicerina de uso humano, cuando en realidad se trataba del tóxico.

Miguel Algandona comparte la responsabilidad por ser quien certificó que la glicerina enviada por la empresa española Rasfer Internacional era para consumo humano, sin tener los instrumentos para garantizar que así fuera; y Torres, asistente del laboratorio, por respaldar esas decisiones.

En cuanto a la participación de la representante legal de Rasfer Internacional, Asunción Criado, el tribunal dictó un sobreseimiento provisional, con el argumento de que no tuvo contacto con Ángel De La Cruz durante la tramitación de su pedido y, por tanto, no se pudo establecer su vinculación penal.

El tribunal también dictó un sobreseimiento provisional a favor del abogado Marcos Murillo y de la exfuncionaria de la CSS Yipsa Ávila Donado.

De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio Público, además de las 291 muertes confirmadas se han ratificado otros 111 casos de pacientes positivos que sobreviven al tóxico.

MP apeló los sobreseimientos

El Ministerio Público (MP) sustentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación contra la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia de conceder un sobreseimiento provisional a seis miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), al exdirector de esa entidad Juan Jované, a dos directivos de la empresa Medicom S.A. y a la representante legal de la empresa española Rasfer Internacional, Asunción Criado, imputados en el caso de los envenenamientos con dietilene glycol.

El procurador, José Ayú Prado, discrepó con el tribunal en su decisión de sobreseer a Jované y los directivos de la CSS, pues, de acuerdo con su criterio, sí hay en el expediente suficientes elementos que acreditan su vinculación con el delito de atentar contra la salud pública.

Además, en el caso de la representante legal de Rasfer Internacional, el procurador afirmó que su implicación también quedó manifiesta en la investigación, ya que fue la persona encargada de tramitar la compra de la glicerina de consumo humano, que, sin embargo, a la postre resultó ser el tóxico dietilene glycol.

En lo que respecta a los miembros de la Junta Directiva de la empresa Medicom Alejandro De La Cruz y Alexander de Sedas, la apelación señala que se trata de una investigación por la “comisión de conductas y la omisión de actos, efectuadas o soslayadas por quienes tenían conciencia y voluntad de que estaban desarrollando actividades dirigidas a proveerse de insumos en el extranjero, no para entregárselos a una talabartería para la confección de sandalias, sino para ser entregados a un laboratorio dedicadoa la elaboración de medicinas”, según señala el ministerio.

Además, indica la apelación, las personas que laboraban en el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS “tenían el deber de procurar hacerse de los mejoresinsumos y darles el mejor tratamiento posible, pues eran conscientes de que serían usados para la fabricación de medicamentos para el consumo humano”.

Luciani cuestiona argumentos

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani cuestionó los argumentos del Segundo Tribunal de Justicia para llamarlo a juicio por delitos contra la salud pública en el caso de los envenenamientos con dietilene glycol.

Luciani opinó que el tribunal utilizó una valoración subjetiva al afirmar que su administración promovió “una cultura institucional laxa”, cuando él siempre mantuvo un alto nivel profesional, con jornadas de trabajo de más de 12 horas.

También aseguró que sus antecesores en la dirección de la CSS nunca le informaron la situación del Laboratorio de Producción de Medicamentos y nunca hubo una comunicación directa hacia su persona solicitándole insumos para mejorar su condición.

Además, detalló que dentro del expediente hay dos peritajes, uno de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y otro particular, en los que se plantea que las condiciones del laboratorio no produjeron la contaminación de las medicinas.

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